El Gobierno no indemnizar¨¢ a los terroristas de ETA heridos en atentados de los GAL

El Gobierno no otorgar¨¢ compensaciones econ¨®micas a los terroristas heridos en la guerra sucia contra ETA. Aunque la Ley de Solidaridad con las V¨ªctimas del Terrorismo (1999), aprobada por consenso durante la finalizada tregua de ETA, reconoce indemnizaciones "a todas las v¨ªctimas del terrorismo", el Ejecutivo interpreta que un reglamento de 1997 le permite no indemnizar a los "responsables de dichas actividades delictivas", seg¨²n ha reconocido el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo. S¨ª se pagar¨¢n las cantidades a las familias de los terroristas muertos en atentado.

El Gobierno ha echado mano de un reglamento de 1997 para endurecer la concesi¨®n de indemnizaciones a los terroristas v¨ªctimas de los GAL una vez que ETA ha vuelto a matar. La postura oficial, que explic¨® a este peri¨®dico Leopoldo Calvo-Sotelo, es que el Ejecutivo se atiene al "r¨¦gimen jur¨ªdico", y no a la reanudaci¨®n de los atentados. Pero un alto cargo del ministerio admite que "todo ser¨ªa distinto si ma?ana volviera la tregua".En octubre de 1999, poco antes del final del alto el fuego de 14 meses, se aprob¨® por unanimidad la Ley de Solidaridad para resarcir "a todas y cada una de las v¨ªctimas del terrorismo" por los "da?os f¨ªsicos o psicof¨ªsicos" sufridos entre el 1 de enero de 1968 y diciembre de 1999. El texto fue respaldado por los diputados nacionalistas vascos al incluirse a las v¨ªctimas de la guerra sucia -del Batall¨®n Vasco Espa?ol, de 1975 a 1982, y de los GAL, de 1983 a 1987- en el reparto de ayudas.

El Gobierno esgrime ahora el reglamento 1211/1997, inferior en rango y anterior a la Ley de Solidaridad, para excluir a los etarras heridos de las indemnizaciones. Son, al menos, 12; alguno sufri¨® m¨¢s de un ataque. El art¨ªculo 1.1 del reglamento establece que ser¨¢n resarcibles por el Estado los da?os derivados del terrorismo "a quienes no fueran responsables de dichas actividades delictivas". Interior interpreta que su aplicaci¨®n "como legislaci¨®n supletoria encaja", aunque la ley de 1999 invalide "todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan" a ella.

Fin del plazo

Ninguno de los etarras afectados por la nueva doctrina del Ejecutivo ha solicitado hasta ahora las indemnizaciones previstas en la Ley de Solidaridad. El plazo para hacerlo termina el pr¨®ximo viernes. Interior cree que ni siquiera "van a perder el tiempo" con solicitudes que no ser¨¢n atendidas.

El primer ejemplo de la nueva doctrina fue la denegaci¨®n, en mayo, de la ayuda a Antonio Cubillo, fundador del movimiento independentista radical canario MPAIC, herido en un atentado en Argelia en 1978. "La reglamentaci¨®n espec¨ªfica indemnizatoria s¨®lo dispensa protecci¨®n [...] a personas no responsables de dichas actividades [terroristas]", concluye Interior.

La Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo "condena el GAL". Pero su portavoz, Paulino Baena, matiza que "es dif¨ªcil que se nos sit¨²e en el mismo plano": "Salvo excepci¨®n, sus v¨ªctimas son terroristas".

El Gobierno si sufragar¨¢, ya ha empezado a hacerlo, las compensaciones econ¨®micas a los familiares de los etarras muertos: la responsabilidad por los actos terroristas es "personal" y no se extiende a sus herederos. En total, el terrorismo de Estado dej¨® 57 muertos y 27 heridos entre 1974 y 1987, adem¨¢s de decenas de atentados y secuestros frustrados. La compensaci¨®n en caso de muerte, si no hay sentencia judicial firme, es de 23 millones de pesetas. La de gran invalidez, 65 millones. Cuando hay sentencia suelen ser mayores; hasta el doble. Las expectativas gubernamentales son que la ley afecte a unas 5.000 personas, entre muertos y heridos, con un cr¨¦dito inicial -ampliable- de 44.000 millones. El colectivo principal son los familiares de los 764 muertos por ETA en sus 32 a?os de existencia. El resto, los miles de heridos.

En los cinco primeros meses de plazo, la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n de las ayudas hab¨ªa recibido m¨¢s de 2.000 expedientes, con petici¨®n de indemnizaciones para 4.600 personas. Se han resuelto ya m¨¢s de 1.000, que compensan a 1.370 personas por un valor total de 19.000 millones de pesetas.

Cuando no hay sentencia es la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n la que decide la procedencia o no de los pagos. Su calificaci¨®n de alguien como terrorista no depende de un tribunal, sino de los "archivos de la seguridad del Estado".

La definici¨®n de acto terrorista que se escogi¨® para conceder las ayudas es muy amplia, de forma que que pudiera englobar el m¨¢ximo de v¨ªctimas. Se pact¨® en un momento de tregua y consenso entre los partidos -muy distinto del actual-: "Hechos perpetrados por personas integradas en grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana".

La vuelta de los atentados de ETA -cinco muertos ya- ha obligado a preparar una reforma de la ley para que se beneficien de las ayudas sus nuevas v¨ªctimas.