La dignidad no tiene precio

I. La situaci¨®n.Cuando en enero de 1999 me traslad¨¦ a la Rep¨²blica Dominicana para diagnosticar la situaci¨®n de la Justicia y los Derechos Humanos y proponer aquellos proyectos que debieran encabezar el programa de modernizaci¨®n del pa¨ªs, pretendido por el presidente de la Rep¨²blica y financiado por la UE, iba provisto de diversos materiales previos realizados por otros expertos, de los que uno de ellos me parec¨ªa fantasmag¨®rico: Miguel ?ngel Ord¨®?ez hab¨ªa obtenido el Premio Ortega y Gasset de periodismo de 1996 de EL PA?S por su trabajo publicado en la revista Rumbo (julio 1996), editada en Santo Domingo, con el reportaje Las c¨¢rceles, centros de muerte en R.D. Tan irreal y escalofriante me pareci¨®, que pretend¨ªa confirmar lo que en ¨¦l se afirmaba. Descubr¨ª un pa¨ªs en ebullici¨®n, institucionalmente limitado, ambiguamente comprometido con su Justicia y la vigencia de los derechos humanos de muchos. El presidente de la Rep¨²blica hab¨ªa creado la Comisi¨®n para la Definici¨®n, Ejecuci¨®n y Supervisi¨®n de la Pol¨ªtica Penitenciaria, designando como coordinadora a la Comisionada de Apoyo a la Reforma y Modernizaci¨®n de la Justicia, con rango de secretaria de Estado, equivalente a ministro en nuestro pa¨ªs. Aura Celeste Fern¨¢ndez es una mujer apasionada y capaz. El presidente de la Suprema Corte de Justicia me traslad¨® su preocupaci¨®n por el agujero negro de la situaci¨®n carcelaria, como condicionante de la credibilidad de todo el sistema, en el que se hab¨ªan empezado a dar pasos firmes de fortalecimiento democr¨¢tico. El Dr. Milton Ray Guevara, presidente de la Comisi¨®n de Justicia del Senado de la Rep¨²blica, miembro del PRD (mayoritario, pero en la oposici¨®n) y fundador de la Fundaci¨®n Institucionalidad y Justicia, hab¨ªa liderado una denuncia sistem¨¢tica de la situaci¨®n. Vencidas todas las resistencias, pude acceder al horror. La Victoria, Najayo, San Crist¨®bal, Rafey... hasta 31 centros de muerte en un pa¨ªs de 8 millones de habitantes. Las prisiones son grandiosas salas de espera de juicio, en las que se almacena a las personas sin acusaci¨®n, a quienes se cobra peaje por llevarlas ante el tribunal. Es pr¨¢ctica habitual la detenci¨®n indiscriminada de transe¨²ntes para "depurarlos", los arrestos "por sospecha" o "para investigaci¨®n", sin delito, orden judicial, ni el m¨¢s m¨ªnimo indicio.

En el informe que remit¨ª a la UE denunci¨¦ que resultaba desde cualquier ¨®ptica inadmisible que se mantuviera por m¨¢s tiempo el sistema carcelario vigente, salvo que se est¨¦ dispuesto a responder por complicidad. Parad¨®jicamente, est¨¢ en vigor la Ley sobre R¨¦gimen Penitenciario 224-84, que resulta inaplicada por avanzada, seg¨²n expres¨® el magistrado procurador general de la Corte de Apelaci¨®n de Santiago. Denunciado un¨¢nimemente como el mayor y m¨¢s grave problema por constituir una vulneraci¨®n flagrante del sistema de reconocimiento y protecci¨®n de los derechos individuales contenido en el art¨ªculo 8.2 de la Constituci¨®n Dominicana, que condiciona negativamente el sistema de Justicia de esa rep¨²blica, por todas las instituciones y personas con las que pude entrevistarme, exigir¨ªa que cualquier cooperaci¨®n internacional se condicionara a su resoluci¨®n:

-En los centros penitenciarios del pa¨ªs, un total de 31, se puede ingresar por exclusiva decisi¨®n policial, sin control judicial.

-No existe garant¨ªa alguna de la identidad de las personas que son ingresadas en las c¨¢rceles, justific¨¢ndonos su diligencia con la certeza de que eran fotografiados al ingresar por un recluso-fot¨®grafo, que las hace con su polaroid.

-El r¨¦gimen interno de los centros est¨¢ encomendado a los propios reclusos de confianza (probotes), quienes han establecido sus particulares criterios de tratamiento y disciplina, listados inform¨¢ticos, pr¨¦stamos, cambio de objetos, protecci¨®n, beneficios sociales...

-Las instalaciones de los recintos visitados carecen de las m¨¢s indispensables condiciones de salubridad.

-La alimentaci¨®n en la prisi¨®n de Najayo es tan deficiente que ¨²nicamente el 10% de los reclusos la ingiere al no tener recursos para adquirir otra a reclusos privilegiados.

-La asistencia m¨¦dica es tan deficiente que s¨®lo acceden a ella cuando les permiten salir otros internos, descubri¨¦ndose a enfermos graves con necesidad de hospitalizaci¨®n que no estaban ni controlados por los servicios m¨¦dicos, quienes se justificaron porque "no saben d¨®nde est¨¢n los enfermos" y quienes ninguna historia m¨¦dica ni control acreditaron, careciendo de toda medicaci¨®n, que deben procur¨¢rsela los propios enfermos.

-Se favorece la promiscuidad y la propagaci¨®n de enfermedades de transmisi¨®n sexual al estar ocupadas por un n¨²mero de reclusos tres veces superior al disponible.

-Se evita el traslado de los presos a las llamadas judiciales, justific¨¢ndolo en la carencia de recursos, siendo generalizada la opini¨®n de que se condiciona al abono de determinadas cantidades en beneficio de la "cadena", que incluir¨ªa el gasto de gasolina y alquiler de esposas. Se paga hasta para ser condenado (citaciones, transporte policial). La libertad es cara y excepcional.

-Las suspensiones de juicios por reenv¨ªos o cancelaciones ascendieron al 84,8% del trabajo programado en los tribunales en 1996 (70,3% por falta de citaci¨®n o incomparecencia forzada por falta de conducci¨®n, 18,7% por inasistencia de jueces, 6,6% por inasistencia del ministerio p¨²blico, seg¨²n datos del Informe Guerra-Elorza-Arias). Conoc¨ª a quien hab¨ªa sido reenviado 160 veces.

-Nadie pudo justificarme por qu¨¦ permanec¨ªan privados de libertad algunos individuos que ten¨ªan cumplida la condena. Es frecuente llevar tres a?os preso por violaci¨®n a la ley correccional que s¨®lo prev¨¦ penas de prisi¨®n hasta 6 meses. ?Hasta la obtenci¨®n del certificado de libertad requiere un impuesto!

-La prisi¨®n preventiva es la regla, cualquiera que fuera la gravedad de los hechos imputados, prolong¨¢ndose por tiempo incluso superior al de la pena que pudiera corresponder. La libertad se convierte en sospechosa.

-Aun estando fijada la mayor¨ªa de edad penal en los 18 a?os, permanecen en los mismos centros menores desde los 14 a?os, sometidos a toda clase de vejaciones. Seg¨²n datos de la Fiscal¨ªa del D.N. en febrero de 1999, en la c¨¢rcel de Najayo se encuentran 156 menores (31% de 17 a?os, 27% de 16, 21% de 15, 10% de 14, resto de edad indefinida); el 92% sin abogado defensor; el 52% m¨¢s de tres meses y el resto hasta 2 a?os; s¨®lo 13 (el 8% del total) condenados. Resulta significativo que estos datos actualizados corresponden a una informaci¨®n levantada en septiembre de 1998 y en noviembre de 1998: el comisionado informa, en su Bolet¨ªn n? 5, que la poblaci¨®n penitenciaria juvenil "oscila" entre 230 y 250 menores, de los cuales el 92% son preventivos y una gran cantidad superan el l¨ªmite de dos a?os de privaci¨®n de libertad.

-Obvio es decir que no existe ning¨²n sistema de tratamiento rehabilitador.

-El presupuesto por interno es de 1,12 pesos diarios (aproximadamente 10 ptas ¨® 0,07 d¨®lares USA), notoriamente insuficiente.

-En la prisi¨®n de San Crist¨®bal tienen encomendada la seguridad interior unos presos armados, el aula de costura dispone de una m¨¢quina de coser medieval, la escuela de alfabetizaci¨®n no tiene sillas y el taller de ebanister¨ªa se encuentra en el tejado.

-Existe discrepancia en las cifras diarias de personas que permanecen recluidas, variando seg¨²n la fuente sea la Direcci¨®n General de Prisiones, dependiente de la Procuradur¨ªa General (13.125 el 12 de enero de 1999), los responsables de los centros (13.149) o los internos controladores (algunos m¨¢s).

En el excelente reportaje de M. ?. Ord¨®?ez se constata: "El Estado condena a diario a perder su dignidad, su orgullo y, en ocasiones, a pagar con su vida en mazmorras medievales. La corrupci¨®n y degradaci¨®n extremas, en forma de hacinamiento, promiscuidad, violaciones a menores, drogas, reyertas, sobornos, torturas, campean a sus anchas. La voz de la conciencia de este pa¨ªs sufre una afon¨ªa cr¨®nica. Se pueden pasar a?os en la c¨¢rcel sin que nadie lo sepa. Los extrav¨ªos de expedientes son habituales. Se paga con c¨¢rcel las multas. Todo es un negocio. Todos son condenados a compartir enfermedades, suelo, intimidad, perversiones, excrementos y agua sucia. Conseguir una colchoneta cuesta entre 50 y 150 pesos. Semanalmente mueren entre 3 y 6 presos. M¨¢s de 2.000 est¨¢n afectados por tuberculosis, sida, c¨¢ncer, ven¨¦reas, tifus. La Direcci¨®n Nacional de Control de Drogas ha prohibido llevar a los enfermos al hospital si est¨¢n por narcotr¨¢fico, se?ala a los jueces la sentencia m¨¢s conveniente y retiene las ¨®rdenes de libertad. Nadie violenta m¨¢s los derechos humanos que el propio Estado. Los militares y la Polic¨ªa se disputan la gesti¨®n de la panader¨ªa, alquilan los grilletes por 60 a 80 pesos, ofrecen mujeres por 50, inscribirse en la lista de salida a juicio de 20 a 50, limpieza y protecci¨®n diaria por 25. Es la rentable industria del preso. Las violaciones de los menores son rituales. Cada d¨ªa se subastan los nuevos, que alcanzan los 500 pesos".

II. Razones para la reflexi¨®n.

Mi amigo dominicano, el m¨¦dico catal¨¢n Jaume Oll¨¦, comprometido en el plan de prevenci¨®n y tratamiento del sida, tambi¨¦n financiado por la UE, me viene remitiendo recortes de prensa para paliar mi dolor. En el List¨ªn diario del 19 de julio de 1999, el procurador general de la Rep¨²blica anunciaba a bombo y platillo que el jefe del Estado promet¨ªa dar comida a los reclusos.

En el mismo peri¨®dico de los d¨ªas 6 y 7 de enero de 2000 se refiere que el d¨ªa anterior reclusos de diferentes c¨¢rceles se hab¨ªan amotinado, resultando varios heridos con arma blanca, quemaduras, ri?as, fugas... La secretaria de Estado Aura Celeste Fern¨¢ndez anuncia su dimisi¨®n en la Comisi¨®n Penitenciaria "para no ser responsable de cualquier desastre, mot¨ªn, epidemia, incluso muertes en las c¨¢rceles del pa¨ªs. Las obras de infraestructura se han paralizado. En el Presupuesto General de la Naci¨®n ha desaparecido el dinero para la formaci¨®n y contrataci¨®n de polic¨ªa penitenciaria. No se abordan los cambios substanciales en la Direcci¨®n General de Prisiones, que depende del procurador general de la Rep¨²blica, amigo y correligionario del presidente. S¨®lo se ofrece en las c¨¢rceles el postgrado para otra criminalidad".

El 18 de marzo de 2000 se ha consumado la tragedia: 12 reclusos de La Victoria han muerto y 30 sufrieron quemaduras de diverso alcance como consecuencia de un incendio en un comedor del recinto donde estaban alojados, de los que al menos tres han fallecido. Seg¨²n algunos compa?eros de celda, son m¨¢s de 20 los que han desaparecido al no constar en la lista de muertos ni heridos. La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos revela que varios reclusos fallecidos presentaban orificios de bala, lo que hace presumir que fueron tiroteados para evitar su huida. Otro incendio se propag¨® por la c¨¢rcel de San Juan, pero pas¨® desapercibido para la ciudadan¨ªa y medios de comunicaci¨®n, pues a nadie interesaba darle publicidad.

Las reacciones oficiales han sido inmediatas: El presidente de la Rep¨²blica dijo que tragedias como ¨¦sta "ocurren en todas partes del mundo. Son hechos tr¨¢gicos, desafortunados, fortuitos y accidentales". La comisionada de apoyo a la Reforma y Modernizaci¨®n de la Justicia (ministra del Gobierno) asegur¨® que "ninguno de los poderes del Estado ha tenido una real voluntad pol¨ªtica para enfrentar la crisis del sistema penitenciario, faltando osad¨ªa de parte de la ciudadan¨ªa para exigir que el problema se solucione definitivamente". El fiscal del Distrito Nacional aboga por una reforma radical del sistema penitenciario. El presidente de la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos anuncia una interpelaci¨®n al Gobierno ante los organismos internacionales, definiendo de barbarie la actitud policial, que se neg¨® a abrir las celdas del incendio, dispar¨® al interior y traslad¨® a los heridos engrilletados hasta los centros asistenciales. Fray Aristides Jim¨¦nez, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, reclam¨® a la Secretar¨ªa de Salud P¨²blica las razones de la devoluci¨®n a las prisiones de los heridos sin atender desde un centro hospitalario (List¨ªn diario y El siglo de 22 a 26 de marzo de 2000).

El Comit¨¦ Europeo para la Prevenci¨®n de la Tortura y Tratos Inhumanos y Degradantes del Consejo de Europa ha solicitado hace unos d¨ªas al Gobierno espa?ol que mejore el trato y se garanticen los derechos de los detenidos. Es la esquizofrenia mundial o ?tambi¨¦n globalizada?

Muchos miles de euros tiene comprometidos la UE para el apoyo al programa que me ocup¨®, pero advertida qued¨® que, so pena de ser c¨®mplice de la situaci¨®n, s¨®lo podr¨ªa comprometerlos en la medida en que las instituciones del Estado dejaran de negociar con la dignidad de sus ciudadanos o de los vecinos haitianos, que de ellos les contar¨¦ otro d¨ªa.

Tambi¨¦n nuestro pa¨ªs financia, pero qu¨¦ y a qui¨¦n. Tengo escrito en otra parte que "el ser humano tiene dignidad, pero no precio. A ninguno y en ninguna situaci¨®n podemos comprar. S¨®lo intentarlo nos convierte en mercenarios de la indignidad".

Jos¨¦ Mar¨ªa Tom¨¢s y Tio es magistrado y presidente de la Fundaci¨®n por la Justicia.