El fuero de Pinochet.

La inmunidad protege a los parlamentarios frente a la detenci¨®n y enjuiciamiento por raz¨®n de su funci¨®n legislativa y por una sola causa: la posible existencia de motivaciones pol¨ªticas ajenas a la persecuci¨®n de los delitos, o, lo que es lo mismo, la instrumentaci¨®n del poder judicial, o bien la propia interferencia arbitraria de los jueces en el funcionamiento de los Parlamentos.Mediante la inmunidad se trata, pues, de evitar persecuciones ajenas a la comisi¨®n de delitos que pretendan privar arbitrariamente a las C¨¢maras legislativas de la participaci¨®n de alguno de sus miembros; es decir, que atenten contra la propia funci¨®n legislativa.

Por ser ello as¨ª, en la mayor parte de los pa¨ªses, los propios Parlamentos, y en otros, como Chile, ¨®rganos judiciales ajenos a los que est¨¢n investigando los hechos criminales, tienen la posibilidad de evitar esas arbitrariedades y defender el propio poder legislativo, haciendo valer en tales casos la inmunidad parlamentaria y los correspondientes fueros especiales.

En un Estado de derecho, la inmunidad parlamentaria no es, por tanto, un privilegio de los legisladores frente a la persecuci¨®n de los delitos de los que aparezcan como sospechosos, sino un instrumento legal espec¨ªfico para la protecci¨®n de la funci¨®n parlamentaria frente a detenciones y procesos penales arbitrarios

Por eso, el desafuero o levantamiento de la inmunidad es la consecuencia legal inevitable, una vez comprobado que el proceso penal dirigido contra un parlamentario no est¨¢ motivado por tales pretensiones perturbadoras de la funci¨®n legislativa, ajenas a la debida persecuci¨®n de los delitos.

Para ello deben analizarse, sobre todo, la seriedad de los cargos y de los indicios delictivos, ya que la obvia significaci¨®n pol¨ªtica de cualquier parlamentario no puede servir como argumento para mantener su inmunidad si, m¨¢s all¨¢ de la pol¨ªtica, los datos indican que los delitos y los indicios existen, y que, en consecuencia, no debe impedirse, sino al contrario, la investigaci¨®n judicial y la punici¨®n de los culpables.

Si, como parece, la siniestra Caravana de la muerte existi¨® y la actividad investigadora realizada tanto en Espa?a por el magistrado Baltasar Garz¨®n como en Chile por Juan Guzm¨¢n permite, como tambi¨¦n parece, afirmar la existencia de indicios de la responsabilidad criminal del senador Pinochet, es de justicia y de derecho que se levante su inmunidad parlamentaria.

Desde el punto de vista del derecho tienen raz¨®n, por tanto, quienes, en el important¨ªsimo proceso sobre la inmunidad de Pinochet que se est¨¢ siguiendo en Chile, est¨¢n centrando la atenci¨®n en la realidad de los graves delitos que se investigan y en los indicios ciertos de la intervenci¨®n del senador, dejando la pol¨ªtica en el terreno de quienes, pese a ello, defienden su inmunidad, que aparece as¨ª como un mero escudo protector legalmente injustificable.

La primera reflexi¨®n sobre el proceso de desafuero de Pinochet -que define, adem¨¢s, su extraordinaria trascendencia hist¨®rica- concluye, pues, que se trata de un aut¨¦ntico antejuicio; es decir, de una revisi¨®n judicial de la realidad de los delitos y de los indicios de responsabilidad, previa a la posible imputaci¨®n del senador.

Como puede comprenderse f¨¢cilmente, nada tiene que ver con este proceso el estado de salud del parlamentario.

Parece, por eso, que la llamada de atenci¨®n sobre sus enfermedades hecha ahora por sus defensores s¨®lo puede entenderse como estrategia para desviar la atenci¨®n hacia problemas ajenos a la inmunidad y el desafuero.

No obstante, puesto que la salud est¨¢ siendo tambi¨¦n, al parecer, objeto del debate jur¨ªdico, conviene precisar que, ciertamente, hay enfermedades graves que, debidamente dictaminadas por los m¨¦dicos forenses, provocan en cualquier Estado de derecho la imposibilidad del juicio, su suspensi¨®n y, en su caso, el archivo del caso.

No debe olvidarse, no obstante, que actualmente el juicio es una mera hip¨®tesis razonable de futuro si se levanta la inmunidad, pero lo inmediato es s¨®lo la imputaci¨®n del senador en un proceso penal por graves delitos.

Es precisamente en el seno de ese proceso donde deber¨ªa intentar probarse que las enfermedades afectan no a la capacidad de ser enjuiciado, sino al derecho de defensa del senador durante la investigaci¨®n judicial. La demencia puede ser un estado de salud relevante al respecto, aunque, obviamente, nada tiene que ver con la inmunidad.

Si una vez levantada su inmunidad se prueba que el senador no entiende lo que acontece a su alrededor, no podr¨¢, ciertamente, ser juzgado mientras se encuentre en tal estado mental, aunque tal vez s¨ª investigada su responsabilidad. Pero si es un demente, tampoco podr¨¢ ser legislador: deber¨ªa entonces ser incapacitado legalmente para ejercer como senador, lo que es de suponer que es posible, pese al poco homologable car¨¢cter vitalicio de este senador.

Jos¨¦ Manuel G¨®mez-Ben¨ªtez es catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.