EE UU ratifica que es obligatorio leer los derechos a todos los detenidos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirm¨® ayer su hist¨®rica decisi¨®n de 1966, la llamada Norma Miranda, que obliga a la polic¨ªa a leerle sus derechos a todos y cada uno de los detenidos. Pese al cambio de clima pol¨ªtico y judicial desde el progresismo de los a?os sesenta al mayor conservadurismo actual, el Supremo, por siete votos a favor frente a dos en contra, sentenci¨® ayer que las declaraciones de los detenidos a la polic¨ªa s¨®lo son v¨¢lidas ante un tribunal si ¨¦stos han sido informados previamente de su derecho a guardar silencio y a exigir un abogado, aunque sea de oficio."Mantenemos Miranda", declar¨® William Rehnquist, presidente del Supremo. Fue una gran victoria para las asociaciones de derechos humanos y una derrota de las muchas fuerzas policiales estadounidenses que ped¨ªan la abolici¨®n de esta regla. En los ¨²ltimos siete lustros, la polic¨ªa se ha quejado en numerosas ocasiones de que el olvido a la hora de leerle sus derechos al detenido significa la puesta en libertad de 400.000 culpables cada a?o.

Rehnquist subray¨® que la decisi¨®n del Supremo de 1966, bajo la presidencia del liberal Earl Warren, tiene car¨¢cter constitucional, por lo que no puede ser abolida o alterada por ninguna ley aprobada por el Congreso de EEUU o por ninguno de los legislativos de los 50 Estados norteamericanos. El presidente del Supremo a?adi¨® que Miranda se ha enraizado en los comportamientos de la polic¨ªa y los tribunales del pa¨ªs.

Confesi¨®n ante el FBI

El Supremo se hab¨ªa visto obligado a pronunciarse sobre esta norma a consecuencia del llamado caso Charles Dickerson, un sospechoso de una serie de robos en bancos de Virginia y Maryland. Dickerson confes¨® la autor¨ªa de esos robos en enero de 1997 ante agentes del FBI que no le hab¨ªan le¨ªdo sus derechos. Por este motivo, un juez de Virginia rechaz¨® que esa confesi¨®n pudiera usarse como prueba en el juicio. En el siguiente escal¨®n judicial, un Tribunal de Apelaciones de Richmond (Virginia) desautoriz¨® al juez y acept¨® el uso de la confesi¨®n.

Tras escuchar argumentos en ambos sentidos, el Supremo, en su sentencia de ayer, revalida el criterio del primer juez y establece que el Tribunal de Apelaciones actu¨® err¨®neamente al no darle toda su validez a la Norma Miranda.

Este debate ha apasionado en los ¨²ltimos meses a los medios pol¨ªticos y jur¨ªdicos estadounidenses. Frente al criterio de las fuerzas policiales, el departamento de Justicia de EEUU se ha alineado con rotundidad en el campo, victorioso, de los partidarios de la obligatoriedad absoluta de Miranda.

En este a?o electoral, el debate tambi¨¦n se ha incorporado a la carrera hacia la Casa Blanca. Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el candidato presidencial republicano George Bush se declar¨® partidario de discutir la vigencia y el alcance de la norma. Por el contrario, Al Gore, candidato dem¨®crata, se manifest¨® a favor de no alterar ni una coma de la letra y el esp¨ªritu de la decisi¨®n de 1996.