El secretario municipal pone reparos a la anulaci¨®n del derribo de El Morlaco
Un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de M¨¢laga ha planteado algunas dudas t¨¦cnicas sobre el acuerdo que hoy adoptar¨¢ el pleno con los votos del PP para anular una decisi¨®n anterior de la Corporaci¨®n que ordenaba el derribo de una planta en el edificio Mirador de El Cerrado, en el paraje de El Morlaco, que hab¨ªa sido construida de m¨¢s. En el dictamen, que no tiene car¨¢cter vinculante, el secretario recomienda a la corporaci¨®n que pida dictamen al Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa.
El pleno del Ayuntamiento de M¨¢laga tiene previsto aprobar hoy la revocaci¨®n de un acuerdo adoptado por la Corporaci¨®n en enero de 1999 en el que se ordenaba el derribo de una planta del pol¨¦mico edificio, construido con exceso de altura y volumen sobre lo permitido en la licencia de obras. Esta medida fue aprobada con los votos de la oposici¨®n, PSOE, IU y Nueva Izquierda, que entonces sumaban mayor¨ªa absoluta en la corporaci¨®n. El PP propuso una sanci¨®n de 31 millones de pesetas y el derribo s¨®lo de los casetones de los ascensores, propuesta que pretende sacar ahora adelante una vez que se revoque el acuerdo. El PSOE ha tachado la revocaci¨®n de "inmoralidad administrativa".Para dar amparo jur¨ªdico a esta decisi¨®n, el equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre (PP) ha utilizado un informe encargado al catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Parejo Alfonso. Uno de los principales argumentos usados en este dictamen es la desproporcionalidad de la medida.
La oposici¨®n ha cuestionado que el equipo de gobierno haya recurrido a encargar un informe externo "a medida de sus intereses", seg¨²n la consideraci¨®n del portavoz del PSOE, Francisco Oliva, para dar cobertura a su propuesta de revocaci¨®n. Las dos formaciones de la oposici¨®n pidieron el pasado lunes durante el debate en el consejo de Urbanismo un informe del secretario municipal. ?ste deja claro en su dictamen que no es preceptivo y, por consiguiente, tampoco vinculante.
El secretario municipal no cuestiona el dictamen del catedr¨¢tico Parejo Alfonso ni contempla consideraciones taxativas, pero s¨ª plantea algunas dudas sobre el uso que se puede dar en este caso a algunos de los criterios que la ley establece para la revocaci¨®n de acuerdos.
S¨ª admite el secretario que la revocaci¨®n cuenta con suficientes elementos jur¨ªdicos sobre cl componente t¨¦cnico y de valoraci¨®n de oportunidad. Sin embargo, aconseja que se adopten mayores cautelas respecto al alcance que el acto tendr¨¢ para las partes afectadas y la consideraci¨®n del inter¨¦s para el bien p¨²blico. En este sentido, el secretario propone que ante "la dificultad que aporta, respecto a las vertientes favorecedoras del acto, la existencia de posibles intereses antag¨®nicos", la Corporaci¨®n pida antes de tomar una decisi¨®n el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa.
Seg¨²n el secretario, este dictamen dar¨ªa mayor seguridad al Ayuntamiento ante los posibles recursos de las partes implicadas porque dar¨ªa a la decisi¨®n de la Corporaci¨®n una trascendencia incluso ante los tribunales de justicia "dif¨ªcilmente alcanzable por argumentaciones jur¨ªdicas de parte, cualquiera que fuere la perspectiva de la que procediere y la solvencia de quien la aportare".
El portavoz del PSOE, Francisco Oliva, asegur¨® ayer que es "tremendo" que para tomar una decisi¨®n de este tipo se encargue un informe externo "que no s¨®lo ha sido usado como asesoramiento, sino que se toman fragmentos literales para la resoluci¨®n".
Oliva se quej¨® de que no se conozca cu¨¢nto ha costado el informe e incluso se pregunt¨® si su pago "tendr¨¢ algo que ver con la multa de 31 millones de pesetas" que el equipo de Gobierno va a imponer a la constructora. Tambi¨¦n ha lamentado el PSOE que el Consistorio no haya hecho el derribo subsidiariamente como se acord¨® por unanimidad en mayo de 1999.
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