El Supremo de Ecuador ordena la detenci¨®n del ex presidente Mahuad

El Tribunal Supremo de Justicia de Ecuador orden¨® ayer la detenci¨®n preventiva del ex presidente Jamil Mahuad y de la ex ministra de Finanzas Ana Luc¨ªa Armijos, que con anterioridad fue embajadora en Madrid. Mahuad, destituido en enero pasado durante un golpe c¨ªvico militar, y la ex ministra Armijos son acusados de perjuicio al Estado por la incautaci¨®n de cuentas bancarias que aplicaron en marzo de 1999, durante su administraci¨®n. El presidente del Supremo, Galo Pico, mediante una providencia, explic¨® que el ex presidente cometi¨® un delito al ordenar la incautaci¨®n de los dep¨®sitos de todo el sistema financiero nacional. "Existen indicios de varios delitos contra las garant¨ªas constitucionales y contra la administraci¨®n p¨²blica que merecen pena privativa de la libertad", contra los principales implicados, se?ala el sumario.

El informe judicial, de 17 p¨¢ginas, solicita tambi¨¦n los testimonios de los ex ministros de Energ¨ªa Ren¨¦ Ortiz; de Agricultura Emilio Gallardo; de Comercio Exterior H¨¦ctor Plaza; de Econom¨ªa Guillermo Lasso; y de otro ex ministro de Finanzas, Alfredo Ar¨ªzaga. La causa podr¨ªa dar lugar a una petici¨®n de extradici¨®n, ya que Mahuad y Armijos se encuentran fuera del pa¨ªs, seg¨²n informaron medios de comunicaci¨®n locales. El abogado defensor de Mahuad, el ex representante de Ecuador ante la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) Patricio Vivanco, afirm¨® que el destituido ex presidente est¨¢ trabajando en Estados Unidos, pero asegur¨® que retornar¨ªa al pa¨ªs para defenderse de las acusaciones, siempre que la Justicia le ofrezca garant¨ªas.

Colaboradores en la banca

El Supremo solicit¨®, adem¨¢s, que la Superintendencia de Bancos proporcione los informes sobre "todas las instituciones financieras que se encontraban operando" el 11 de marzo de 1999, cuando se orden¨® la incautaci¨®n de los dep¨®sitos. Entre los hechos que se investigan para procesar a Mahuad destacan el que durante su gobierno (agosto 1998-enero 2000), varios de sus colaboradores fueron administradores o propietarios de bancos, muchos de ellos despojados de las entidades despu¨¦s de que registraran grandes p¨¦rdidas patrimoniales. Asimismo, sugiere que el estado de emergencia que Mahuad declar¨® en el pa¨ªs cuando se desat¨® la crisis bancaria, supuestamente "extralimit¨®" el ¨¢mbito de su investidura y no se ajust¨® a las normas constitucionales. Asimismo, acusa a Mahuad de "arrogaci¨®n de atribuciones" y de afectar los derechos ciudadanos, por lo que cuestion¨® la validez jur¨ªdica de la decisi¨®n de incautar las cuentas bancarias. El ex presidente Mahuad ha afirmado que sus decisiones intentaron salvar al sistema financiero de una cat¨¢strofe, as¨ª como evitar una eventual retirada masiva de dep¨®sitos. No obstante, los efectos de su decisi¨®n a¨²n no han concluido, pues la devoluci¨®n total de los dep¨®sitos incautados tardar¨¢ meses, seg¨²n advirtieron las autoridades.

Pero, adem¨¢s Mahuad est¨¢ implicado en un caso de presunta corrupci¨®n por la mala utilizaci¨®n de dinero donado para su campa?a por parte de banqueros. Uno de esos banqueros, Fernando Aspiazu, est¨¢ en la c¨¢rcel acusado de estafa al Estado.