Salud achaca la denuncia de M¨¢laga a un intento de deslegitimar la sanidad p¨²blica
Once cirujanos denunciaron en 1994 el riesgo para pacientes card¨ªacos en espera
La pol¨¦mica generada por los cuatro enfermos de coraz¨®n fallecidos en M¨¢laga mientras esperaban una operaci¨®n no cesa. Ayer, la Delegaci¨®n de Salud atribuy¨® la denuncia del jefe de cirug¨ªa cardiovascular del hospital Carlos Haya, Norbeto Gonz¨¢lez, a la intenci¨®n de "deslegitimar el sistema sanitario p¨²blico". El delegado, Jos¨¦ Luis Marcos, record¨® que el cirujano tiene un "curr¨ªculum jalonado de expedientes" y llam¨® la atenci¨®n sobre la coincidencia entre la llegada de Ramiro Rivera como asesor del Ministerio de Sanidad y las denuncias de fallecimientos en Barcelona, Valencia y M¨¢laga. Marcos destac¨® que tanto Rivera como Gonz¨¢lez fueron expedientados por derivar pacientes de hospitales p¨²blicos a cl¨ªnicas privadas.Seg¨²n el Servicio Andaluz de Salud, Gonz¨¢lez tiene la ratio m¨¢s baja de intervenciones de los siete servicios de cirug¨ªa de Andaluc¨ªa. Los desencuentros entre el SAS y Gonz¨¢lez vienen de lejos. En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa ratific¨® la suspensi¨®n de un mes de empleo y sueldo impuesta por la Junta por desviar un paciente del Materno a una cl¨ªnica privada. En la sentencia se recoge que "Gonz¨¢lez les dijo que en el Materno se demorar¨ªa su operaci¨®n".
S¨¦g¨²n el fallo, el m¨¦dico les insinu¨® que "en una cl¨ªnica privada la intervenci¨®n tendr¨ªa lugar con gran rapidez". Los hechos se remontan a 1991 cuando Gonz¨¢lez remiti¨® a John Briggs un d¨ªa despu¨¦s de su ingreso en el hospital a la cl¨ªnica privada Santa Elena. Tambi¨¦n se declara probado que Gonz¨¢lez "llevaba a cabo una actividad incompatible" con la que le correspond¨ªa en su condici¨®n de jefe de servicio en un hospital p¨²blico. La sentencia dice que este cirujano "tendi¨® a recomendar, sugerir e insinuar dicho traslado y la posterior intervenci¨®n, por ¨¦l mismo, en la referida cl¨ªnica".
En 1989 la gerencia del Carlos Haya interpuso una sanci¨®n de seis meses, con suspensi¨®n de empleo y sueldo, a Gonz¨¢lez por "falta grave" a las normas establecidas. El TSJA lo absolvi¨® al no considerar probados los hechos que se le imputan; pero, en la narraci¨®n de los mismos, se dice que Gonz¨¢lez remiti¨® al Materno un paciente para su intervenci¨®n desde la cl¨ªnica Santa Elena. Intervenido y pasado el peligro, fue llevado a la cl¨ªnica desde donde se le facturaron los honorarios: 320.000 pesetas para Gonz¨¢lez, 100.000 para otro m¨¦dico que oper¨® con ¨¦l y 66.300 pesetas al hospital p¨²blico en el que se hab¨ªa hecho la intervenci¨®n.
Gonz¨¢lez no se mordi¨® ayer la lengua al comentar las cr¨ªticas: "Con eso matan al mensajero, pero no arreglan los problemas. ?O se arreglan porque me sancionen?". En su defensa, argument¨® que ninguno de los enfermos por los que fue expedientado era de la Seguridad Social, que al que llev¨® de la cl¨ªnica al Materno fue porque en 1989 la coronariograf¨ªa no exist¨ªa en el centro privado y que al otro no lo desvi¨®, sino que lo sac¨® del hospital a petici¨®n de la familia.
Ni los roces entre el SAS y el cirujano son nuevos, ni las denuncias del servicio de cirug¨ªa cardiovascular del Carlos Haya. En mayo de 1994, once m¨¦dicos denunciaron ante un juzgado "la desproporci¨®n entre las necesidades y las posibilidades" y los riesgos de sufrir complicaciones graves o mortales que ten¨ªan los pacientes de coraz¨®n: "infartos, embolias, gangrena". La denuncia no prosper¨®.
En medio del cruce de cr¨ªticas, la familia de uno de los fallecidos no descart¨® la v¨ªa penal. Carlos -hijo de Francisco Mancera, a quien el Carlos Haya llam¨® para operarlo 27 d¨ªas despu¨¦s de muerto- dijo: "A¨²n no hemos tomado una decisi¨®n, pero como haya un rayo de negligencia vamos a denunciar el caso. No s¨¦ de qui¨¦n ha sido la responsabilidad, pero si hay alg¨²n culpable es la administraci¨®n porque parece que las personas son s¨®lo n¨²meros".
SATSE, CCOO y UGT coincidieron en se?alar que con la denuncia se corre el riesgo de crear una alarma social injustificada. "Estas denuncias, hechas sin matizaciones", apunt¨® Mar¨ªa ?ngeles Pino, de UGT, "son muy peligrosas pues pueden llevar a pensar a los usuarios que la sanidad p¨²blica es un caos; y esto no es as¨ª".
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