La Audiencia de Barcelona juzgar¨¢ en noviembre a la c¨²pula de Bankpyme por delito fiscal
La Audiencia de Barcelona ha se?alado para el pr¨®ximo 15 de noviembre el inicio de las sesiones del juicio contra la c¨²pula del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de "cooperaci¨®n necesaria" en un presunto delito fiscal cometido al comercializar dos fondos de inversi¨®n a finales de los a?os ochenta que permitieron a varios clientes no declarar m¨¢s de 2.000 millones de pesetas al fisco. El fiscal solicita para esos cuatro directivos del banco penas de entre ocho y nueve a?os de prisi¨®n.
El juicio se?alado por la Secci¨®n Segunda de lo Penal, que se prev¨¦ que acabe el 20 de diciembre, ser¨¢ el primero en el que se siente en el banquillo a la c¨²pula de un banco acusada de cooperaci¨®n necesaria en un presunto delito contra la Hacienda p¨²blica, cometido, en este caso, por algunos clientes del banco al liquidar el impuesto de la renta del ejercicio de 1988.En el auto que se?ala las fechas para el juicio se suger¨ªa a las partes que si ten¨ªan alg¨²n motivo que pudiera impedir su celebraci¨®n lo comunicasen a la sala. Bas¨¢ndose en ello, Bankpyme ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que aplace el juicio porque, seg¨²n afirman los representantes de la entidad financiera, el Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite un recurso de amparo sobre el caso relativo a la admisi¨®n de prueba. La Secci¨®n Segunda ha dado traslado de esa petici¨®n al fiscal para que informe.
En el escrito de acusaci¨®n del caso, datado en febrero de 1998, la fiscal¨ªa solicita ocho penas de un a?o de prisi¨®n por otros tantos delitos fiscales para Josep Jan¨¦ Sol¨¤, presidente ejecutivo de Bankpyme; Josep Maria Fabregat, vicepresidente de la entidad, y Alber Rivillo, apoderado de una filial del banco. Igual pena se solicita para Francesc Busquets, otro vicepresidente del banco, a quien se le imputa, adem¨¢s, otro delito fiscal como autor material.
Multas de 540 millones
Seg¨²n la fiscal¨ªa, Busquets era titular de dos cuentas, en las que realiz¨® en 1987 inversiones por valor de 258 millones de pesetas, por 119 millones en 1988 y por 7 millones en 1989. La acusaci¨®n p¨²blica considera que, a la hora de realizar la declaraci¨®n de renta, Busquets defraud¨® una cuota tributaria superior a 19 millones y que, al conocer su inculpaci¨®n penal, present¨® fuera de plazo una declaraci¨®n complementaria por 20,8 millones.El escrito de acusaci¨®n de la fiscal¨ªa solicita, adem¨¢s, sendas multas de 540 millones de pesetas para Jan¨¦ Sol¨¤, Rivillo y Fabregat, y para Busquets, multa de 580 millones. El fiscal acusa tambi¨¦n a nueve clientes titulares de fondos de inversi¨®n, para los que reclama sendas penas de un a?o de c¨¢rcel como autores directos de un delito fiscal. Se trata de inversores que ten¨ªan cantidades que oscilaban entre 41 y 136 millones de pesetas.
El fiscal reclama tambi¨¦n que estos inversionistas y la c¨²pula de Bankpyme pierdan la posibilidad de obtener subvenciones p¨²blicas, cr¨¦dito oficial y derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante seis a?os.
Los fondos de inversi¨®n Multivalor y Multidinero se crearon en 1986 y 1987, y en el plazo de tres a?os se nutrieron de 62.000 millones de pesetas, depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad, seg¨²n el fiscal.
El caso se destap¨® en diciembre de 1993, cuando dos empleados que hab¨ªan sido despedidos se querellaron contra el banco. Cuando ya hab¨ªa concluido la investigaci¨®n de la juez Montserrat Comas de Argemir, la Secci¨®n Segunda de la Audiencia de Barcelona estim¨® un recurso del banco y orden¨® que un tercer perito realizara un nuevo informe ante las contradicciones que evidenciaban los dos que se hab¨ªan realizado hasta entonces: uno a instancias de un profesional propuesto por Bankpyme y otro elaborado por dos peritos designados por el juzgado.
Ese tr¨¢mite demor¨® un a?o m¨¢s la instrucci¨®n, que volvi¨® a retrasarse cuando la Audiencia revoc¨® otra decisi¨®n de la juez por la que se establec¨ªan los criterios para concretar qu¨¦ acusados hab¨ªan regularizado su situaci¨®n. Finalmente, en junio de 1998, la juez abri¨® juicio oral contra las 13 personas que se sentar¨¢n en el banquillo y 15 meses despu¨¦s de que la causa llegara a la Secci¨®n Segunda se ha se?alado el juicio.
En estos a?os, la justicia ha tramitado tambi¨¦n un proceso penal relacionado con el caso que ha acabado con una condena firme por extorsi¨®n contra el abogado Jacinto Gimeno Valent¨ªn Gamazo. Este letrado es el autor de la querella que dio origen al proceso penal. La justicia declar¨® probado que Gimeno exigi¨® dinero al banco para retirar la acusaci¨®n, que ejerc¨ªa en nombre de los empleados que hab¨ªan sido despedidos. Bankpyme present¨® denuncia por intento de chantaje.
7.500 millones en una semana
Las diligencias previas 3261/93, que empez¨® a tramitar en diciembre el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, han resultado ser el caso m¨¢s complejo que le ha correspondido a Montserrat Comas en los 13 a?os que lleva ejerciendo como juez.Fue un caso at¨ªpico desde su inicio, porque la querella por delito fiscal que abri¨® el procedimiento no la present¨® la fiscal¨ªa como suele ocurrir en casi todos los casos, sino dos empleados del banco que hab¨ªan sido despedidos y hab¨ªa actuado como agentes comerciales en la captaci¨®n de clientes.
El registro del banco ordenado por la juez dur¨® tres d¨ªas. En previsi¨®n de que los centenares y centenares de folios que se pudieran incautar no pusieran a la justicia en el rastro para averiguar la identidad de los titulares de las cuentas, la magistrada orden¨® que la asesorara en el registro el programador inform¨¢tico que hab¨ªa dise?ado el sistema utilizado por Hacienda en Catalu?a. De esta manera, se encontraron en un rinc¨®n del sistema inform¨¢tico de Bankpyme las listas de los beneficiarios de los fondos, aunque los titulares tardaron en ser identificados. En unos d¨ªas, esas listas fueron cotejadas con las de Hacienda y se comprob¨® que ninguno de los titulares hab¨ªa declarado las inversiones.
Antes de que se levantara el secreto del sumario, que dur¨® unos 50 d¨ªas, el banco compareci¨® en el proceso y se le inst¨® a que permaneciera a la espera de que las actuaciones fuesen p¨²blicas. Finalmente, la juez encaus¨® a 80 personas f¨ªsicas y empresas que ten¨ªan inversiones superiores a 200 millones de pesetas en esos fondos, a las que acusaba de un delito fiscal al liquidar el impuesto de la renta de 1988.
Los encausados resid¨ªan en diversas ciudades de Catalu?a. A la hora de notific¨¢rseles los cargos, en algunos casos se tard¨® 15 d¨ªas, y para entonces, algunos de los acusados ya hab¨ªan acudido a saldar sus deudas con Hacienda, ya que de esta forma se considera que se ha producido una regularizaci¨®n voluntaria y se evita el delito fiscal. En menos de una semana Hacienda ingres¨® m¨¢s de 7.500 millones de pesetas en regularizaciones voluntarias. De esta forma, quedaron exentos de responsabilidad penal y el n¨²mero de acusados se redujo a 13.
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