El Tribunal de Cuentas ve numerosas anomal¨ªas en la contrataci¨®n de obra p¨²blica

El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en la adjudicaci¨®n de contratos de obras, suministros o servicios de consultor¨ªa por parte de las comunidades aut¨®nomas, que llevan en ocasiones a no escoger la oferta m¨¢s ventajosa. El tribunal hace esta consideraci¨®n en el informe anual del ejercicio de 1996 relativo a los sectores p¨²blicos auton¨®micos y locales, que ha remitido al Congreso y al Senado para su aprobaci¨®n definitiva.El ¨®rgano fiscalizador detecta que en la mayor¨ªa de los casos los contratos se han adjudicado mediante concurso, mientras que la subasta se utiliz¨® muy escasamente, a pesar de ser la forma ordinaria de adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas que permite obtener las mejores ofertas y la adecuada calidad en la ejecuci¨®n de la obra.

Asimismo, se aprecia que en los concursos los criterios de adjudicaci¨®n con frecuencia no est¨¢n ordenados como requiere la normativa, ni en algunos casos expresados con precisi¨®n. Adem¨¢s, el precio de cada oferta se valora en funci¨®n de la proximidad a la media resultante de todas las presentadas y no a la baja, lo que "no es coherente con el principio de econom¨ªa" que debe regir la gesti¨®n de los fondos p¨²blicos. Tambi¨¦n se se?ala que, en muchos casos, no se establecen con precisi¨®n los l¨ªmites a las variantes o alternativas que pueden ofertar los licitadores y que en las adjudicaciones se fundamentan "deficientes" informes t¨¦cnicos de valoraci¨®n de las ofertas.

Retrasos sin sanciones

En la fase de ejecuci¨®n de los contratos, el tribunal observa "frecuentes retrasos no amparados por la concesi¨®n de pr¨®rrogas justificadas", sin que conste en la informaci¨®n que le han remitido las comunidades aut¨®nomas que se hayan impuesto a los contratistas las sanciones previstas legalmente. Entre las causas que provocan tales retrasos destaca la falta de posesi¨®n de los terrenos necesarios para las obras y la necesidad de redactar modificaciones de proyectos que se est¨¢n ejecutando para satisfacer necesidades que, en muchos casos,deb¨ªan haberse contemplado en los proyectos originarios, lo que evidencia su "deficiente preparaci¨®n".

Seg¨²n el informe, tambi¨¦n es frecuente que se tramiten como contratos complementarios algunos que, en realidad, constituyen modificaciones. Estas modificaciones, que generaron significativos incrementos en los costes y en los plazos de ejecuci¨®n de los contratos, se aprobaron adem¨¢s sin que constara en la documentaci¨®n que se llevar¨ªan a cabo las actuaciones reglamentarias que permitir¨ªan exigir las correspondientes responsabilidades.

Respecto a los contratos de suministro, no se justifica, tal como requiere la normativa, la necesidad de las adquisiciones para el funcionamiento de los servicios p¨²blicos.

El volumen de los contratos fiscalizados asciende a 226.511 millones de pesetas, 157.808 correspondientes a contratos concedidos mediante concurso, 16.724 mediante subasta y 36.242 siguiendo el procedimiento negociado; a los que hay que a?adir los analizados por los ¨®rganos de control externo de Andaluc¨ªa, Navarra, Pa¨ªs Vasco y la Comunidad Valenciana.