La dejaci¨®n de Junta y ayuntamientos permite que 193.000 personas residan en urbanizaciones ilegales

Casi 200.000 personas viven, de forma estable o espor¨¢dica, en edificaciones enclavadas en urbanizaciones ilegales. La cifra, incluida en un informe especial de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, podr¨ªa quedarse corta: no todos los 251 municipios consultados respondieron al cuestionario de la instituci¨®n. Incluso con datos conservadores, los resultados del informe son alarmantes. El 58,5% de las urbanizaciones andaluzas son ilegales. La instituci¨®n reprocha a las administraciones su "dejaci¨®n de funciones" para controlar la ordenaci¨®n del territorio.

Actuaciones fraudulentas

El defensor del Pueblo, Jos¨¦ Chamizo, aclar¨® ayer que el informe especial se gest¨® debido a las reiteradas quejas tramitadas por la instituci¨®n sobre problemas urban¨ªsticos derivados de asentamientos ilegales. La mera existencia de tales urbanizaciones de una forma generalizada, seg¨²n la Oficina del Defensor, contradice "toda idea de ordenaci¨®n del territorio". Su proliferaci¨®n obedece a la "dejaci¨®n de funciones de control urban¨ªstico", que ha posibilitado la prescripci¨®n, a los cuatro a?os, de las medidas disciplinarias que deber¨ªan haberse acometido, seg¨²n la instituci¨®n.Los datos incluidos en el informe se sustentan en un inventario elaborado en la d¨¦cada de los ochenta sobre urbanizaciones, confeccionado a partir de fotograf¨ªas a¨¦reas, un cat¨¢logo de 1990 sobre asentamientos ilegales y, finalmente, sobre la informaci¨®n aportada por 225 municipios andaluces al Defensor del Pueblo, que se dirigi¨® a todas las poblaciones costeras y a las que superaban los 5.000 habitantes. No respondieron 26 municipios, entre ellos los de Marbella y Estepona, lo que podr¨ªa explicar en cierta medida que la provincia de M¨¢laga presente el panorama m¨¢s halag¨¹e?o, con s¨®lo un 15% de urbanizaciones ilegales.

Un porcentaje que dista mucho de las restantes provincias andaluzas. Sobresalen los casos de C¨®rdoba, con un 73% de asentamientos irregulares, y Huelva, con un 64%. Almer¨ªa, Sevilla y C¨¢diz tampoco se alejan mucho de estas cifras: las urbanizaciones ilegales en estas provincias representan m¨¢s del 60%. Por municipios, la capital andaluza presenta el caso m¨¢s llamativo: se han localizado n¨²cleos ilegales en 42 localidades.

Unas 193.000 personas residen en estos asentamientos, de ellas, 128.151 lo hacen con car¨¢cter espor¨¢dico, lo que evidencia que el mayor ¨ªndice de irregularidades se concentra en las segundas viviendas. En cualquier caso, desde la Oficina del Defensor se advierte de que la cifra aumentar¨ªa "si hubi¨¦ramos podido contar con todos los datos solicitados".

El estado de estas urbanizaciones entra?a, seg¨²n el informe, varios riesgos por las carencias de los n¨²cleos. Seg¨²n los datos recopilados por la instituci¨®n, el 80% cuenta con "exiguas" redes de alcantarillado en un estado "regular o malo". Los vertidos se realizan en muchos casos en fosas s¨¦pticas o pozos negros sin control.

Unas 800 urbanizaciones carecen de alumbrado p¨²blico. En las que existe, suele presentar deficiencias. La mayor¨ªa carece de suministro de agua potable y s¨®lo el 25% de ellas tiene viarios pavimentados. Resulta, adem¨¢s, frecuente que las v¨ªas "ocupen bienes de dominio p¨²blico, invadan v¨ªas pecuarias o discurran por otros caminos privados".El informe especial, presentado ayer por Jos¨¦ Chamizo al presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, indica que el resultado de muchos de estos procesos urban¨ªsticos ha sido "la aparici¨®n de n¨²cleos de infravivienda, absolutamente ajenas a las condiciones de dignidad y salubridad que la Constituci¨®n preconiza". De igual modo, hace hincapi¨¦ en los impactos ambientales de estos n¨²cleos en el entorno. Algunos se han edificado en parajes de alto valor ecol¨®gico, zonas inundables o de litoral.

Aunque en el documento se reconoce que en algunos casos el promotor incumple el dise?o urban¨ªstico acordado, en la mayor¨ªa de estas actuaciones "fraudulentas", el comprador "persigue pagar un precio menor por unos terrenos que no prev¨¦n instalaciones urbanizables".

El 79% de los municipios consultados por el Defensor del Pueblo cree que la ¨²nica salida para las urbanizaciones ilegales reside en poner en marcha mecanismos de regularizaci¨®n. Desde la instituci¨®n se plantean una serie de propuestas para adecuar a la legalidad los n¨²cleos ya existentes y, por otro lado, impedir nuevos asentamientos. "Los poderes p¨²blicos tienen el deber inexcusable de tutelar el orden urban¨ªstico", indica el documento.

Adem¨¢s de instar a las diferentes administraciones con competencias urban¨ªsticas a extremar su colaboraci¨®n, plantea la intervenci¨®n de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y Transportes en los casos de "falta de ejercicio o dejaci¨®n" de los ayuntamientos. Proponen, adem¨¢s, que se obligue a los promotores a cumplir con las previsiones del planeamiento en el caso de urbanizaciones mal ejecutadas.