Aya considera "imposible" que los servicios de violencia familiar puedan seguir todos los casos

VIENE DE LA P?GINA 1 Aya especifica en su Memoria que el objetivo de este tipo de servicios no debe ser "elaborar a fin de a?o bonitas estad¨ªsticas que se puedan presentar ante la opini¨®n p¨²blica" sino "humanizar la Justicia" en el campo de los malos tratos dom¨¦sticos. Por ello, el fiscal jefe alav¨¦s considera que "hoy por hoy es imposible" que se conviertan en unas oficinas abiertas a recibir denuncias, tratar directamente con las personas implicadas y hacer un seguimiento directo de todos los casos, por la citada falta de medios.

El teniente fiscal de Guip¨²zcoa, Juan Calparsoro, coincide con Aya. "Se creo el servicio a instancias de la Fiscal¨ªa General del Estado, pero no hubo una previsi¨®n de ampliaci¨®n de nada", manifiesta. "Tenemos los mismos medios, aunque con un fiscal asignado para coordinar estos temas, que mantiene el mismo trabajo que hac¨ªa antes".

La fiscal jefe de la Audiencia de Vizcaya en funciones, Mar¨ªa ?ngeles Montes, un territorio que dispone de 37 profesionales dentro del Ministerio P¨²blico, ya ha se?alado que "es complicado que ning¨²n fiscal pueda dedicarse s¨®lo a estos temas por la limitaci¨®n de las plantillas".

Atribuciones

Las atribuciones de este servicio pasan por los supuestos previstos en el art¨ªculo 153 del C¨®digo Penal, que determina los casos de agresiones dentro del hogar, y otros alusivos a amenazas y acoso fuera de la familia.

La actividad de estos fiscales especializados se centra en la creaci¨®n de registros en donde figure cada uno de los agresores, de manera que se unan faltas y delitos previos para conformar un perfil completo del posible delincuente.

Alfonso Aya refiere en su Memoria anual otro asunto que desde principios de este a?o se ha puesto en pr¨¢ctica de manera experimental en partidos judiciales como Elche o Alicante: la creaci¨®n de un juzgado espec¨ªfico para los casos de malos tratos. En este sentido, la Junta de Jueces de ?lava desarrollada el 22 de noviembre pasado rechaz¨® esta posibilidad, propuesta por la inspecci¨®n del Consejo del Poder Judicial, por "no considerarlo necesario".

En Guip¨²zcoa, por ejemplo, durante 1999 se incoaron un total de 179 procedimientos por malos tratos. Uno de ellos se tramit¨® por v¨ªa de jurado, 87 lo hicieron tipificados como delito, y 91 como falta. En ?lava, la Memoria de la Fiscal¨ªa recoge que se registraron el a?o pasado 286 denuncias por violencia dom¨¦stica, lo que origin¨® que se abrieran un total de 234 expedientes relativos a otros tantos presuntos agresores.

Las denuncias no coinciden con el n¨²mero de procedimientos incoados, ya que algunas de ellas se acumulan a procedimientos anteriores antes de una nueva incoaci¨®n. La gran mayor¨ªa de los agresores son hombres -un total de 216 frente a 18 mujeres-, mientras que las personas agredidas son mayoritariamente mujeres -206 frente a 28 varones-. Los actos de agresi¨®n se dan en su mayor¨ªa entre parejas: 130 de ellas unidas en matrimonio y 51 fuera de ¨¦l.

El fiscal jefe de ?lava destaca que es frecuente la retirada de denuncias o el perd¨®n de la persona maltratada, alcanzando la cifra de 51 casos. Ello no supone la extinci¨®n de la acci¨®n penal, pero es habitual que, a falta de la declaraci¨®n de la v¨ªctima, el fiscal se quede sin elementos de prueba.

Aya pone igualmente de relieve que la cuesti¨®n m¨¢s problem¨¢tica es la catalogaci¨®n de la denominada "violencia ps¨ªquica". Su "dif¨ªcil determinaci¨®n" pasa por su propia naturaleza y porque tras la denuncia se incoa un juicio de faltas y ya no se realiza ninguna diligencia hasta el acto de la vista. "Ser¨¢ preciso un examen bien m¨¦dico, bien psicol¨®gico, para determinar estos resultados", concluye el texto.

Otra de cuesti¨®n de calado social que aborda la Memoria de la Fiscal¨ªa alavesa es la siniestralidad laboral. Aya destaca que las diligencias policiales o judiciales seguidas por accidentes laborales "no hacen referencia a su ¨¢mbito laboral, sino que se remiten al resultado lesivo para la integridad f¨ªsica del trabajador v¨ªctima del delito". As¨ª, el fiscal no tiene contacto con las diligencias hasta que llegan para calificaci¨®n o en el propio acto del juicio oral. Para solventar esta situaci¨®n, el fiscal refiere que se ha puesto en contacto con la Inspecci¨®n de Trabajo para realizar un seguimiento puntual de "por lo menos aquellos accidentes que han tenido como resultado muerte o lesiones graves". Esto supone que la Fiscal¨ªa abrir¨¢ un expediente por cada uno de estos casos para poder llevar un control individualizado.