De vida o muerte

No pasa un solo d¨ªa sin que la muerte en el tajo de un obrero de la construcci¨®n, de un minero o un accidente m¨²ltiple en una empresa qu¨ªmica o de pirotecnia recuerde a los ciudadanos que Espa?a es el pa¨ªs con el ¨ªndice de siniestralidad m¨¢s elevado de Europa. Las cifras que se publican peri¨®dicamente infunden pavor. En 1999 murieron 1.572 personas en mill¨®n y medio de accidentes laborales, a un ritmo de cuatro muertos cada d¨ªa. La tasa espa?ola de mortalidad por este tipo de accidentes, 10 por cada 100.000 trabajadores, duplica la de la Uni¨®n Europea.Este terrible problema no es coyuntural; se extiende y acrecienta con el tiempo. En los ¨²ltimos cuatro a?os han muerto 5.840 trabajadores y han resultado lesionados graves otros 43.347. El coste econ¨®mico -quiz¨¢ lo menos importante frente a la continua p¨¦rdida de vidas- asciende a la fabulosa cifra de nueve billones de pesetas en el cuatrienio. Si Espa?a es un socio del exquisito club de la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria (UEM) por derecho propio, en materia de seguridad laboral est¨¢ en niveles tercermundistas; y, lo que es peor, la persistente hemorragia de vidas humanas no parece haber despertado una sensibilidad especial hacia el problema, que es hoy uno de los m¨¢s dram¨¢ticos a los que se enfrenta la sociedad espa?ola.

El Defensor del Pueblo ha anunciado que abrir¨¢ una investigaci¨®n para analizar la siniestralidad laboral. Es sin duda una iniciativa loable. La ra¨ªz de esta abominable cadena mortal hay que buscarla en la indiferencia de las empresas y en la pasividad de la Administraci¨®n. Las estad¨ªsticas radiograf¨ªan la escalofriante incapacidad de las empresas espa?olas para comprender el problema que tienen ante sus ojos. S¨®lo el 11% de los empresarios conoce la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales y apenas el 9% ha puesto en marcha todas las exigencias de esta ley.

Para confirmar esta insensibilidad basta con observar los andamios en las calles (los obreros trabajan sin redes de seguridad ni protecci¨®n alguna) o las condiciones en que se trabaja en tareas de alto riesgo mec¨¢nico y qu¨ªmico. Las industrias espa?olas no est¨¢n mayoritariamente concienciadas de que deben seguirse normas de seguridad a rajatabla en todas las actividades que impliquen una m¨ªnima probabilidad de accidente, de que tales normas han de imponerse severamente a los trabajadores y de que cualquier distracci¨®n en su aplicaci¨®n equivale a ser c¨®mplice de los accidentes, lesiones y muertes que se produzcan.

El Gobierno tambi¨¦n es responsable por omisi¨®n. La Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales no ha servido para aumentar la seguridad, aunque, eso s¨ª, parece haber aumentado el volumen de negocio de quienes se dedican a formar a los t¨¦cnicos de prevenci¨®n de riesgos. Resulta que en Espa?a hay un inspector de trabajo por cada 27.000 trabajadores; la media europea es de uno por cada 7.000. Es una obligaci¨®n moral de los responsables pol¨ªticos tomarse en serio la tarea de reducir tan incre¨ªble diferencia, sea en el campanudo ¨¢mbito de los acuerdos con las empresas y los sindicatos que se conoce como pacto social, o en iniciativas parlamentarias adoptadas al efecto.

Para sorpresa de nuestros gobernantes, las buenas noticias macroecon¨®micas coexisten con s¨ªntomas de deterioro del Estado del bienestar. Primero han sido las listas de espera en la sanidad p¨²blica, y enseguida datos sobre la penuria de la Administraci¨®n de justicia tan desoladores como los descritos la semana pasada por el presidente de la Audiencia de Madrid. A ello se une, aunque el problema es viejo, lo revelado por las estad¨ªsticas de accidentes laborales: un tema de vida o muerte.