La delaci¨®n popular
de Datos y se presta a venganzas personales. Los navegantes de Internet est¨¢n habituados a encontrar de todo en la Red. Pero con toda la seguridad llamar¨¢ poderosamente la atenci¨®n a cualquier internauta abrir la p¨¢gina web del PP y encontrar all¨ª una secci¨®n en la que, con el t¨ªtulo de L¨ªnea contra la droga, se invita a los ciudadanos a que, an¨®nimamente, denuncien a los sospechosos de haber cometido alg¨²n delito relacionado con el tr¨¢fico de drogas.Para facilitar dicha tarea el PP ofrece en la pantalla un formulario con distintos apartados en los que se deben incluir todos los datos conocidos sobre el sospechoso: el nombre y los apellidos, el domicilio con la calle, el piso o la casa, el c¨®digo postal, la localidad y la provincia.
Seg¨²n se puede comprobar, tambi¨¦n es conveniente que el an¨®nimo denunciante incluya otros m¨¢s, como los horarios y los puntos en los que se realiza la venta de drogas, las matr¨ªculas de los veh¨ªculos de los camellos, los tel¨¦fonos de contacto y cualquier otra pista que pueda ser aprovechada para la investigaci¨®n.
La p¨¢gina se completa con un rect¨¢ngulo en blanco donde se debe escribir la raz¨®n de la denuncia. Cuando se ha rellenado y se pincha en enviar aparece otra p¨¢gina que agradece la labor del denunciante y le informa de que su denuncia ya est¨¢ en marcha.
Es evidente que la sociedad siempre va por delante de las normas legales y, en consecuencia, de las autoridades que est¨¢n encargadas de hacerlas cumplir. Un ritmo que, sin remedio, el avance de las nuevas tecnolog¨ªas de la informaci¨®n contribuyen a acelerar. Al tiempo, cada d¨ªa son m¨¢s los ciudadanos que participan de este progreso, como lo demuestra, por ejemplo, el pr¨¢cticamente generalizado acceso a Internet.
Precisamente aqu¨ª radican los riesgos de esta iniciativa del PP, que no s¨®lo supone, a mi juicio, una violaci¨®n de la Ley de Protecci¨®n de Datos Personales, sino que adem¨¢s contiene un claro llamamiento a la delaci¨®n, que es, si cabe, algo todav¨ªa mas grave.
Porque, en primer lugar, se est¨¢ infringiendo la ley cuando se da entrada en una base informatizada de un partido pol¨ªtico a datos sobre unos hechos de tanta gravedad como son las imputaciones indiscriminadas de delitos, cuando, en principio, no puede estar entre sus fines acumular este tipo de datos. Unos datos que, suministrados amparados bajo el manto del anonimato, hacen, por tanto, muy dudosos su origen, su veracidad y su fiabilidad.
La denuncia es la declaraci¨®n prestada por una persona comunicando el conocimiento que tiene sobre la perpetraci¨®n de un delito ante otra que tiene, por raz¨®n de su cargo, la obligaci¨®n de investigarlo y perseguirlo. Consiste, por tanto, en una declaraci¨®n o manifestaci¨®n externa, verbal o escrita, de lo que una persona ha sabido, ya por medios directos, es decir, por haber presenciado los hechos, ya por cualquier otro medio de referencia, y que se tiene que hacer -esto es lo importante - ante otra que ejerce funciones p¨²blicas (juez de Instrucci¨®n, ministerio fiscal, funcionario de polic¨ªa) para la persecuci¨®n de los hechos delictivos.
Lo dem¨¢s es pura y simple delaci¨®n que, bajo el manto del anonimato, viene a degradar el valor, la importancia y la trascendencia del acto ciudadano de denunciar. Porque, mientras que la denuncia falsa entra?a siempre la responsabilidad de quien lo hace de manera tan fr¨ªvola o mal intencionada, ?qu¨¦ responsabilidad penal vamos a poder exigir si a partir de rencillas o m¨®viles de venganza entre amigos, vecinos o conocidos se generaliza la sospecha de vivir entre narcotraficantes?, ?qu¨¦ valor tendr¨¢ una denuncia animada en funci¨®n de animadversiones o de enfrentamientos entre mafias?
Quiz¨¢ alg¨²n diputado o senador pueda tomar la iniciativa para que el Parlamento obligue a corregir esta poco recomendable novedad cibern¨¦tica con la que nos sorprende el PP o, al menos, para que sea convenientemente explicada y, as¨ª, todos podamos conocer las razones por las que ha sido introducida en la Red.
La paz social y la seguridad ciudadana se producen y se mantienen como consecuencia de m¨²ltiples comportamientos que obedecen a complejas causas. Puede que nos estemos acercando a una nueva sensibilidad digital que, antes o despu¨¦s, se habr¨¢ de traducir en la configuraci¨®n de las funciones y de las competencias de la polic¨ªa y de los jueces, pero nunca suplantando las competencias de estos ¨®rganos p¨²blicos, y menos a¨²n a costa de poner en peligro otros bienes tan importantes, o m¨¢s, como son la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales.
Alfonso J. Villag¨®mez Cebri¨¢n es magistrado.
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