Cajas de ahorro y poder pol¨ªtico

El reciente auto del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas de Andaluc¨ªa ha tenido la virtud de satisfacer a todas las partes, algo tan extra?o que -de creer a Rabelais- el ¨²nico precedente conocido desde el Diluvio es una c¨®mica sentencia de Pantagruel sobre la "horripilaci¨®n del murci¨¦lago". A unos les ha satisfecho porque ha levantado la suspensi¨®n del art¨ªculo 44.1, de tal forma que pueden afirmar que casi toda la ley est¨¢ ya en vigor y a los otros porque mantiene la suspensi¨®n de la disposici¨®n adicional atinente a Cajasur, con lo que pueden decir que se ha impedido el desembarco pol¨ªtico en esa Caja.Como queda mucho todav¨ªa antes de que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia definitiva, no sabemos qui¨¦n terminar¨¢ venciendo en este pleito, pero lo que s¨ª han aclarado las reacciones al auto -si es que hab¨ªa alguna duda- es que la discrepancia sobre la gigantesca Ley de Cajas gira exclusivamente sobre la composici¨®n de los ¨®rganos de gobierno, que es tanto como decir sobre quien tendr¨¢ el poder en las cajas. Me parece que no le falta raz¨®n al PP cuando se?ala que la nueva ley andaluza aumenta el peso de los partidos pol¨ªticos dentro de las cajas, lo que no estoy tan seguro es de que se trate de una cosa ins¨®lita, y desde luego no es inconstitucional, m¨¢s bien es una tendencia clara de todas las comunidades aut¨®nomas. V¨¦ase, como muestra, el cuadro adjunto donde copio los porcentajes de los distintos grupos con representaci¨®n en las cajas establecidos por la ley estatal (que no vinculan a las comunidades aut¨®nomas), los de Andaluc¨ªa y los de dos comunidades que tienen leyes de cajas elaboradas por los populares: todas ellas han dado entrada a la comunidad aut¨®noma y todas han rebajado la participaci¨®n de los impositores en relaci¨®n con la norma estatal, la LORCA, que es de 1985, de cuando el PSOE ten¨ªa mayor¨ªa absoluta en las Cortes.

Ahora bien, este creciente peso de las Administraciones P¨²blicas en los ¨®rganos de gobierno (el 56% en Andaluc¨ªa y Valencia, frente al 40% de la LORCA) no va en la direcci¨®n en que ¨²ltimamente se mueven las relaciones entre instituciones pol¨ªticas y econ¨®micas en el mundo: desde las privatizaciones de empresas p¨²blicas hasta la autonom¨ªa de los bancos nacionales, se est¨¢ produciendo un repliegue general de la intervenci¨®n pol¨ªtica en la econom¨ªa. Es m¨¢s, en algunos Estados, como el Reino Unido, las cajas de ahorros se han equiparado a las sociedades an¨®nimas y en otros, como Italia, se ha incrementado su autonom¨ªa frente a los poderes p¨²blicos. As¨ª las cosas, y cuando se acumulan las noticias inquietantes sobre estas entidades (esta misma semana: las cajas perder¨¢n cuota de mercado por culpa de Internet, ha vuelto a bajar su margen de intermediaci¨®n, la Comisi¨®n Europea denuncia los privilegios de las cajas alemanas, etc) quiz¨¢s el debate que estamos teniendo en Andaluc¨ªa sobre si es constitucional que la ley auton¨®mica rebaje el porcentaje de participaci¨®n del Cabildo Catedralicio de C¨®rdoba en Cajasur (que personalmente creo que s¨ª) sea un asunto que nos est¨¢ impidiendo reflexionar sobre una cuesti¨®n mucho m¨¢s trascendente: ?estamos acertando en Espa?a al, legislando contra corriente, incrementar la participaci¨®n de las Administraciones P¨²blicas en las cajas?

Agust¨ªn Ruiz Robledo es profesor de Derecho Constitucional