Los antiguos propietarios reclaman la isla de La Cabrera al Supremo

?De qui¨¦n es la isla de La Cabrera: del Ministerio de Defensa o de sus originarios due?os? En ello est¨¢ ahora el Tribunal Supremo despu¨¦s de que una sentencia del Tribunal Superior de Madrid haya fallado, con el voto discrepante de un magistrado, que "la mayor extensi¨®n insular del Mediterr¨¢neo a¨²n sin urbanizar y el mayor de los peque?os archipi¨¦lagos de Espa?a" debe seguir en manos p¨²blicas.Los herederos y descendientes de su antiguo propietario, Sebasti¨¢n Feliu de Cabrera y Quadre?y, mantienen desde hace a?os, antes con el extinto Ministerio de la Guerra y ahora con el de Defensa, una perseverante batalla judicial. Entienden que el archipi¨¦lago debe revertir a sus antiguos propietarios porque incumple las razones "de defensa y seguridad nacional" que llevaron al Estado en 1915 a su expropiaci¨®n. El Estado pag¨® a los Feliu 362.148 pesetas, de las de entonces, por sus 1.573 hect¨¢reas (una extensi¨®n equivalente a 1.573 campos de f¨²tbol).

La declaraci¨®n de la isla, en 1991, como parque nacional mar¨ªtimo-terrestre llev¨® a sus antiguos due?os a reclamar su titularidad por la v¨ªa judicial, tras fracasar pleitos anteriores. Ahora, la reclamaci¨®n se basa en que la isla ha quedado "desafectada" de su original contenido militar y que procede la reversi¨®n.

Guerra de guerrillas

En los escritos enviados a los jueces, Defensa mantiene que, si bien la isla "ya no es necesaria para la defensa nacional", a¨²n permanece all¨ª una peque?a guarnici¨®n militar en activo (un barrac¨®n, una cantina y varias instalaciones castrenses), y que se sigue utilizando para "la guerra de guerrillas" por las compa?¨ªas de operaciones especiales. Defensa argumenta que en la declaraci¨®n de espacio natural se recoge la compatibilidad de las actividades militarres con la conservaci¨®n de la fauna y especies animales.

El Tribunal Superior ha dictaminado, de momento, por mayor¨ªa de votos, que la isla debe seguir en manos del Estado. No obstante, uno de los magistrados, Miguel L¨®pez-Mu?iz Go?i, a lo largo de los 27 folios que ocupa su voto discrepante, sostiene que la isla ha quedado "desafectada" y debe revertir a sus originarios due?os.

Los jueces contrarios a la devoluci¨®n, mayoritarios, mantienen que "el predio sigue afecto a los intereses de seguridad nacional", porque Defensa lo sigue utilizando para "entrenamientos militares", afirman, y se?alan que lo ¨²nico que ha hecho el Estado "es declarar medidas especiales de protecci¨®n de la naturaleza".

El magistrado discrepante se?ala que la ley que declar¨® parque nacional la isla permite ciertamente "simultanear el uso militar" con su protecci¨®n natural, pero no as¨ª el plan rector elaborado al respecto "por la Administraci¨®n, que ha sustra¨ªdo pr¨¢cticamente toda la isla de su aplicaci¨®n militar y vetado su ocupaci¨®n y uso". Seg¨²n el magistrado, "el plan rector establece como zonas reservadas plenamente al uso castrense los edificios y las instalaciones, excluyendo el resto del territorio del uso militar pleno".