El Ejecutivo argentino afronta un aumento de las revueltas sociales

Tras el acuerdo del s¨¢bado pasado que puso fin a la revuelta social en la provincia argentina de Salta, la explosiva situaci¨®n reinante en diversos puntos del pa¨ªs preocupa al Gobierno y amenaza con nuevos estallidos de violencia. Las promesas del Gobierno provincial de generar fuentes genuinas de empleo y la puesta en marcha por parte del Estado de planes de trabajo subsidiado con unos 160 d¨®lares (28.000 pesetas) mensuales han acallado moment¨¢neamente las protestas en Salta.

El diario Clar¨ªn publicaba ayer un mapa de los conflictos sociales en Argentina. La provincia de Corrientes dio el primer aviso en diciembre pasado, d¨ªas despu¨¦s de que Fernando de la R¨²a asumiera la presidencia de la naci¨®n. Los trabajadores estatales provocaron graves disturbios por el retraso del pago de sus salarios. El Gobierno intervino en la provincia, la gendarmer¨ªa reprimi¨® a sangre y fuego y dos manifestantes muerieron. Salta fue el siguiente cap¨ªtulo de la conmoci¨®n social de las provincias argentinas. Un muerto y decenas de heridos fueron la antesala de un acuerdo de urgencia firmado el s¨¢bado despu¨¦s de once d¨ªas de corte de carreteras.

Otras provincias re¨²nen los ingredientes para que prenda en cualquier momento la llama de la revuelta. Jujuy y Santiago del Estero, vecinas de Salta, con bajos ingresos por habitante y escaso ¨ªndice de desarrollo, sufrieron graves inundaciones en meses recientes. En el sur patag¨®nico, las provincias de Neuqu¨¦n y R¨ªo Negro afrontan situaciones cr¨ªticas. En la primera se han reproducido los conflictos generados, como en Salta, por la privatizaci¨®n de la petrolera YPF, que supuso el despido de 5.000 trabajadores. R¨ªo Negro tiene una deuda superior a los mil millones de d¨®lares, cifra que supera en un 48% los ingresos de todo un a?o.

Efecto cascada

El Gobierno admite que hay diez provincias en estado cr¨ªtico, y se?ala los riesgos de que se produzca un efecto cascada en los estallidos sociales. Una comisi¨®n interministerial de secretarios de Estado est¨¢ en estudio, pero hasta ahora, seg¨²n la oposici¨®n, el Gobierno se ha limitado a desempe?ar un papel de bombero, tratando de evitar la propagaci¨®n de los incendios provinciales. El secretario de Empleo, Horacio Viqueira, ha advertido de que el Ejecutivo no est¨¢ dispuesto a asumir el coste pol¨ªtico de los conflictos sociales porque, seg¨²n afirm¨®, en muchos casos el responsable de la situaci¨®n no es el Gobierno federal, sino la ca¨®tica administraci¨®n de algunos poderes provinciales y la herencia de diez a?os de gobierno del peronista Carlos Menem. En Salta, donde m¨¢s del 42% de la poblaci¨®n tiene las necesidades b¨¢sicas insatisfechas, llama la atenci¨®n los cinco millones de d¨®lares de los que dispone el gobernador (peronista) en concepto de gastos reservados.

Un polic¨ªa herido de bala en los disturbios de la localidad de General Mosconi explicaba ayer que su salario mensual es de algo m¨¢s de 500 d¨®lares (87.500 pesetas). Esta guerra de pobres contra pobres -trabajadores en paro frente a los agentes encargados de la represi¨®n- conforma la otra cara de Argentina, que poco tiene que ver con algunas im¨¢genes porte?as que exhiben el ¨¦xito de los beneficiarios de la oleada privatizadora puesta en marcha la ¨²ltima d¨¦cada.