El fiscal reclama a 39 gasolineros los 5.500 millones que estafaron

La Fiscal¨ªa de Madrid ha pedido que los responsables del Grupo Villanueva, implicado en el llamado fraude de las gasolineras, devuelvan los 5.500 millones de pesetas que presuntamente estafaron a los consumidores durante la ¨²ltima d¨¦cada al servirles un 5% menos del combustible que pagaban. En sus conclusiones provisionales, el ministerio p¨²blico reclama penas de hasta nueve a?os de c¨¢rcel para 39 directivos y encargados de las estaciones de servicio.

El fraude de las gasolineras, denunciado por la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) y EL PA?S en enero de 1998, se acerca a su desenlace judicial. La Fiscal¨ªa de Madrid, que dirige Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, ha presentado ante el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 45 de la capital un escrito en el que solicita la apertura de juicio oral contra 39 personas: 18 directivos de las sociedades concesionarias de las estaciones de servicio y 21 encargados y mec¨¢nicos.Para los primeros, reclama penas de nueve a?os de c¨¢rcel y 18,9 millones de pesetas de multa, por sendos delitos de estafa y contra los consumidores. Para los segundos, cuatro a?os y nueve meses de prisi¨®n y 900.000 pesetas, por los mismos delitos.

Adem¨¢s, reclama "el comiso de las cantidades ileg¨ªtimamente defraudadas", que cifra en casi 5.500 millones de pesetas durante la ¨²ltima d¨¦cada. Aunque reconoce que el fraude ven¨ªa cometi¨¦ndose desde mucho antes de 1988, aplica la prescripci¨®n a los delitos anteriores a dicha fecha.

Tambi¨¦n abre la v¨ªa para que sean indemnizados no s¨®lo quienes se han personado en el procedimiento, sino cualquier perjudicado que presente las facturas cuando se ejecute la sentencia.

El escrito, elaborado por el fiscal de Consumo y Medio Ambiente, Emilio Valerio Mart¨ªnez de Muniain, considera probada la estafa por parte de 15 sociedades, algunas concesionarias de varias gasolineras, de las provincias de Madrid, Toledo y Albacete.

Aunque cada sociedad ten¨ªa su propio consejo de administraci¨®n, todas formaban un holding -el principal grupo gasolinero de Espa?a, despu¨¦s de las compa?¨ªas petroleras- encabezado por el empresario Francisco Javier Villanueva Aranguren.

El mecanismo fraudulento, conocido en el argot del sector como bicho, fue dise?ado e instalado por los mec¨¢nicos de confianza del grupo y permit¨ªa "servir una menor cantidad de combustible que la realmente facturada".

Para ello, se rompieron los precintos reglamentarios de los surtidores y se interfirieron y alteraron los impulsos el¨¦ctricos que transmiten al contador, situado en la parte superior, a la vista del p¨²blico, la cantidad de combustible suministrada por la manguera. Una derivaci¨®n de este circuito fraudulento llevaba, a trav¨¦s de un cableado subterr¨¢neo, hasta un habit¨¢culo oculto de la estaci¨®n de servicio. Desde all¨ª, el encargado controlaba el sistema mediante un sincronizador y unos contadores mec¨¢nicos que reflejaban la cantidad de gasolina realmente servida al cliente.

Un 5% menos

Aunque el mecanismo permite fijar a voluntad el porcentaje del fraude, agrega el escrito, "los acusados acordaron mantenerlo, de manera com¨²n a todas las estaciones de servicio, en aproximadamente el 5%, cifra que deb¨ªa considerarse ¨®ptima para ser eludible en las percepciones del consumidor".

Si alg¨²n usuario protestaba, al encargado le bastaba con desconectar el sistema mediante un interruptor, instalado en el mismo habit¨¢culo en el que se guardaban las medidas reglamentarias, para que las mediciones resultaran correctas. Las quejas de los clientes eran, seg¨²n el fiscal, "el ¨²nico medio de control, dada la absoluta ausencia de controles por parte de la Administraci¨®n".

El escrito insiste m¨¢s adelante en esta idea al explicar que, una vez destapado el esc¨¢ndalo, los acusados procedieron a una "retirada apresurada" de las partes del mecanismo que pod¨ªan eliminarse con discreci¨®n; en concreto, el sincronizador. Sin embargo, mantuvieron "la conexi¨®n del circuito ileg¨ªtimo en la placa el¨¦ctrica", con la seguridad que les daba saber "que las inspecciones de la Direcci¨®n General de Industria de la Comunidad de Madrid ten¨ªan un car¨¢cter absolutamente formal, no procedi¨¦ndose nunca a comprobar el estado de los precintos, a pesar de que para ello bastaba con levantar la tapa inferior del surtidor".

El mecanismo defraudatorio, que afectaba a la pr¨¢ctica totalidad de las mangueras de los surtidores, fue descubierto en agosto de 1997 por dos empleados de una gasolinera de Majadahonda (Madrid), los hermanos ?scar y Jes¨²s Bugliot Utrera, quienes lo denunciaron a EL PA?S, que lo puso en conocimiento de la organizaci¨®n de consumidores.

Estudio de la OCU

La OCU encarg¨® un estudio en la Comunidad de Madrid que arroj¨® resultados "muy concluyentes", seg¨²n el fiscal: "En todas las estaciones de servicio que luego resultaron ser afectas al grupo se dejaban de servir vol¨²menes superiores siempre al 4% del combustible abonado". Tres d¨ªas despu¨¦s de la denuncia, el 15 de enero de 1998, funcionarios de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica, siguiendo instrucciones de la Fiscal¨ªa, descubrieron cableados fraudulentos en tres gasolineras de Madrid, ampli¨¢ndose la lista en d¨ªas sucesivos a otras de la capital y Castilla-La Mancha.

Para calcular el montante del fraude, la fiscal¨ªa ha aplicado el 5% sobre el combustible suministrado por las petroleras a las estaciones de servicio, teniendo en cuenta el n¨²mero de surtidores manipulados y el precio. La cifra resultante se aproxima a los 5.500 millones de pesetas para el periodo 1988-98, teniendo en cuenta que solo una de ellas roza los 100 millones anuales.

El fiscal no imputa delito fiscal, aunque obviamente ese dinero no fue declarado a Hacienda.