El fiscal pide 20 meses de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n para el alcalde y cinco ediles de San Lorenzo

La Fiscal¨ªa de Madrid solicita 20 meses de c¨¢rcel y ocho a?os de inhabilitaci¨®n por un supuesto delito urban¨ªstico para el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, Jos¨¦ Luis Fern¨¢ndez-Quejo, del PP, y cinco de sus concejales. Les acusa de recalificar una parcela protegida salt¨¢ndose los tr¨¢mites legales y de permitir la tala de ¨¢rboles centenarios para que una constructora vinculada a uno de los ediles levantase ocho chal¨¦s de lujo y obtuviese con ello "un ileg¨ªtimo beneficio". Asimismo, el fiscal reclama seis a?os de prisi¨®n por estafa para el constructor, Francisco Pascual.

Adem¨¢s del alcalde Fern¨¢ndez-Quejo, figuran como acusados los concejales de la comisi¨®n de gobierno que consintieron y autorizaron el inicio de las obras, as¨ª como el arquitecto municipal y el administrador de la empresa constructora, Neypass, SL. La Secci¨®n 17 de la Audiencia Provincial de Madrid orden¨® hace tres meses "paralizar la construcci¨®n" de esos ocho chal¨¦s por enclavarse ilegalmente ¨¦stos dentro de la llamada "zona de respeto" que rodea el monasterio que mand¨® construir Felipe II. Sin embargo, la decisi¨®n lleg¨® tarde porque las casas ya estaban construidas y vendidas.

En su relato de hechos, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, afirma que el constructor adquiri¨® el 27 de noviembre de 1996 una parcela de 7.459 metros cuadrados en las inmediaciones de la carretera de La Presa. Y que, curiosamente, "un d¨ªa inmediatamente despu¨¦s de la compra" los acusados "perge?aron un proyecto de convenio urban¨ªstico a la medida de sus intereses econ¨®micos". Ese convenio, hecho al margen del planeamiento y sin contar con otros propietarios de terrenos adyacentes, permit¨ªa "aumentar la edificabilidad" de la parcela y "alteraba la zonificaci¨®n y localizaci¨®n de los espacios libres p¨²blicos (jardines y parques)", convirtiendo su acceso en "absolutamente impracticable" para los ciudadanos.

Seg¨²n sostiene el fiscal de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial vet¨® a otros vecinos de la zona su "voluntad manifiesta" de acogerse al convenio.

200 millones

Valerio a?ade que, antes de alterar el urbanismo de esta zona protegida, los acusados obviaron solicitar el oportuno permiso a la Direcci¨®n General de Cultura de la Comunidad, ya que en su interior hay "un jard¨ªn hist¨®rico, un arbolado y una fuente de piedra" cuya construcci¨®n data de la ¨¦poca "herreriana".

El fiscal describe: "Sabiendo los denunciados la imposibilidad de que por v¨ªa de legalidad urban¨ªstica pudieran conseguir sus ileg¨ªtimos prop¨®sitos, resolvieron acudir a la v¨ªa de hecho, y as¨ª, el 11 de julio de 1997, la acusada Lorena de Santos Richard [concejal de San Lorenzo], unida por v¨ªnculos societarios a Pascual [el constructor], concedi¨® la licencia para la tala de ¨¢rboles en una zona catalogada como verde en el planeamiento urban¨ªstico". Pese a la ilegalidad urban¨ªstica, el arquitecto municipal "inform¨® favorablemente" el proyecto, seg¨²n el representante del ministerio p¨²blico.

Cuando la Comunidad conoci¨® el proyecto urban¨ªstico, lo anul¨® por completo, denunci¨® el incumplimiento de todos los tr¨¢mites legales y apunt¨® nueve irregularidades: exceso de edificabilidad, aumento de las alturas m¨¢ximas de las casas, no cesi¨®n de espacios p¨²blicos... Pese a todas estas irregularidades, el constructor vendi¨® los chal¨¦s a precios que oscilan entre los 25 y los 30 millones de pesetas. Los propietarios, sin embargo, a¨²n no han podido habitarlos porque el Ayuntamiento no les ha concedido todav¨ªa "la licencia de primera utilizaci¨®n [delito de estafa]".

Demolici¨®n

El fiscal solicita en su escrito de acusaci¨®n que los chal¨¦s sean demolidos y que las v¨ªctimas, que han desembolsado ya en torno a 200 millones de pesetas, sean indemnizadas por la empresa promotora o, subsidiariamente, por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

La Audiencia de Madrid orden¨® hace tres meses la paralizaci¨®n de las obras al estimar un viejo recurso de queja interpuesto cuando las casas se estaban levantado y contra la decisi¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de esta localidad, que primero orden¨® suspender las obras, cuando ¨¦stas apenas se hab¨ªan iniciado, y posteriormente revoc¨® la orden de suspensi¨®n y dio luz verde para que prosiguiesen.

El juzgado la levant¨® aduciendo que la medida "no era proporcional a la gravedad de los hechos" y que, en todo caso, cab¨ªa ordenar "su demolici¨®n" en el futuro si al final de la investigaci¨®n judicial que gravitaba sobre ellas se determinaba que eran ilegales.

Todas estas irregularidades han sido destapadas por el letrado Jos¨¦ Manuel Chinchilla Alvargonz¨¢lez, abogado que ostenta la representaci¨®n de una vecina de San Lorenzo de El Escorial que denunci¨® esta construcci¨®n.