El gran hijo de la gran nada

Las expectativas de la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales de 1995 han sido defraudadas. Ser¨ªa excesivo culpar a la ley del incremento de la siniestralidad en estos cinco a?os, a raz¨®n de m¨¢s de un 10% anual, pero sin llegar tan lejos no es injusto afirmar su absoluta ineficacia. Los juristas sabemos que las leyes por si solas no transforman la realidad social, sino que requieren la acci¨®n constante de los poderes p¨²blicos, de las organizaciones sociales y de los propios ciudadanos. Y nada de esto ha ocurrido en este caso, puesto que unos y otros m¨¢s se distinguen por lamentar los efectos de la siniestralidad que por corregir las causas que la determinan.La m¨¢s visible del fracaso de la ley es su complejidad; mal elegidos que fueron en su seno los equilibrios entre Estado y comunidades aut¨®nomas, legislativo y Ejecutivo y disposiciones legales y negociadas. El resultado es una ley estatal de principios, ambigua en exceso, escoltada por docenas de reglamentos dispersos y asim¨¦tricos, inid¨®neos para su asequible conocimiento, interpretaci¨®n y aplicaci¨®n. Brilla por su ausencia, llegado el 2000, cualquier racionalizaci¨®n que brinde a los peque?os y medianos empresarios -m¨¢s del 95% del total- la facilidad de cumplir la ley, asign¨¢ndoles facultades para cortar por lo sano la resistencia de sus trabajadores a utilizar ciertos dispositivos protectores. Fallan tambi¨¦n las funciones de control de los trabajos prestados con inseguridad manifiesta, lo que, aceptando el buen hacer de los inspectores, se traduce en la clamorosa insuficiencia de sus efectivos. Tampoco la amenaza de una dura represi¨®n penal es disuasoria para los empresarios desaprensivos que anteponen su provecho a la integridad ajena, pues las condenas por delito de esta naturaleza siguen cont¨¢ndose con los dedos de una mano pese a los 1.671.004 accidentes de trabajo de 1999. Lo que quiz¨¢ ha aconsejado al fiscal jefe de una determinada circunscripci¨®n a conminar a sus subordinados a actuar contundentemente para imputar delitos de homicidio o de lesiones por imprudencia, tan plausible empe?o de futuro como paladino reconocimiento del pasado ineficaz.

La ley ha sido, hasta ahora, un feliz hallazgo para los hombres prevenientes y apenas una an¨¦cdota para los hombres a prevenir. Los pluriformes centros de ense?anza, los masters de cada d¨ªa, los t¨¦cnicos, auditores, gabinetes y estudiantes de prevenci¨®n, surgidos como las setas en estaci¨®n propicia, son ¨®ptima siembra para el recolector ¨²nicamente, sin que se haga visible el esfuerzo de subordinar lo adjetivo a lo sustantivo o a valorar siquiera tan sensible desproporci¨®n. Incluso los medios que conforman la opini¨®n, crispados al relatar las treinta o cuarenta mordeduras caninas anuales, serenan el ¨¢nimo cuando se enfrentan a los mil quinientos muertos que los accidentes cosechan en el mismo periodo.

Los obreros de Gante cre¨ªan, a¨²n a mitad del XIX, que la mejor prevenci¨®n contra los accidentes de trabajo era la misa diaria. Hoy se prefieren otros remedios, pero no se utilizan adecuadamente y, aunque la siniestralidad nos cuesta dos billones de pesetas por ejercicio, permanecemos pasivos cuando no atribuimos a la globalizaci¨®n o a la descentralizaci¨®n productiva las escandalosas cifras que nos apabullan; sin advertir que la econom¨ªa acaba por seguir en cada tiempo su camino natural, por lo que es absurdo culparla de cuanto sucede en los centros de trabajo, m¨¢xime si no se hace en ellos lo que hay que hacer para, sin variar lo invariable, dotarlos de mejoras factibles.

Para ser una buena ley, la de Prevenci¨®n deber¨ªa contar con la convicci¨®n social de su necesidad y esto obligar¨ªa a catalogar la siniestralidad como uno de los problemas que el pa¨ªs tiene sin resolver, quiz¨¢ el tercero tras el terrorismo y la inmigraci¨®n. Cuando las normas sean claras y las menos posibles, reservando espacios normativos a las comunidades aut¨®nomas y a la negociaci¨®n colectiva; los poderes p¨²blicos empapen a la ciudadan¨ªa de informaci¨®n diaria, exacta y cr¨ªtica; los funcionarios, en n¨²mero suficiente para que las empresas se visiten m¨¢s antes que despu¨¦s de ocurrir los accidentes, fuercen con su rigor a cumplir las prescripciones legales; los sindicatos lleven a sus plataformas reivindicativas esa prioritaria exigencia, por delante de cualquier otra m¨¢s conveniente para ellos o para beneficiarios concretos; los jueces y fiscales hagan que el delito espec¨ªfico no sea papel mojado; los altos recursos para la prevenci¨®n se traten en calidad de inversiones y no de costes, combin¨¢ndose con programas subvencionados para la modernizaci¨®n del equipamiento, con l¨ªneas de cr¨¦dito r¨¢pido y barato; el despido disciplinario pueda fundarse en la causa t¨ªpica del incumplimiento de las medidas de autoprotecci¨®n laboral. Cuando se comprenda, en fin, que los aspectos instrumentales se subordinan a los esenciales y que los hombres prevenientes no se justifican sino al servicio de los hombres a prevenir.

De otro modo, como en el verso de Jorge Guillen, aquella ley sucumbir¨¢ al riesgo de convertirse en el gran hijo de la gran nada.

Luis Enrique de la Villa Gil es catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Aut¨®noma de Madrid.