S¨®lo el fiscal del 'caso PSV' se opone a que declaren todos los cooperativistas querellantes

La posible declaraci¨®n de todos los cooperativistas querellantes en el juicio del caso PSV va ganando adeptos. Las acusaciones particulares suscribieron ayer la propuesta en ese sentido lanzada por las defensas el lunes, durante la primera jornada de la vista. El fiscal, sin embargo, se opuso a una declaraci¨®n que, en principio, estar¨ªa dirigida a 6.507 personas, aunque fuentes judiciales reducen ese n¨²mero al menos hasta la mitad. La ¨²ltima palabra la tiene el tribunal, presidido por Siro Garc¨ªa, que har¨¢ p¨²blica su decisi¨®n el pr¨®ximo d¨ªa 17, fecha fijada para la pr¨®xima sesi¨®n.

Las respuestas de las distintas acusaciones a las cuestiones previas presentadas por las defensas ocuparon la segunda jornada del juicio del caso PSV (el fracaso, en 1994, del mayor proyecto de vivienda social en Espa?a, impulsado por el sindicato UGT y por el que est¨¢n procesados Carlos Sotos, Paulino Barrab¨¦s, Ferm¨ªn Bret¨®n, Francisco Hern¨¢ndez, Sebasti¨¢n Reyna, Primitivo ?lvaro y Jes¨²s A¨ªna).En concreto, el debate central gir¨® en torno a la petici¨®n de las defensas de que todos los cooperativistas querellantes -6.507 al inicio del proceso, aunque ahora ese n¨²mero puede rondar los 3.000, seg¨²n las fuentes consultadas- pasen por el tribunal como testigos.

El fiscal, Vicente Gonz¨¢lez Mota, se opuso a esta declaraci¨®n masiva. En su opini¨®n, el derecho a pedir pruebas no es ilimitado y debe circunscribirse a la finalidad de demostrar la inocencia o la culpabilidad de los acusados. Algo que, seg¨²n su interpretaci¨®n, no se logra con el tipo de declaraci¨®n propuesto por las defensas.

Gonz¨¢lez Mota, encuadrado en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, es partidario de una f¨®rmula m¨¢s pr¨®xima a la que la juez Teresa Palacios propuso en el auto de apertura de juicio oral. Consist¨ªa en que cada acusaci¨®n pod¨ªa presentar como testigo a un cooperativista.

Las defensas particulares apoyaron la declaraci¨®n de todos los cooperativistas, aunque coincidieron en que detr¨¢s de la propuesta de las defensas "hay una maniobra de dilaci¨®n".

Joaqu¨ªn Ruiz Gim¨¦nez, el letrado de la acusaci¨®n m¨¢s numerosa -la de los afectados de la promoci¨®n madrile?a de Valdebernardo, unos 2.800-, ejemplific¨® a la perfecci¨®n el sentir de las acusaciones en este asunto. As¨ª, tras felicitar a las defensas por la iniciativa y apoyarla, puso un pero: "Persiguen renuncias por cansancio, monoton¨ªa y comodidad de los cooperativistas".

Francisco M¨¦ndez Goas y F¨¦lix G¨®mez Pintado, los letrados de los otros grupos m¨¢s numerosos de afectados, utilizaron pronunciamientos similares.

Entre las restantes argumentaciones de las acusaciones destac¨® la de Antoni Pascual, abogado de los cooperativistas de una promoci¨®n de Badalona (Barcelona). Pascual pidi¨® que declaren m¨¢s cooperativistas de los previstos en el auto de apertura del juicio oral, pero con una cierta ponderaci¨®n y proporcionalidad.

La respuesta a este debate est¨¢ en manos del tribunal, que har¨¢ p¨²blica su decisi¨®n el pr¨®ximo d¨ªa 17, cuando se reinicie el juicio.

Pisos y responsabilidad penal

El fiscal y las acusaciones coincidieron en oponerse al resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que ped¨ªan la nulidad del proceso.

En su s¨®lida intervenci¨®n, Gonz¨¢lez Mota atac¨® uno de los argumentos de fondo de las defensas, consistente en que, como las viviendas se han entregado o los cooperativistas que renunciaron a ellas han recibido sus indemnizaciones el caso se ha desinflado.

El fiscal defendi¨® que la entrega de pisos no elimina la responsabilidad penal de los imputados en el asunto. Otra cosa es la responsabilidad civil subsidiaria. En estos momentos est¨¢ cifrada en 18.587 millones de pesetas y se exige a la UGT, promotora inicial de la PSV. No obstante, Gonz¨¢lez Mota sugiri¨® a lo largo de su exposici¨®n que esa responsabilidad civil subsidiaria puede ser menor al final del proceso.

Los abogados de la acusaci¨®n -tomaron la palabra once, aunque hay 27 acusaciones particulares distintas- mantuvieron un hilo argumental similar, es decir, que la responsabilidad penal no se diluye por que los cooperativistas tengan sus pisos.

Es m¨¢s, algunos recordaron a las defensas -especialmente a la del principal acusado, Sotos- que "entre los cooperativistas no hay una sensaci¨®n de que todo est¨¢ pasado porque tienen sus viviendas".

"Algunos", record¨® el exdefensor del pueblo Joaqu¨ªn Ruiz Gim¨¦nez, "incluso nos han mandado un requerimiento notarial para que no hici¨¦ramos un hipot¨¦tico pacto con los acusados".

Los letrados de las acusaciones tambi¨¦n rechazaron, algunos con especial contundencia, otra de las cuestiones previas esgrimidas por las defensas: la nulidad de su representaci¨®n por no contar con la ratificaci¨®n de los querellantes.

Los abogados afectados por esta cuesti¨®n previa -15, de acuerdo con los datos aportados por las defensas- argumentaron que sus clientes les confirieron poderes desde el principio del proceso y que no necesitan ser ratificados.