El Tribunal Superior anula la contrata de basuras de Boadilla "por arbitraria"

El Tribunal Superior de Madrid ha "anulado" por "arbitraria" la concesi¨®n del servicio de limpieza otorgada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la empresa Urbaser. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, concedi¨® en 1993 la contrata de recogida de basuras a Urbaser desatendiendo los criterios establecidos por la propia corporaci¨®n y pese a que la oferta de esta empresa no era la m¨¢s ventajosa, seg¨²n los jueces. El Consistorio ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo porque, si la hubiera ejecutado nada m¨¢s recibirla, la localidad se habr¨ªa quedado sin servicio de recogida de basuras.

En la sentencia dictada por los cinco jueces de la Secci¨®n Segunda del alto tribunal madrile?o ¨¦stos dan un fuerte varapalo al Consistorio de Boadilla (18.900 habitantes) y le condenan a pagar a la empresa Urbaser "los da?os y perjuicios" derivados de tan "arbitraria decisi¨®n".El acuerdo ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue adoptado el 7 de julio de 1993, en la sesi¨®n plenaria del Ayuntamiento, presidido entonces por Nieves Fern¨¢ndez Crespo. En ese pleno, los ediles "adjudicaron a la compa?¨ªa Urbaser el servicio de recogida domiciliaria de residuos s¨®lidos urbanos, limpieza viaria y transporte" a los vertederos de tales desechos. El concurso para aspirar a esa contrata fue aprobado el 12 de noviembre, tambi¨¦n en sesi¨®n plenaria. Las plicas se abrieron el 8 de enero de 1993. Se observ¨® entonces que la oferta de Urbaser (la empresa que finalmente se qued¨® la adjudicaci¨®n) era de 132.847.391 pesetas, en torno a siete millones superior a la que present¨® la empresa denominada Rafael y Rogelio de la Paliza e Hijos.

Los jueces destacan que la oferta de ¨¦stos ¨²ltimos, 126.791.317 pesetas, fue considerada como "la m¨¢s ventajosa" por los t¨¦cnicos del Ayuntamiento "y con mejor resultado final en la relaci¨®n peseta/medio" y que, por tanto, era merecedora de la contrata. Al concurso tambi¨¦n concurrieron las empresas Servicios Aseos Urbanos, SA, BFI Ib¨¦rica y Castellana de Servicios. El equipo de gobierno del PP, con mayor¨ªa de votos, opt¨® por la de Urbaser.

Los jueces, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Javier Eugenio L¨®pez Candela, consideran que la decisi¨®n municipal "no es conforme a derecho". Parten de la base de que los ayuntamientos poseen cierta discrecionalidad a la hora de adjudicar sus servicios, pero matizan que esta discrecionalidad tiene sus l¨ªmites en las bases del concurso y sus reglas. Los jueces explican: "La actividad discrecional de la Administraci¨®n est¨¢ sujeta a los l¨ªmites que imponen los aspectos reglados de toda actuaci¨®n administrativa: competencia y procedimiento; los hechos determinantes de aqu¨¦lla; el control sobre los conceptos jur¨ªdicos indeterminados, el fin perseguido por los ¨®rganos de la Administraci¨®n; todo ello sin olvidar el obligado respeto a los derechos fundamentales, a los principios generales del derecho y a los principios de la buena administraci¨®n".

Pleito por desahucio

Uno de los motivos alegados ante el tribunal por la empresa perjudicada era que en la votaci¨®n hab¨ªa intervenido un concejal del Ayuntamiento que manten¨ªa un pleito por desahucio con uno de los socios de la industria y que, por tanto, el citado edil debi¨® abstenerse en la votaci¨®n. Los jueces entiende que tal circunstancia no es motivo para que el concejal "se?or Sanz-Gadea" [Juan Manuel Sanz-Gadea] se abstenga, ya que, aunque es cierto que existi¨® un procedimiento judicial al respecto, ¨¦ste hab¨ªa concluido cuando se efectu¨® la votaci¨®n.

No obstante, la adjudicaci¨®n es nula porque el Ayuntamiento, al conceder la contrata a la empresa cuya postura era m¨¢s elevada, obvi¨® sus propias bases, esto es, elegir la oferta "m¨¢s ventajosa", ya que el criterio elegido por el propio Consistorio fue el econ¨®mico. "No debe plantear ninguna duda que la oferta m¨¢s econ¨®mica deducida del expediente era la de empresa constituida por Rogelio y Rafael de la Paliza e Hijos, pues ello se deduce de una mera comprobaci¨®n aritm¨¦tica entre ambas posturas, 126.791.317 pesetas frente a 132.847.391 pesetas. Y este dato", a?aden los jueces, "no puede ser objeto de interpretaci¨®n alguna".

El tribunal agrega en su fallo judicial: "No cabe duda de la arbitrariedad en la que incurri¨® la corporaci¨®n demandada al adjudicar el contrato a una empresa que no resultaba ofrecer la proposici¨®n m¨¢s ventajosa", pese a que el Ayuntamiento "autolimit¨® sus facultades decisorias al atenerse ¨²nicamente al criterio econ¨®mico".

El tribunal ordena que se indemnice a la empresa perjudicada "por los da?os y perjuicios causados por la adjudicaci¨®n que en su favor debi¨® haber existido". La sentencia indica que la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n se fijar¨¢ "en ejecuci¨®n de sentencia".

Sin embargo, el Consistorio de Boadilla del Monte recurri¨® la sentencia ante el Tribunal Supremo, a finales del mes pasado, argumentando que si hubiera acatado y ejecutado la sentencia nada m¨¢s recibirla, la localidad se hubiera quedado sin servicio de recogida de basuras, informa Juan Franc¨¦s.

El recurso ante el Tribunal Supremo, seg¨²n informaron ayer fuentes municipales, es una maniobra tendente a aplazar el cumplimiento de la sentencia por parte del equipo municipal a fin de encontrar, mientras tanto, otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio.