Los jueces advierten al alcalde de que le sancionar¨¢n si en 20 d¨ªas no derriba la iglesia

Los cinco magistrados de la Secci¨®n Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han acordado requerir ahora al alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, para que derribe la parte ilegal de una iglesia de Fuencarral, tal y como dicta una sentencia de 1993 que a¨²n no se ha ejecutado. Los magistrados recuerdan al regidor que si antes del 20 de junio no ha cumplido la orden judicial le podr¨ªan imponer una multa de entre 25.000 y 250.000 pesetas as¨ª como trasladar los hechos a la jurisdicci¨®n penal por si pudieran ser constitutivos de un delito de desobediencia.

La secci¨®n Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace al alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, responsable directo de la ejecuci¨®n de una sentencia de 1993 que obliga a derribar una parte del templo levantado en la calle Villa de Mar¨ªn, 39 (Fuencarral). La ejecuci¨®n de la sentencia acumula siete a?os de retraso.?lvarez del Manzano ha declarado en las ¨²ltimas semanas que quiere legalizar la parte de la iglesia constru¨ªda en contra de las normas urban¨ªsticas. El alcalde pretende evitar as¨ª cumplir la sentencia que le obliga a tirar una parte del edificio donde actualmente est¨¢ situado el altar mayor.

La iglesia se levant¨® junto a un edificio de viviendas. Tan cerca estaba el templo de los pisos que se incumpl¨ªan las distancias m¨ªnimas del Plan General de Madrid y se perjudicaba claramente a varios vecinos, que perd¨ªan la luz que entraba por sus ventanas. Los residentes -la inmensa mayor¨ªa estaban de acuerdo en el perjuicio que les causaba el templo- se quejaron del muro que les hab¨ªan levantado junto a sus casas y dos de ellos iniciaron la v¨ªa judicial. La iglesia contraatac¨® denunciando que el bloque donde viv¨ªan decenas de familias era el que estaba constru¨ªdo en sitio prohibido. Ganaron los vecinos en 1993. Durante los ¨²ltimos siete a?os, el Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de ejecutar la sentencia de derribo, pese a que el Arzobispado desacraliz¨® el templo el 19 de noviembre de 1996 ante la inminente demolici¨®n.

La Gerencia Municipal de Urbanismo mand¨® en dos ocasiones a sus funcionarios con la piqueta, pero la aparici¨®n de feligreses frente al templo aplaz¨® el derribo. En las ¨²ltimas semanas, el Gobierno municipal ha tramitado la legalizaci¨®n del edificio para evitar la demolici¨®n que ordenan los jueces. Y lo ha hecho con un acuerdo de pleno que votaron 21 concejales del PP y dos de IU. Los magistrados anularon ese acuerdo de pleno y trasladaron a la jurisdicci¨®n penal el asunto por si hubiese existido un delito de prevaricaci¨®n de los 23 ediles.

El Tribunal Superior de Justicia ha dictado el 23 de mayor pasado el s¨¦ptimo auto judicial de los ¨²ltimos tres meses sobre el templo ilegal. Tras considerar que ha quedado clara "la falta de voluntad por parte del Gerente de Urbanismo de ejecutar la sentencia", por lo que ha recibido dos multas de 250.000 pesetas, los cinco magistrados han requerido "la colaboraci¨®n del m¨¢ximo representante del Ayuntamiento de Madrid, a saber, el excelent¨ªsimo se?or alcalde, para que ejecute la sentencia de 3 de junio de 1993".

Apercibimiento de sanci¨®n

La secci¨®n Primera del Tribunal Superior recuerda al regidor que la sentencia debe estar "completamente ejecutada el 20 de junio de 2000" con el apercibimiento de que si cumple el requerimiento judicial, le podr¨ªan imponer al alcalde una "multa personal [que el alcalde deber¨ªa pagar de su bolsillo] coercitiva de entre 25.000 pesetas y 250.000 pesetas, as¨ª como deducir testimonio de particulares a la jurisdicci¨®n penal por si los hechos pudieran constituir un delito de desobediencia".

El nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid introduce una novedad respecto a los seis anteriores. Los magistrados recuerdan quie el art¨ªculo 108.1.a) de la Ley de Jurisdicci¨®n permite al Tribunal Superior ejecutar la sentencia a trav¨¦s de otras administraciones p¨²blicas superiores en caso de incumplimiento.

Con esta advertencia, los magistrados sugieren a los responsables municipales que si el alcalde mantiene su negativa al derribo podr¨ªan pedir a la administraci¨®n regional que ejecutara la orden judicial. El vicepresidente regional y consejero de Obras P¨²blicas, Luis Eduardo Cort¨¦s, asegur¨® ayer que no recuerda ning¨²n caso en que su departamento haya tenido que ejecutar una sentencia por la negativa de un ayuntamiento.