M¨¢s que una reforma

El Gobierno de Aznar tiene prisas por sacarse la espina de la Ley de Extranjer¨ªa, aprobada con su frontal oposici¨®n al t¨¦rmino de la anterior legislatura pero con la que coquete¨® durante buena parte de su tramitaci¨®n parlamentaria para complacer a sus entonces especialmente valiosos socios de CiU, patrocinadores de la iniciativa legislativa. Prueba de ello es que se ha puesto como plazo el 30 de junio para remitir a las Cortes el texto del nuevo proyecto de ley, dado a conocer el mi¨¦rcoles al conjunto de fuerzas pol¨ªticas.A tenor del borrador conocido, el pr¨®posito del Gobierno trasciende los l¨ªmites de una reforma de la apenas estrenada Ley de Extranjer¨ªa. Se trata, en la pr¨¢ctica, de una nueva ley, en su letra y en su esp¨ªritu, que nada tiene que ver con la vigente desde el 1 de febrero. De no ser as¨ª, ?tendr¨ªa sentido proponer modificaciones en 56 de sus 63 art¨ªculos? El Gobierno, como de costumbre, ofrece consenso, pero bajo condiciones leoninas dif¨ªcilmente aceptables. De momento, su borrador ha merecido el rechazo frontal de las fuerzas pol¨ªticas de la oposici¨®n, incluido el PSOE, y la aceptaci¨®n m¨¢s o menos resignada o gratificada por parte de las m¨¢s pr¨®ximas como CiU y Coalici¨®n Canaria. Desde sectores de la Iglesia tambi¨¦n se contempla con inquietud la reforma del Gobierno.

Seguramente existen aspectos de la actual ley de Extranjer¨ªa que deben ser mejorados e incluso eliminados. Algunos coinciden con las preocupaciones m¨¢s sentidas por el Gobierno. Puede diferenciarse m¨¢s n¨ªtidamente el marco legal de los inmigrantes en situaci¨®n irregular -llegados a Espa?a en muchos casos legalmente y que esperan regularizarse- y el de los ya regularizados. ?Pero puede dejarse a los primeros ayunos de derechos pol¨ªticos b¨¢sicos como los de reuni¨®n y sindicaci¨®n o que supongan alg¨²n tipo de prestaci¨®n social y econ¨®mica? El delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n dice que conservan derechos b¨¢sicos como el de respeto a la vida y la integridad f¨ªsica. ?Faltar¨ªa m¨¢s! ?O acaso se les podr¨ªa matar o apalear? El Tribunal Constitucional se las ver¨ªa y desear¨ªa para hacer distingos tan finos como los que aventura el borrador del Gobierno respecto de los derechos fundamentales de la persona.

Es posible tambi¨¦n que sea excesivo el control judicial sobre actos en principio propios del Gobierno. Es el caso de la concesi¨®n de visados. Pero ?puede dejarse indefensos ante su expulsi¨®n inmediata a inmigrantes que esperan cumplir las condiciones de regularizaci¨®n o que incluso han iniciado contactos con la Administraci¨®n para arreglar sus papeles? Habr¨¢ que hilar muy fino para que las facultades discrecionales del Gobierno sobre el control del movimiento migratorio se atengan a las reglas del Estado de derecho y no vulneren derechos b¨¢sicos o establezcan absurdos y lesivos agravios comparativos entre inmigrantes.

Las fuerzas pol¨ªticas tendr¨¢n mucho que debatir si este primer borrador del Gobierno llega finalmente a las Cortes. Trasciende en ¨¦l una actitud de sospecha generalizada frente al inmigrante que rompe el principio de buena fe que rige las relaciones de la Administraci¨®n con cualquier ciudadano. En algunos puntos es especialmente mezquino: ?por qu¨¦ raz¨®n el llamado silencio administrativo, que la ley interpreta de forma positiva para el com¨²n de los ciudadanos, adquiere car¨¢cter negativo en el caso de los inmigrantes? No se alcanza a ver qu¨¦ relaci¨®n pueda haber entre este tipo de medidas, claramente discriminatorias, y el objetivo de crear cauces legales y sociales capaces de ordenar pac¨ªficamente la entrada y la integraci¨®n en la sociedad espa?ola de los inmigrantes que lleguen a nuestro pa¨ªs en los pr¨®ximos a?os.

El proyecto de Ley de Extranjer¨ªa conocido es un serio retroceso. En aras de la seguridad, que prima sobre cualquier otra consideraci¨®n, introduce restricciones de muy dudosa constitucionalidad. Desde esa perspectiva, la oferta de consenso es s¨®lo un ejercicio de propaganda. Espa?a no puede hacer tabla rasa de una experiencia hist¨®rica de emigraci¨®n ni olvidar sin m¨¢s que, a¨²n hoy, son m¨¢s los ciudadanos espa?oles que residen fuera del territorio espa?ol que los inmigrantes con residencia legal.