CGPJ: ?retorno judicial?

Apenas 48 horas despu¨¦s del resonante triunfo del PP en las elecciones del 12-M, su portavoz de Justicia en el Congreso durante la anterior legislatura, Andr¨¦s Ollero, ha insistido en el compromiso electoral de su partido, una vez conquistada la mayor¨ªa absoluta, de retornar al sistema de elecci¨®n corporativa por parte de jueces y magistrados de la mayor¨ªa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que estuvo vigente entre 1980 y 1985. Esta propuesta ha sido constante en el programa electoral del PP, pero su precaria mayor¨ªa no le dio opci¨®n de ponerla en pr¨¢ctica en la anterior legislatura. Sus socios parlamentarios, especialmente CiU, no estaban por la labor de acompa?arle en una reforma pol¨ªticamente muy cuestionable aunque constitucionalmente inobjetable.En esta cuesti¨®n el PP se encuentra solo y ¨²nicamente con sus fuerzas -en estos momentos, sobradas con su holgada mayor¨ªa absoluta- deber¨¢ afrontar, si es que realmente se decide a ello, el cometido de poner fin a la elecci¨®n por el Parlamento de todos los vocales del CGPJ, vigente en los ¨²ltimos 15 a?os, y volver a una f¨®rmula de elecci¨®n antigua y apenas contrastada en la realidad. Se utiliz¨® para designar a los 12 miembros de extracci¨®n judicial del primer CGPJ, en 1980, y no puede decirse que se hiciera de forma pac¨ªfica y consensuada en el seno de la judicatura. El sector mayoritario (derecha judicial) de la entonces ¨²nica Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura cop¨® la totalidad de las 12 vocal¨ªas sin el m¨¢s m¨ªnimo miramiento por las corrientes minoritarias, especialmente la izquierda judicial. Result¨® que aquel primer CGPJ estuvo dominado por unos jueces m¨¢s nost¨¢lgicos del franquismo que entusiastas de la joven Constituci¨®n de 1978 y preocupados, ante todo, por establecer un espacio de autoafirmaci¨®n frente al Gobierno, primero con UCD y a partir de 1983 especialmente con el PSOE.

No existe, adem¨¢s, ninguna raz¨®n de fondo que haga mejor la elecci¨®n corporativa-por los propios jueces- de la mayor¨ªa de vocales del CGPJ que su elecci¨®n por el Congreso y el Senado. ?O es mejor que el ¨®rgano de gobierno de un poder del Estado, como el judicial, lo designen, como si se tratara de un colegio profesional, los propios interesados, es decir, los jueces, que los representantes de la soberan¨ªa popular? Si se trata de dar razones, existen m¨¢s y mejores para mantener una forma de elecci¨®n del CGPJ que vincula el Poder Judicial, aunque sea indirectamente, con la soberan¨ªa popular que para volver a una elecci¨®n de tipo corporativo que deja un poder del Estado, cuyo funcionamiento afecta de manera esencial a la vida de los ciudadanos, en manos de tres asociaciones judiciales o de un colectivo de 3.000 jueces.

Como otros partidos, el PP apela a un pacto de Estado para llevar a cabo las reformas de todo tipo que requiere la Justicia. Pero es dif¨ªcil que en ese pacto de Estado quepa una reforma que ninguna otra fuerza pol¨ªtica -salvo el PP- propugna ni considera fundamental. Quien, fuera del ¨¢mbito pol¨ªtico, siempre ha considerado fundamental esta reforma o, mejor, contrarreforma ha sido la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, la misma que cop¨® la mayor¨ªa del primer CGPJ, con la que el PP mantuvo una relaci¨®n privilegiada en su etapa de oposici¨®n.

En este tema la proximidad entre la derecha judicial y el PP ha sido total hasta el momento, al menos, de la llegada del partido de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar al poder. La derecha judicial le proporcion¨® al PP abundante munici¨®n argumental para su labor opositora sobre temas de justicia. Claro que desde el Gobierno, y con mayor raz¨®n si se tiene el amplio aval parlamentario del actual de Aznar, las cosas suelen verse de muy distinta manera que desde la oposici¨®n. Pero la derecha judicial, como todos aqu¨¦llos que se sienten, por unos u otros motivos, acreedores del PP, no dejar¨¢ de insistir para que, finalmente, cuadren las cuentas.

Sin la proximidad, no s¨®lo ideol¨®gica sino de inter¨¦s politico, entre la APM y el PP es dif¨ªcil explicar el empe?o de este partido, primero, en cuestionar inmediatamente ante el Tribunal Constitucional el sistema de elecci¨®n parlamentaria de los vocales del CGPJ introducido en la ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985 mediante una enmienda del entonces diputado Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s y, despu¨¦s, en mantener durante a?os el prop¨®sito de recuperar la f¨®rmula anterior a 1985 cuando llegara al poder. Es cierto que el TC, tras declarar conforme a la Constituci¨®n la elecci¨®n parlamentaria de la totalidad de los 20 vocales del CGPJ, llam¨® la atenci¨®n sobre el riesgo de que la llamada "l¨®gica del Estado de partidos" condicionara ese modo de elecci¨®n mediante el reparto de cuotas (tantos vocales para m¨ª, tantos para t¨ª), como desgraciadamente ocurri¨® despu¨¦s. Ese comportamiento ha sido, en ocasiones, tan escandaloso que los propios partidos se vieron abocados a dar marcha atr¨¢s poniendo sobre el tapete f¨®rmulas de preselecci¨®n de candidatos que evitaran el peaje de las cuotas.

Incluso el PP ha insinuado en alguna ocasi¨®n, como si diera por buena la elecci¨®n parlamentaria de los vocales del CGPJ aunque no la forma de llevarla a cabo, que un modo eficaz de rehuir las cuotas ser¨ªa la comparecencia previa de los candidatos propuestos para su examen y valoraci¨®n ante la correspondiente comisi¨®n del Congreso y del Senado. En el programa electoral con el que acaba de ganar las elecciones el PP extiende esta comparecencia previa a todos los puestos de las instituciones del Estado reservados a la propuesta, la aceptaci¨®n y el nombramiento del Congreso y del Senado. Sin duda, es una propuesta con la que los grupos de oposici¨®n estar¨ªan de acuerdo y que forma parte de ese regeneracionismo de la vida pol¨ªtica del que tanto habl¨® el PP cuando era oposici¨®n y del que no volvi¨® a acordarse durante la anterior legislatura.

Insistir en volver a una f¨®rmula de elecci¨®n de hace 20 a?os supondr¨ªa un paso atr¨¢s, y no s¨®lo en el tiempo. Si a ello se a?ade que el PP tambi¨¦n se propone sustituir el jurado popular por el escabinado o jurado mixto y restringir dr¨¢sticamente el llamado cuarto turno -posibilidad de acceso a la judicatura de juristas con experiencia y de reconocido prestigio por una v¨ªa distinta de la oposici¨®n-, la impresi¨®n que se saca es que la futura pol¨ªtica judicial del partido del Gobierno, junto a algunos rasgos de modernizaci¨®n, contiene otros de inocultable vuelta a un judicialismo endog¨¢mico que nada tiene de moderno.