Un juez suspende el reglamento que impone el catal¨¢n en la Universidad de Tarragona

La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ha sufrido su segundo rev¨¦s judicial en una semana. Tras la reciente imputaci¨®n de su rector, Llu¨ªs Arola, el juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Tarragona ha suspendido su reglamento de usos ling¨¹¨ªsticos en virtud del recurso interpuesto por la plataforma Convivencia C¨ªvica Catalana (CCC), que preside el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. El juez, Eduardo Saavedra, reconoce la autonom¨ªa universitaria, pero decreta la suspensi¨®n por considerar que se pueden "producir da?os a terceros afectados".

La normativa, aprobada el 21 de enero del pasado a?o por el claustro, establece que el catal¨¢n es la lengua propia de la universidad y, como tal, es la lengua de uso general y prioritario en todos los ¨¢mbitos. Uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos es el recogido en el art¨ªculo 6, que exige a los nuevos profesores la acreditaci¨®n de un determinado nivel de conocimientos de lengua catalana. La propia universidad decidi¨® no aplicar este art¨ªculo temiendo que se pudieran producir impugnaciones de concursos de plazas por su redacci¨®n. El pasado noviembre, sin embargo, el rector Arola se comprometi¨® ante el claustro a hacer lo posible para que entrara en vigor este a?o. ?ste es el segundo rev¨¦s que sufre la URV en una semana, en los dos procesos judiciales que mantiene por cuestiones ling¨¹¨ªsticas. El mi¨¦rcoles trascendi¨® el contenido del auto del juez penal que investiga la presunta prevaricaci¨®n del rector Arola -que podr¨ªa suponerle entre siete y diez a?os de inhabilitaci¨®n- en la exclusi¨®n de las pruebas de selectividad de una profesora que reparti¨® cuestionarios en castellano.

Al suspender el reglamento ling¨¹¨ªstico, el juez recuerda que la justicia cautelar se aplica en virtud de la preservaci¨®n de los intereses generales. Tras reconocer "el derecho de la universidad a regular su funcionamiento y, dentro del mismo, el uso de la lengua", el magistrado afirma que "no cabe confundir leg¨ªtimas aspiraciones al uso de una lengua con los intereses p¨²blicos que se representan, en este caso la impartici¨®n de la ense?anza".

El juez recuerda que "la norma que se impugna regula otras cuestiones tales como los requisitos de contrataci¨®n, concesiones, concursos, dominio de la lengua que puede afectar a terceras personas ajenas al inter¨¦s general de la ense?anza (...) y por ello el hipot¨¦tico -por no probado- da?o que se producir¨ªa por no aplicar el reglamento con toda su intensidad ya que en su casi totalidad ya se est¨¢ aplicando".

Es en virtud del da?o a esas terceras personas por lo que el tribunal decide la suspensi¨®n de la normativa, alegando que "responde a la necesidad actual de alejar el temor o el peligro del da?o futuro". Por ello y, hasta el momento en que exista sentencia firme, "los ciudadanos tienen derecho a que se respete su situaci¨®n actual", a?ade el juez.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) en junio de 1999. El tribunal se declar¨® incompetente el pasado enero en favor del juzgado de lo contencioso de Tarragona. Contra la decisi¨®n del juez cabe recurso ante el TSJC, que tambi¨¦n ser¨¢ la instancia ante la cual recurrir cuando se dicte sentencia.

El Comisionado para Universidades de la Generalitat difundi¨® un comunicado en el que recuerda: "El avance de la presencia y el uso de la lengua catalana en nuestra sociedad, incluyendo las universidades, continua siendo uno de los objetivos del Gobierno de la Generalitat". El Comisionado destaca "la importancia de las normas de usos lingu¨ªsticos aprobadas por las universidades catalanas" y subraya "el trabajo serio y profesional que llev¨® a cabo la URV para elaborar su normativa de usos ling¨¹¨ªsticos". El Ejecutivo catal¨¢n reiter¨® su apoyo a los ¨®rganos de gobierno de la URV y su confianza en que "la acci¨®n de la Justicia no implique un freno al pleno desarrollo de la lengua catalana en el ¨¢mbito universitario".