Los peritos judiciales achacan el desastre de Aznalc¨®llar a errores de c¨¢lculo en la presa

El subsuelo arcilloso sobre el que se asienta la balsa minera que posee la multinacional Boliden en Aznalc¨®llar no aguant¨® el peso de los lodos t¨®xicos y el agua ¨¢cida, y en su desplazamiento arrastr¨® consigo el muro de contenci¨®n. ?ste fue el origen del vertido que aneg¨® el valle del Guadiamar y provoc¨® un desastre medioambiental en el entorno de Do?ana el 25 de abril de 1998, seg¨²n el informe pericial en poder de la juez que investiga el caso, Celia Belhad-Ben. Los peritos estiman que el accidente se produjo por errores de c¨¢lculo en los proyectos de construcci¨®n (1977) y recrecimiento (1996) de la balsa, realizados respectivamente por Intecsa y Geocisa, dos filiales de Dragados y Construcciones.

El informe de los peritos, los catedr¨¢ticos de la Universidad Polit¨¦cnica de Catalu?a Eduardo Alonso y Antonio Gens, lleg¨® al Juzgado n¨²mero dos de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla) el pasado lunes, pero la magistrada Celia Belhad-Ben no facilit¨® el acceso al documento a las partes personadas hasta la ma?ana de ayer. Diversas fuentes judiciales consultadas por este peri¨®dico coincidieron en afirmar que el informe pericial se?ala en sus conclusiones que la balsa minera de Aznalc¨®llar revent¨® porque, en su construcci¨®n y ampliaci¨®n, se siguieron dos proyectos en los que se calcul¨® mal la resistencia del subsuelo y la presi¨®n que ejerc¨ªan el agua ¨¢cida y los residuos mineros que albergaba la presa.Los peritos, tras analizar los datos recabados en varios sondeos alrededor de la balsa siniestrada, constatan que la rotura se produjo por un deslizamiento de una franja arcillosa (formaci¨®n geol¨®gica conocida como margas azules) bajo los cimientos de la presa. ?sta era tambi¨¦n la hip¨®tesis principal de sendos informes encargados por Boliden y la Junta de Andaluc¨ªa y concuerda con el primer an¨¢lisis que realizaron sobre el terreno agentes del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil apenas un mes despu¨¦s del accidente.

Los proyectos de construcci¨®n y recrecimiento de la balsa elaborados por las filiales de Dragados y Construcciones subestimaron la fragilidad del sustrato arcilloso. Seg¨²n los peritos, los proyectistas se equivocaron al calcular cu¨¢nto peso pod¨ªan resistir las margas azules. En realidad, eran menos permeables que lo que estimaron los t¨¦cnicos de Intecsa y Geocisa, por lo que la presi¨®n que ejerc¨ªa el agua que flu¨ªa en el subsuelo sobre el terrero arcilloso era mucho mayor de lo que reflejaban ambos proyectos.

Los catedr¨¢ticos de Ingenier¨ªa del Terreno tambi¨¦n refieren fallos en el c¨¢lculo de cu¨¢l era la presi¨®n que transmit¨ªa el agua del subsuelo sobre el sustrato de las margas azules (a unos 15 metros de profundidad). De hecho, en el momento de la rotura, la balsa almacenaba 15 millones de metros c¨²bicos de residuos mineros, cuando fue proyectada por Intecsa para albergar m¨¢s del doble.

M¨¢s capacidad

Las instalaciones mineras de Aznalc¨®llar (que reabrieron hace seis meses) fueron adquiridas en 1987 por la multinacional Boliden, que encarg¨® a Geocisa un proyecto para recrecer el muro de la presa siete metros y ampliar as¨ª su capacidad. Seg¨²n los abogados consultados, los peritos subrayan que la filial de Dragados insiste en los errores de c¨¢lculo en los que incurri¨® el proyecto original. Geocisa dio luz verde en 1996 al recrecimiento que realizaron operarios de Boliden al garantizar que no pon¨ªa en peligro la estabilidad de la balsa.

En sus conclusiones, los peritos judiciales descartan las causas naturales en el accidente, y afirman que, dados los errores de c¨¢lculo en los proyectos, la rotura se habr¨ªa producido del mismo modo en cualquier otro terreno arcilloso. Los catedr¨¢ticos tambi¨¦n aprecian el mal funcionamiento de uno de los diez instrumentos que med¨ªan la inclinaci¨®n de las paredes de la balsa (inclin¨®metros) y aconsejan que, en el futuro, en estos proyectos intervengan gabinetes internacionales de ingenier¨ªa.

El informe pericial permitir¨¢ desbloquear la instrucci¨®n, parada desde julio de 1998. Hasta entonces, hab¨ªan declarado como imputados seis empleados de la empresa propietaria Boliden (entre ellos su director t¨¦cnico Antonio Ruiz Castell), 12 t¨¦cnicos de la consultora Geocisa, dos funcionarios de la Consejer¨ªa de Industria de la Junta de Andaluc¨ªa y otro del Instituto Tecnol¨®gico Geominero (del Ministerio de Medio Ambiente). La Consejer¨ªa de Industria y el Instituto Tecnol¨®gico Geominero dieron, en 1996, el visto bueno al proyecto de recrecimiento que present¨® Boliden tras el estudio de Geocisa.