La Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas pide que se investigue el perd¨®n de deudas a Ercros
La Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas ha pedido la apertura de un procedimiento de responsabilidad contable y el nombramiento de un delegado instructor para que investigue la condonaci¨®n de deudas y las subvenciones al grupo Ercros aprobadas por la Comisi¨®n Delegada del Gobierno hace dos a?os. El asunto m¨¢s espinoso, denunciado por el PSOE en junio de 1998, fue el perd¨®n de un pr¨¦stamo participativo a Ercros de 8.500 millones por parte del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO). El entonces ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, presidente de Ercros hasta 1996, fue quien tramit¨® esa iniciativa.
La solicitud del fiscal del Tribunal de Cuentas, firmada por Carlos L. de Cegama Fern¨¢ndez, est¨¢ detallada en sendos escritos del 5 de abril y del 12 de mayo de este mismo a?o. Cuenta con la oposici¨®n del abogado del Estado en el organismo, que considera que en el caso denunciado "no se aprecia ni la existencia indiciaria de elementos de responsabilidad contable ni el suficiente grado de individualizaci¨®n" que permitan avanzar en el procedimiento. La decisi¨®n de continuarlo o archivarlo queda en manos del consejero del tribunal al que le cay¨® en suerte el asunto, Antonio de la Rosa Alemany.El fiscal afirma en sus escritos que el procedimiento a seguir en el caso debe ser el de "reintegro por alcance", de acuerdo con el art¨ªculo 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Este art¨ªculo define el alcance como "el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en t¨¦rminos generales, la ausencia de numerario o de justificaci¨®n en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos p¨²blicos".
Acci¨®n p¨²blica
En la iniciativa (acci¨®n p¨²blica) presentada el 28 de junio de 1998 ante el Tribunal de Cuentas por los entonces diputados socialistas Antonio Cuevas Delgado, Javier Fern¨¢ndez y ?ngel Mart¨ªnez Sanju¨¢n se solicitaba la declaraci¨®n de responsabilidad "directa y solidaria" de todos los miembros de la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ¨®micos que participaron y aprobaron las operaciones de Ercros.
La ley prev¨¦ la prohibici¨®n de ocupar altos cargos en un periodo de entre tres y diez a?os si el incumplimiento de las normas contables fuera calificado de "muy grave". Las sanciones, en su caso, deber¨ªan ser impuestas por el Ministerio de Administraciones P¨²blicas.
Fue el Ministerio de Industria, dirigido entonces por Josep Piqu¨¦, presidente de Ercros hasta 1996 y ahora titular de Asuntos Exteriores, el que tramit¨® la propuesta de condonaci¨®n de deudas de Ercros. La operaci¨®n fue aprobada finalmente con acuerdos de tres ministerios, el de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigido por Javier Arenas; el de Industria, por Piqu¨¦, y el de Econom¨ªa y Hacienda, por Rodrigo Rato.
La decisi¨®n de condonar las deudas a la empresa que hab¨ªa dirigido el mismo ministro que tramitaba el perd¨®n de las mismas provoc¨® una agria pol¨¦mica parlamentaria. La oposici¨®n la calific¨® de "arbitaria y contraria a derecho" y record¨® que ya el mismo Piqu¨¦, en septiembre de 1995, siendo presidente de la compa?¨ªa, solicit¨® el perd¨®n del cr¨¦dito de 8.500 millones que hab¨ªa sido concedido a Ercros en 1994.
La pol¨¦mica oblig¨® a Piqu¨¦ a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caso. En su comparecencia de junio de 1998, el entonces ministro de Industria neg¨® que hubiera vulnerado la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, as¨ª como que hubiese habido trato de favor hacia su antigua empresa y record¨® que los sucesivos Gobiernos socialistas subvencionaron tambi¨¦n al grupo qu¨ªmico Ercros, desde que ¨¦ste suspendi¨® pagos en 1992, con m¨¢s de 28.000 millones.
Defensa
Piqu¨¦ se defendi¨® de las acusaciones de haber vulnerado la Ley de Incompatibilidades asegurando que no asisti¨® a las reuniones de la Comisi¨®n Delegada del Gobierno en las que se discuti¨® y finalmente se aprob¨® la condonaci¨®n -"rescate", seg¨²n Piqu¨¦- de la deuda de Ercros. Para probarlo present¨® los telegramas enviados por su secretar¨ªa a la Comisi¨®n Delegada anunciando su ausencia.
No obstante, la oposici¨®n, el PSOE e IU, destacaron como hecho m¨¢s relevante el detalle de que en el acta de la Comisi¨®n Delegada del 4 de junio de 1998, que daba cuenta del acuerdo adoptado respecto a Ercros, apareciera la firma del ministro.
La denuncia presentada por el PSOE ante el Tribunal de Cuentas fue contestada en su momento con una iniciativa similar por parte del PP referida a los acuerdos adoptados sobre la misma compa?¨ªa, Ercros, en fechas anteriores a la de 1996, cuando el PP gan¨® las elecciones generales y form¨® Gobierno.
La petici¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas reaviva un caso con m¨²ltiples derivaciones, el de Ercros, que est¨¢ siendo investigado en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Barcelona, por un presunto delito de alzamiento de bienes, y por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, por la venta de la filial de Ercros, Ertoil, en 1991.
El asunto tambi¨¦n pas¨® por el Tribunal Supremo al afectar a una persona aforada, Piqu¨¦, y este ¨®rgano judicial decidi¨® quedarse con la copia del caso a la espera de ver su evoluci¨®n en los juzgados ordinarios.
"Regalo" o "rescate"
El Tribunal de Cuentas debe decidir si el Gobierno actu¨® conforme a derecho al ayudar a Ercros. Primero, el 10 de junio de 1997, modificando las condiciones de amortizaci¨®n de deuda de FESA e Inmobiliaria Espacio -12.187 millones de pesetas-; segundo, al condonar -"rescatar", seg¨²n reiter¨® el entonces ministro de Industria, Josep Piqu¨¦- el 4 de junio de 1998 otros 8.500 millones que Ercros deb¨ªa al Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) desde 1994.El acuerdo de la Comisi¨®n Delegada de 4 de junio limpi¨® la deuda de 8.500 millones del balance de Ercros a cambio de que la compa?¨ªa pagara 1.100 millones al ICO.
Adem¨¢s, el acuerdo autoriz¨® al ICO a adquirir bienes propiedad de Ercros, que estaban hipotecados a favor de la Hacienda P¨²blica y la Seguridad Social, por 5.000 millones de pesetas.
La oposici¨®n puso el grito en el cielo y calific¨® la medida de "perd¨®n", "condonaci¨®n" y "regalo" que perjudicaba a la Hacienda P¨²blica con el argumento de "consolidar un grupo industrial".
Frente a esta lectura, el ministro e impulsor de la medida, Piqu¨¦, asegur¨® que, en realidad, la operaci¨®n era incluso un buen negocio para el propio ICO.
?Por qu¨¦? Porque, seg¨²n dijo, el ICO no esperaba cobrar "nunca" el cr¨¦dito concedido en su d¨ªa a la compa?¨ªa que presidi¨®.
"En la pr¨¢ctica", asegur¨® Piqu¨¦ el 21 de enero de 1999, el pr¨¦stamo "era a fondo perdido y, por tanto, no era necesario que se devolviera". "Todo el mundo sabe", a?adi¨®, "que este cr¨¦dito no tiene ning¨²n valor".
La investigaci¨®n dio origen a una tormenta entre los fiscales
La posici¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de investigar la legalidad de las ayudas concedidas a Ercros a partir de 1997 puede desatar una tormenta como la que, en su d¨ªa, se registr¨® en el Tribunal Supremo.En principio, la postura del fiscal es firme. As¨ª lo demuestran los dos escritos a favor de la indagaci¨®n, de abril y mayo de este a?o, en los que se opone a las tesis favorables al archivo de la causa que sostiene el abogado del Estado en el organismo.
Tambi¨¦n fue firme la postura que sostuvo en el Tribunal Supremo el fiscal Bartolom¨¦ Vargas. ?ste elabor¨® un informe en enero de este a?o en el que conclu¨ªa que hab¨ªa indicios suficientes para que el Supremo investigara al ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, por un presunto delito de alzamiento de bienes en Ercros.
El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, relev¨® entonces al fiscal del Supremo y con tal decisi¨®n provoc¨® un enorme revuelo entre los fiscales.
El Consejo Fiscal, en el que est¨¢n representadas todas las asociaciones de fiscales, desaprob¨® un¨¢nimente la forma en que Cardenal hizo ese relevo. Desde la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) se lleg¨® a afirmar que hab¨ªa existido una instrumentalizaci¨®n de la carrera fiscal en el caso.
Al margen de las repercusiones jur¨ªdicas, la actitud del fiscal del Tribunal de Cuentas puede tener tambi¨¦n consecuencias pol¨ªticas. La acci¨®n planteada por el PSOE ante ese organismo no dej¨® indiferentes en su momento a los responsables del Grupo Parlamentario Popular.
El PP plante¨® su propia acci¨®n en el Tribunal de Cuentas contra los responsables socialistas que en 1994 aprobaron el cr¨¦dito de 8.500 millones de pesetas a la compa?¨ªa Ercros y, en los pasillos del Congreso, socialistas y populares han tratado m¨¢s de una vez, y recientemente, de las consecuencias de mantener la batalla en torno a Ercros y al actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu¨¦.
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