Un juez falla en favor de la profesora que reparti¨® ex¨¢menes en castellano en Tarragona

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Tarragona ha considerado injusta la decisi¨®n de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona de excluir a la profesora Josefina Albert de las pruebas de selectividad del curso 1998-1999 despu¨¦s de que ¨¦sta acudiera al Defensor del Pueblo para denunciar que se marginaba el castellano. La profesora mantiene abierto un proceso penal por la misma causa contra el rector de la Universidad, Llu¨ªs Arola, quien se enfrenta a una petici¨®n fiscal de ocho a?os de inhabilitaci¨®n por supuesta prevaricaci¨®n.

El titular del Juzgado Contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Tarragona, Eduardo Saavedra, ha rechazado entrar a fondo en las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas y se ha limitado a juzgar los actos t¨¦cnicos y administrativos. El juez evita pronunciarse en este caso sobre si la exclusi¨®n de la profesora de las pruebas obedeci¨® a una represalia por parte del gobierno de la universidad por la denuncia de Albert ante el Defensor del Pueblo. El magistrado tampoco debate si la profesora actu¨® correctamente al entregar, por su cuenta, ejemplares de los ex¨¢menes en castellano durante las pruebas de selectividad de junio de 1998. Seg¨²n Josefina Albert, profesora del Departamento de Filolog¨ªa Rom¨¢nica de la Universidad, el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, le prohibi¨® expresamente proporcionar ex¨¢menes en castellano a un alumno que lo solicit¨®.Seg¨²n denunci¨® Albert, el presidente del tribunal calificador le hab¨ªa exhortado a explicar de forma oral "lo que no entendieran los alumnos, ya que ten¨ªan que acostumbrarse a hacerlo todo en catal¨¢n". En su denuncia, la docente recoge que hizo fotocopias del examen por su cuenta y lo entreg¨® a quien lo solicit¨®, a pesar de estar en juego "no volver a participar en las pruebas". En el curso siguiente, Albert fue excluida de la selectividad.

El fallo recoge que Albert "suplica que se declare que reun¨ªa las condiciones de idoneidad para participar en la selecci¨®n y ser nombrada miembro de los Tribunales", por lo que el magistrado ¨²nicamente valora los requisitos previstos por el Consejo Interuniversitario de Catalu?a, que, seg¨²n la sentencia, son: "a) ser profesor titular o catedr¨¢tico de universidad o de escuela universitaria y b) ser profesor en la actualidad de alguna asignatura directamente relacionada con las que componen las pruebas de acceso".

Opci¨®n a recurrir

Saavedra entiende que Josefina Albert reun¨ªa estos requisitos, por lo que se estima la demanda "sin entrar a enjuiciar otras cuestiones planteadas por las partes". Tanto la profesora como la Universidad hab¨ªan solicitado que se dirimiera si la exclusi¨®n se debi¨® a la denuncia ante el Defensor del Pueblo. A este respecto, el magistrado recuerda que la profesora tiene opci¨®n a recurrir a otras v¨ªas judiciales para reclamar los derechos y las responsabilidades que considere.En el acto de la vista oral, celebrada el pasado 10 de mayo, los abogados de la Universidad sostuvieron que la exclusi¨®n de la profesora se produjo porque ¨¦sta no comunic¨® los supuestos incidentes a las autoridades universitarias y, en cambio, los denunci¨® al Defensor del Pueblo. Los letrados de la URV afirmaron asimismo que la docente fue apartada de las pruebas de selectividad porque "no vigil¨® en la forma adecuada ni sigui¨® las instrucciones".

Josefina Albert fue readmitida como vocal en las pruebas de acceso a la universidad realizadas este a?o como consecuencia de que la URV se inhibi¨® a la hora de pronunciarse sobre su idoneidad o no, precisamente por los contenciosos judiciales abiertos.

Esta decisi¨®n fue asumida por la Comisi¨®n Coordinadora del COU y de las pruebas de acceso a la universidad -a instancias del consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell-. La comisi¨®n justific¨® su actuaci¨®n por un cambio de los criterios de elecci¨®n, pero en medios de la URV se consider¨® una desautorizaci¨®n p¨²blica de la actuaci¨®n del equipo rectoral.

Josefina Albert se mostr¨® ayer muy satisfecha por el fallo judicial, aunque precis¨® que no le hab¨ªa sorprendido en absoluto: "He seguido adelante porque creo que tengo raz¨®n", afirm¨®. La docente consider¨® que la sentencia es "magn¨ªfica".

"El juez ha dicho lo que ten¨ªa que decir y ello se resume en que he sufrido una exclusi¨®n arbitraria, lo cual es un delito", sostuvo Albert. La profesora subray¨® que la sentencia recuerda el derecho que tiene a "acudir a la v¨ªa jurisdiccional para reclamar los derechos y exigir responsabilidades".

Proceso penal

Albert lament¨® que el juez no haya evaluado los puntos m¨¢s pol¨¦micos, pero anunci¨® que no recurrir¨¢ el fallo. En su opini¨®n, todos estos aspectos saldr¨¢n a la luz durante el proceso penal, cuya fecha todav¨ªa no est¨¢ fijada. Albert denunci¨® que su exclusi¨®n era en realidad una "sanci¨®n encubierta".En cambio, el portavoz de la URV, Antoni Pigrau, calific¨® la sentencia de "prudente" dado que el magistrado no se hab¨ªa pronunciado sobre las alegaciones m¨¢s duras de Albert. A su juicio, la sentencia se limita a abordar los puntos m¨¢s t¨¦cnicos del conflicto.

Pigrau lament¨® que el fallo se centre en analizar si la profesora es id¨®nea para formar parte del tribunal de las pruebas de selectividad y que, en cambio, no haya atendido a las justificaciones de la Universidad para excluirla. El portavoz, que minimiz¨® la importancia que la sentencia puede tener para el proceso penal, asegur¨® que la Universidad interpondr¨¢ probablemente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC).

El Departamento de Universidades de la Generalitat, dirigido por Mas-Colell, emiti¨® un comunicado en el que expresa "respeto" por la sentencia, aunque a?ade: "Estamos convencidos de que la actuaci¨®n de la URV correspondi¨® en todo momento a una voluntad de interpretaci¨®n correcta de la normativa del Consejo Interuniversitario de Catalu?a".

Los tres frentes del litigio

Si la semana pasada el rector de la URV de Tarragona, Lluis Arola, reclamaba que el centro dejara de ser "la universidad del catal¨¢n" para convertirse ""en una universidad catalana", esta semana su petici¨®n de retorno a la normalidad ha ca¨ªdo en saco roto.

Tras el fallo judicial que anulaba o modificaba cuatro art¨ªculos del reglamento de usos ling¨¹¨ªsticos de la URV, ayer a Arola le lleg¨® otra tromba en forma de sentencia. No hab¨ªa raz¨®n alguna para estar satisfecho, m¨¢xime cuando el rector y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, se enfrentan adem¨¢s, por v¨ªa penal, a una petici¨®n de ocho a?os de inhabilitaci¨®n por un presunto delito de prevaricaci¨®n del que los acusa la profesora Josefina Albert. Un proceso que se abrir¨¢ con el precedente de la condena de ayer por lo contencioso-administrativo.

La URV se ha situado en los ¨²ltimos tiempos en el ojo del hurac¨¢n del conflicto ling¨¹¨ªstico despu¨¦s de que la asociaci¨®n Profesores para la Democracia y Convivencia C¨ªvica Catalana (CCC), una plataforma liderada por el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, del PP, denunciaran ante el juzgado el reglamento del uso del catal¨¢n. Meses despu¨¦s, hicieron lo mismo con el reglamento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Las dos asociaciones ya han anunciado que recurrir¨¢n la sentencia del tribunal de Tarragona que, pese a declarar nulos algunos art¨ªculos de esta norma, dictamina que es ajustada a derecho.