Falta de equilibrio

La sentencia sobre el reglamento ling¨¹¨ªstico de la universidad de Tarragona Rovira i Virgili ha sido recibida con sorprendentes pl¨¢cemes por todas las partes involucradas, tanto por la instituci¨®n enjuiciada y por quien la ampara, la Generalitat de Catalu?a, como por el grupo que lidera el eurodiputado popular Alejo Vidal-Quadras, que recurri¨® la normativa.Aunque la estimaci¨®n parcial de un recurso permite a los pol¨ªticos resaltar los triunfos y minimizar las derrotas, el juego de las autocomplacencias tiene l¨ªmites, como ya indica que ambas partes se propongan acudir a instancias judiciales superiores. La principal petici¨®n de los recurrentes era la anulaci¨®n del reglamento por inconstitucional: el juez ni siquiera entra en esa discusi¨®n; es m¨¢s, considera "ajustado a derecho" el desarrollo, muy extensivo, de la controvertida ley catalana de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998, por la cual en la Universidad Rovira i Virgili el idioma catal¨¢n debe ser "de uso general y prioritario". Los recurrentes impugnaban el reglamento como tiro por elevaci¨®n contra esa ley. Han fallado en su primera pretensi¨®n.

Pero tampoco el Gobierno de Pujol puede ta?er campanas considerando que ha obtenido un "aval" judicial a su pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. La sentencia asume numerosas peticiones concretas de los recurrentes, aunque en general a causa del "exceso reglamentario" y no por inconstitucionalidad; tantas, que el reglamento queda hecho unos zorros. Anula el monoling¨¹ismo en la provisi¨®n de programas inform¨¢ticos, en la contrataci¨®n, en las relaciones con el "dominio" (¨¢mbito) ling¨¹¨ªstico catal¨¢n, y sobre todo recuerda que, aunque el fomento de la lengua propia entre los docentes sea leg¨ªtimo, debe mencionarse el del castellano, tambi¨¦n oficial.

Para un Gobierno responsable, no parece excelente que un juez dictamine que su Administraci¨®n (universitaria) vulnera su propia ley auton¨®mica. La sentencia anula numerosos preceptos del reglamento por atentar contra ella, no contra la Constituci¨®n. Es la segunda vez que ocurre. La primera fue el decreto de doblaje cinematogr¨¢fico. El Defensor del Pueblo salv¨® por los pelos esa ley en la esperanza de que su desarrollo ser¨ªa prudente y equilibrado. Las dos sentencias dictadas en contra revelan que no ha sido as¨ª y que la Generalitat est¨¢ echando piedras sobre su propio tejado.