La Audiencia de Valencia solicita que se despenalice la insumisi¨®n

La secci¨®n tercera de la Audiencia de Valencia se ha unido al sector del poder judicial que defiende el cese de la persecuci¨®n legal de la insumisi¨®n. Ese tribunal, en un fallo sin precedentes en la Comunidad Valenciana, pide a los legisladores, despu¨¦s de condenar a un encausado por este delito en aplicaci¨®n de la ley, que despenalice la insumisi¨®n. Los magistrados han solicitado el indulto para el procesado.

Castigo desproporcionado

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana asegura que la sentencia, hecha p¨²blica ayer, es novedosa incluso a nivel estatal. En cualquier caso, sus responsables, los magistrados Jos¨¦ Presencia, Regina Marrades y Jos¨¦ Luis Vera, ¨¦ste ¨²ltimo, redactor del fallo, se han unido al movimiento doctrinal que propugna la desaparici¨®n de un figura delictiva que, ahora, a las puertas de la profesionalizaci¨®n del Ej¨¦rcito, carece de sentido.La legislaci¨®n "no puede sostener el mantenimiento de un tipo penal sobre un supuesto inter¨¦s del Estado que la propia ley reconoce como inexistente", apunta el fallo. Es decir, una vez el parlamento aprob¨® la Ley 17/99 que fija la profesionalizaci¨®n total del Ej¨¦rcito en el 2002, y por tanto la desaparici¨®n del reclutamiento forzoso, el castigo a la insumisi¨®n ha "perdido virtualidad y vigencia".

Por ello, los magistrados recurren a la posibilidad de acudir al Gobierno para solicitar que estudie la "posibilidad de emprender un proceso de reforma legal" en el que "debiera despenalizarse" la insumisi¨®n. Y lo hace teniendo en cuenta, entre otras cosas, la situaci¨®n personal del procesado. ?ste, Jos¨¦ Manuel C. R., de 29 a?os, es profesor de la Universidad de Valencia y carece de antecedentes penales. En consecuencia, el castigo que le impone el tribunal, cuatro a?os de inhabilitaci¨®n "en estricta aplicaci¨®n del tipo penal en vigor", "parece excesivo". La inhabilitaci¨®n implica la imposibilidad de trabajar para cualquier Administraci¨®n p¨²blica o recibir ayudas de ¨¦stas

Excesivo, ya "que le impedir¨ªa el trabajo en la Universidad y en otros centros p¨²blicos docentes o de investigaci¨®n, le impedir¨ªa acceder a becas y/o subvenciones" e incluso "le impedir¨ªa de una forma muy sustancial el propio ejercicio de su derecho como trabajador, incluso el derecho a la educaci¨®n en una situaci¨®n donde el Parlamento ya ha decidido que el servicio militar no es obligatorio".En atenci¨®n a estas y otras razones, la secci¨®n tercera de la Audiencia considera la ejecuci¨®n de la pena, establecida por sus componentes, "absolutamente desproporcionada con la realidad social, cultural y legal que en la actualidad existe".

En este punto, el ponente de la sentencia recuerda un reciente fallo del Tribunal Supremo, relativo a otro caso de insumisi¨®n, en el que alto tribunal recuerda que el mismo "ordenamiento jur¨ªdico arbitra medios para evitar fines perversos que pudieran derivarse del cumplimiento de la ley". La secci¨®n tercera de la Audiencia, acudiendo a esos medios, act¨²a en dos ¨¢mbitos: solicitando al Gobierno la ya mencionada derogaci¨®n y pidiendo, en id¨¦ntica instancia, el indulto para Jos¨¦ Manuel C.R., el procesado al que se ha visto obligada a condenar.

"Una vez sea firme la sentencia rem¨ªtase al Ministerio de Justicia la solicitud de indulto, con suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la pena mientras no se resuelva el indulto, pues de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de ¨¦sta pudiera resultar ilusoria", establece el magistrado Vera en el fallo.