La negativa del interventor a jubilarse movi¨® a Villalobos a quitarle cargos

La alcaldesa de M¨¢laga, Celia Villalobos, decidi¨® restar competencias al interventor municipal y aguantar contra viento y marea el chaparr¨®n de cr¨ªticas que se le ven¨ªa encima tras conocer que el funcionario hab¨ªa pedido una pr¨®rroga en su jubilaci¨®n, prevista para julio. El gobierno local, del PP, que a¨²n no se ha pronunciado sobre la solicitud, est¨¢ obligado a concederla por una modificaci¨®n de la Ley de la Funci¨®n P¨²blica aprobada, curiosamente, por el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en diciembre de 1996.

La petici¨®n de pr¨®rroga de Carlos Claros fue la gota que colm¨® el vaso de varios meses de abiertas discrepancias entre el interventor y el gobierno, del PP. Especialmente con el concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, independiente y ex presidente del Colegio de Economistas, que se ha destacado por su insistencia en incorporar a la organizaci¨®n y gesti¨®n del Ayuntamiento los modelos de la empresa privada. Bajo este prisma justifica el PP la decisi¨®n de restar al ¨¢rea de intervenci¨®n el control sobre la contabilidad del consistorio. Fuentes del gobierno local rechazan que la medida, duramente criticada por la oposici¨®n y cuya legalidad ha puesto en duda un informe del propio secretario general del Ayuntamiento, tenga, por tanto, que ver con un intento de "oscurecer" la gesti¨®n p¨²blica. Estas fuentes indican que se trata de un problema de operatividad y censuran abiertamente las actuales normas de contabilidad, la excesiva burocratizaci¨®n del ¨¢rea y la ralentizaci¨®n del control de la ejecuci¨®n presupuestaria.

El PP, a pesar de este descontento, decidi¨® no intervenir por la proximidad de la jubilaci¨®n de este funcionario. Pero los plazos que se fueron al traste en cuanto solicit¨® la pr¨®rroga en su servicio, a la que tiene derecho por un plazo m¨¢ximo de cinco a?os. Una persona pr¨®xima a la alcald¨ªa lo resum¨ªa de forma contundente: "Denegarle la pr¨®rroga lo ganaba en los tribunales, retirar la contabilidad a intervenci¨®n, manteniendo la fiscalizaci¨®n que le otorga la ley, estamos convencidos de que es legal". En estos t¨¦rminos Villalobos decidi¨® tirar hacia adelante con la iniciativa, a pesar de las fuertes cr¨ªticas.

En esta decisi¨®n del gobierno del PP ha influido tambi¨¦n una propuesta del interventor municipal para asumir tambi¨¦n fiscalizaci¨®n de las sociedades municipales, competencia que hasta ahora no hab¨ªa asumido. La iniciativa fue acogida con bastante recelo por el PP, que no la ha cursado.

Las discrepancias de Aguilar con el interventor mantiene adem¨¢s vacante la jefatura del ¨¢rea de contabilidad. Los intentos del edil por colocar a un funcionario de m¨¢s confianza tras la marcha de su titular no han contado con el visto bueno del interventor, lo que tiene bloqueada la designaci¨®n. Carlos Claros, adem¨¢s, ha emitido informes contra decisiones del gobierno, el m¨¢s pol¨¦mico tuvo que ver con la operaci¨®n de compra de las acciones privadas de la empresa que gestiona el cementerio, cuyo coste el interventor rebaj¨® en 500 millones.

Aguilar, por el contrario, ha achacado al interventor errores en la liquidaci¨®n del pasado ejercicio que ha justificado con informes realizados por la Secci¨®n de Estudios, parcela de su departamento que controla directamente y a la que pretende dar el control contable.