Jospin propone para C¨®rcega una autonom¨ªa controlada y la condiciona al fin de la violencia

Los corsos s¨®lo podr¨¢n acceder a un cierto grado de autonom¨ªa si aceptan someterse a una prueba de "buena conducta" -se habla de "paz civil duradera"- y admiten que el poder legislativo de su Asamblea regional no ser¨¢ el fruto de una "devoluci¨®n", sino de una "cesi¨®n" sobre la que el Gobierno central se reservar¨¢ el derecho de dar marcha atr¨¢s en todo momento. As¨ª puede resumirse el marco general que ayer, en Matignon, el primer ministro Lionel Jospin dibuj¨® ante los miembros de la Asamblea territorial corsa. Dentro de ese marco, los corsos recuperar¨ªan la posibilidad de incorporar su lengua a la ense?anza primaria -un aprendizaje del que quedar¨ªan exentos los ni?os cuyos padres lo solicitasen-; tendr¨ªan poder, a trav¨¦s de su Asamblea local, para efectuar la "adaptaci¨®n de las medidas legislativas nacionales", as¨ª como tambi¨¦n un "poder reglamentario"; conservar¨ªan a¨²n por un periodo de diez a?os su fiscalidad excepcional, que desde 1802 exonera las transmisiones de patrimonio, y el Estado realizar¨ªa una serie de traspasos de competencias en materia de ordenaci¨®n del territorio, desarrollo econ¨®mico, educaci¨®n, formaci¨®n profesional, turismo, medio ambiente, transportes o gesti¨®n de infraestructuras.

Departamento o regi¨®n

Uno de los aspectos m¨¢s conflictivos en la discusi¨®n entre el Ejecutivo y los diputados corsos radicaba en la supresi¨®n de los dos departamentos (provincias) actuales para crear uno solo con categor¨ªa de regi¨®n. El Gobierno de Par¨ªs prefer¨ªa suprimir uno de ellos, pero sin modificar nada m¨¢s, de manera que regi¨®n y departamento tuvieran un mismo ejecutivo. Los diputados corsos prefieren que se supriman los dos departamentos para que nazca una colectividad ¨²nica. El problema jur¨ªdico que presenta esta segunda opci¨®n es que obliga a una modificaci¨®n constitucional, pero Jospin parece dispuesto a asumirlo dentro de un horizonte que le traslada al 2004, es decir, despu¨¦s de las elecciones legislativas y presidenciales.

La cuesti¨®n del tiempo es b¨¢sica en la propuesta de Jospin, que parece haber servido para acallar las fundadas reticencias jacobinas de varios de sus ministros, con Jean-Pierre Chev¨¨nement -el titular de Interior- a la cabeza. Hasta finales del a?o 2002, los pol¨ªticos corsos deber¨¢n aprender a manejar una parte creciente de la Administraci¨®n insular y a hacerlo sin que haya sospechas de que han ca¨ªdo en la corrupci¨®n o el favoritismo.

Hasta hoy, la Asamblea territorial, en la que los nacionalistas est¨¢n en minor¨ªa, tiene poder para "presentar propuestas tendentes a modificar o adaptar disposiciones legislativas o reglamentarias en vigor", pero nunca lo ha ejercido. Jospin intenta ahora que los diputados corsos demuestren que sus reivindicaciones son sinceras y necesarias.

La segunda fase, o fase constitucional, no empezar¨ªa hasta finales del a?o 2003, y tras haber realizado una estricta evaluaci¨®n de lo realizado hasta el momento. "El retorno duradero a la paz civil" figura entre las condiciones inexcusables para contemplar en ese momento cualquier ampliaci¨®n de las competencias del Ejecutivo y la Asamblea corsos.

El paso siguiente en el futuro inmediato del complicado dossier corso consistir¨¢ en hacer votar favorablemente a la mayor¨ªa de la Asamblea insular el documento elaborado por Matignon tras varios meses de discusiones.

La fecha prevista para la votaci¨®n es el pr¨®ximo 28 de julio y el Gobierno de Lionel Jospin exige que el texto sea aprobado -o rechazado, en su caso- sin enmiendas.

La Uni¨®n Europea tambi¨¦n tendr¨¢ que intervenir en el embrollo para establecer qu¨¦ ayudas del Estado son aceptables en nombre de la "continuidad territorial" y la lucha contra "la insularidad", y cu¨¢les entran dentro, en alguna forma, de lo que ser¨ªa competencia desleal.