Acci¨®n abusiva

La decisi¨®n de la Comisi¨®n Europea de demandar a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la UE por el abuso de la denominada acci¨®n de oro o golden share, que permite al Gobierno obstaculizar o vetar decisiones de antiguas empresas p¨²blicas hoy privatizadas, debe ser interpretada como una respuesta razonable a un conflicto que no es privativo de nuestro pa¨ªs. El Ejecutivo comunitario entiende que, en el caso espa?ol, "el uso de las facultades especiales" atribuidas al Gobierno por la ley de 1995 ha sido excesivo para el objetivo que se pretende: asegurar el suministro de servicios de inter¨¦s p¨²blico. En suma, que ha utilizado abusivamente la norma legal que regula la aplicaci¨®n de la acci¨®n de oro, aprobada durante la ¨²ltima legislatura socialista. Espa?a entra as¨ª en el club de Estados a los que la Comisi¨®n ha demandado por el mismo motivo: B¨¦lgica, Francia, Portugal e Italia, con el resultado de dos condenas firmes en este ¨²ltimo caso.A la luz de esta demanda se advierte hasta qu¨¦ punto result¨® excesiva la aplicaci¨®n del derecho de veto del Gobierno a empresas privatizadas como Altadis -antigua Tabacalera- o Argentaria, cuya actividad dif¨ªcilmente puede definirse como servicio de inter¨¦s p¨²blico; y se aprecia el grado de perturbaci¨®n que produce la amenaza de aplicaci¨®n de ese derecho de veto sobre decisiones de empresas privadas. El ministro de Hacienda asegur¨® ayer que el Gobierno espa?ol nunca ha aplicado el derecho de veto que le permite la legislaci¨®n; pero esa afirmaci¨®n es una verdad a medias. El problema de la acci¨®n de oro no es tanto su aplicaci¨®n formal como el efecto disuasorio que produce la simple amenaza de que puede aplicarse. Es evidente que el Gobierno de Aznar ejerci¨® plenamente esa amenaza en el caso de la operaci¨®n de Telef¨®nica y KPN, y es igualmente evidente que la ejerci¨® de modo informal y sin exposici¨®n de motivos.

Es dif¨ªcil encontrar argumentos en contra de la demanda presentada por el comisario europeo de Mercado Interior, Frederick Bolkestein. Por el contrario, nada m¨¢s l¨®gico que su departamento se ocupe de preservar la libertad de movimiento de capitales. Pero, dicho lo anterior, conviene recordar que existen otros instrumentos legales m¨¢s perjudiciales para la libertad de inversi¨®n en el espacio econ¨®mico europeo. Como, por ejemplo, las leyes nacionales que protegen al sector el¨¦ctrico en Francia o en Espa?a. Tan intervencionista o m¨¢s que la acci¨®n de oro es, por citar un caso pr¨®ximo, la disposici¨®n que somete a autorizaci¨®n previa del Gobierno las compras de empresas energ¨¦ticas privadas por parte de compa?¨ªas p¨²blicas espa?olas, que figura en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de 2000. La Comisar¨ªa de Competencia deber¨ªa exigir la anulaci¨®n de numerosas leyes nacionales que en un variado espectro de pa¨ªses de la UE resultan tanto o m¨¢s lesivas del libre establecimiento de empresas.