El Constitucional vuelve a negar la entrega a Italia de mafiosos condenados en ausencia

Dos nuevas sentencias del Tribunal Constitucional, de 12 de junio ¨²ltimo, insisten en negar la extradici¨®n de delincuentes reclamados por Italia para que cumplan condenas decididas en ausencia del acusado. En esta ocasi¨®n se trata del mafioso italiano Giovanni Greco, con m¨¢s de 27 a?os de c¨¢rcel pendientes de cumplir, por participar en dos atracos, y del chileno Roberto Claudio Pe?a Torres, condenado a 13 a?os de c¨¢rcel por narcotr¨¢fico. En ambos casos, la Audiencia Nacional hab¨ªa declarado procedente la extradici¨®n, ahora anulada. El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, record¨® ayer el deber de asumir la jurisprudencia constitucional, aunque estim¨® "correctas, por supuesto", las resoluciones anuladas.

La sentencia que marc¨® la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional fue la de 30 de marzo de este a?o, que ampar¨® a Dom¨¦nico Paviglianiti, uno de los jefes de la organizaci¨®n mafiosa 'ndranguetta, condenado a m¨¢s de 32 a?os de c¨¢rcel por narcotr¨¢fico, asesinato y terrorismo, entre otros delitos, por los que fue juzgado en ausencia, modalidad posible legalmente en Italia.La sentencia del pleno del Tribunal Constitucional, de la que fue ponente Tom¨¢s S.Vives, cont¨® con los votos particulares del presidente, Pedro Cruz Villal¨®n, y los magistrados Manuel Jim¨¦nez de Parga, Rafael Mendiz¨¢bal y Vicente Conde. El vicepresidente, Carles Viver, tampoco comparti¨® el criterio de la mayor¨ªa, aunque no redact¨® voto particular.

Los magistrados discrepantes coincidieron en que no debi¨® anularse la extradici¨®n estimada procedente por la Audiencia Nacional ya que Italia comparte con Espa?a las garant¨ªas procesales del marco jur¨ªdico europeo. En todo caso, en cumplimiento de la sentencia, la Audiencia Nacional dictar¨¢ una nueva resoluci¨®n en la que condicionar¨¢ la entrega de Paviglianiti a Italia a la repetici¨®n del juicio o a la posibilidad de impugnar la anterior condena.

La anulaci¨®n de resoluciones de la Audiencia Nacional y la necesidad de dictar otras adaptadas a la jurisprudencia constitucional fue admitida ayer por el presidente de dicho ¨®rgano judicial, Clemente Auger, como "una obligaci¨®n que impone a todos los tribunales espa?oles el art¨ªculo 5 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial". En todo caso, Auger considera "correctas, por supuesto", las decisiones de los jueces de la Audiencia Nacional que declararon procedente la extradici¨®n.

A ra¨ªz de la sentencia sobre Paviglianiti, EL PA?S inform¨® sobre los centenares de ¨®rdenes de detenci¨®n contra mafiosos italianos paralizadas por la polic¨ªa espa?ola, de acuerdo con el criterio de la fiscal¨ªa, que tampoco reconoce los juicios en rebeld¨ªa celebrados en Italia, as¨ª como del intento de comprar con 70 millones de pesetas a un funcionario de la judicatura espa?ola, del que alert¨® Armando Spataro, ex fiscal antimafia y miembro del Consejo Superior de la Magistratura italiana.

Desde el Ministerio de Justicia italiano se advirti¨® al Consejo General del Poder Judicial de que esta postura de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y de la polic¨ªa era "¨²nica en Europa". Su queja fue abordada en la reciente cumbre de N¨¢poles entre los Gobiernos de Espa?a e Italia. Como gesto de buena voluntad, el 10 de junio pasado el Ejecutivo espa?ol decidi¨® levantar la anulaci¨®n de 831 ¨®rdenes de detenci¨®n, de un total de 1.089, para la extradici¨®n dictadas por jueces italianos contra mafiosos refugiados en Espa?a.

Sin embargo, el Constitucional sigue manteniendo su criterio. Una de las dos ¨²ltimas sentencias, conocida ayer y dictada el 12 de junio, s¨®lo dos d¨ªas despu¨¦s del gesto del Gobierno espa?ol, anula la extradici¨®n a Italia "de manera incondicionada" de Giovanni Greco. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Mar¨ªa Emilia Casas, recuerda que la Constituci¨®n espa?ola "garantiza de forma absoluta el derecho del condenado en ausencia a penas graves a una ulterior posibilidad procesal de impugnaci¨®n de la condena". El Constitucional exige conciliar este derecho fundamental con la entrega de delincuentes a Italia.

El m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n razona que puede accederse a la entrega solicitada "siempre que la concesi¨®n de la extradici¨®n quede sometida a la condici¨®n de que el condenado pueda impugnar la condena para salvaguardar sus derechos de defensa". El Constitucional niega que de la simple falta de comparecencia del imputado pueda deducirse "una renuncia voluntaria al derecho a la autodefensa; y ello porque la comparecencia del acusado implica normalmente su ingreso en prisi¨®n".

As¨ª pues, la sentencia concluye que "la extradici¨®n del demandante a Italia s¨®lo podr¨ªa tener lugar con la condici¨®n expresa de que por el Estado italiano se prestaran las garant¨ªas de una posible impugnaci¨®n de la sentencia condenatoria dictada en rebeld¨ªa".

La otra sentencia, de la que es ponente Fernando Garrido Falla y que anula la extradici¨®n de Roberto Claudio Pe?a Torres, tambi¨¦n condenado en rebeld¨ªa, apunta hacia la misma soluci¨®n. La Audiencia deber¨¢ exigir "la condici¨®n de que por parte del Estado italiano, mediante un nuevo proceso, se den al recurrente las posibilidades de impugnaci¨®n suficientes para salvaguardar sus derechos de defensa". El problema subsistir¨¢ si Italia, como ha hecho hasta ahora, se niega a la modificaci¨®n de su legislaci¨®n o a aumentar las garant¨ªas de los mafiosos.