Las ONG quieren al preso en la calle
La sentencia del Supremo que acaba de considerar al delicuente adicto un enfermo, y por lo tanto necesitado de un tratamiento, no entra a valorar d¨®nde debe facilit¨¢rsele. En la interpretaci¨®n, cada uno lleva el agua a su molino, anticipando lo que puede ser una viva pol¨¦mica de multiplicarse a partir de ahora el n¨²mero de sentencias con penas alternativas. Las ONG proclaman que no se puede hablar de rehabilitaci¨®n si no es en libertad. Incluso desde Proyecto Hombre, que tambi¨¦n colabora en programas penitenciarios, como el de Soto del Real. "El m¨®dulo terap¨¦utico es algo positivo, pero transitorio", opina el presidente de la Fundaci¨®n Proyecto Hombre, Tomeu Catal¨¢. "Lo importante no es s¨®lo que deje la droga, sino tambi¨¦n que se inserte en la sociedad, y eso hay que hacerlo fuera de la c¨¢rcel. Incluso econ¨®micamente es m¨¢s rentable. En un centro comunitario, estos pacientes cuestan entre 1.700 y 2.800 pesetas diarias. Por los datos que tengo, en la prisi¨®n suponen de 15.000 a 18.000", asegura Catal¨¢.En el mismo sentido se manifiesta Antonio Escobar, presidente de Unad, federaci¨®n que agrupa a 300 asociaciones de atenci¨®n a toxic¨®manos: "El proceso rehabilitador ha de producirse siempre en el mismo medio donde se cometi¨® el delito. Esto es, en libertad". Todos los terapeutas saben que los ¨ªndices de abandono de tratamientos son considerables, por lo que es obvio preguntarse qu¨¦ pasar¨ªa si se ampl¨ªan a una poblaci¨®n presuntamente peligrosa. "No hay porqu¨¦ pensar en que necesitar¨ªamos m¨¢s medidas de seguridad. Si no se parte de que la rehabilitaci¨®n es una decisi¨®n voluntaria del propio recluso no hay nada que hacer", responde.
Manuela Carmena, probablemente la juez que m¨¢s activamente ha luchado en pro de la reinserci¨®n del toxic¨®mano, no descarta una v¨ªa penitenciaria para lograr este objetivo. "Lo que constata esta sentencia del Supremo es que la c¨¢rcel indiscriminada es un disparate", afirma. "Lo importante", prosigue, "es que tengamos claro qu¨¦ queremos conseguir. Y si lo que queremos es que dejen de delinquir, hay que ir al problema, a la droga. Eso debe ser la br¨²jula. Habr¨¢ que ver en cada caso qu¨¦ tratamiento se requiere y habr¨¢ que ensayar varios modelos". Carmena no tiene ning¨²n temor a que se desporporcione la oferta de plazas y la demanda de tratamientos de triunfar la nueva filosof¨ªa jur¨ªdica "Es falso que haya pocos recursos. En las c¨¢rceles hay un n¨²mero exagerado de vigilantes, tres por preso. Y muchos de ellos son maestros o psic¨®logos. Podr¨ªan hacer trabajos de tutor¨ªa con los presos en lugar de tanta vigilancia. En todas las c¨¢rceles deber¨ªa de haber un m¨®dulo terap¨¦utico. Se est¨¢ desaprovechando la capacidad de autogesti¨®n de los presos y de los funcionarios".
Crear m¨®dulos terap¨¦uticos es complejo y costoso, asegura el subdirector general de Sanidad Penitenciaria, Juan Antonio L¨®pez Blanco. Por ello hay tan pocos en Espa?a. S¨®lo 13 entre 79 prisiones. "Crearemos nuevas unidades en funci¨®n de la clientela. Hoy podemos decir que hay un dispositivo suficiente en la red para dar respuesta a la demanda", dice. Otra cosa ser¨ªa que al amparo de la nueva filosof¨ªa del Supremo se triplicaran las penas alternativas. Y en ese caso, L¨®pez Blanco no tiene apuros en declarar que tendr¨ªan que involucrarse todas las administraciones en la provisi¨®n de plazas, fuera o dentro de las c¨¢rceles, y no s¨®lo la penitenciaria. De momento Justicia acaba de conceder 30 millones de subvenciones para ONG que se encargan de estos tratamientos sustitutivos de la prisi¨®n, cantidad que estas instituciones critican por insuficiente.
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