Ocho billones m¨®viles

En un antiguo barrac¨®n del Ej¨¦rcito estadounidense en Maguncia (Alemania), los responsables de Hacienda del Gobierno del socialdem¨®crata Gerhard Schr?der han visto estos d¨ªas abrirse las puertas del cielo. Seis grandes grupos de telecomunicaciones han pagado m¨¢s de ocho billones de pesetas en la subasta por las licencias que les permitir¨¢n operar los nuevos m¨®viles multimedia de tercera generaci¨®n (conocidos como UMTS), que en breve prometen revolucionar esta tecnolog¨ªa y permitir, entre otras atractivas funciones, el acceso a Internet desde cualquier tel¨¦fono m¨®vil.De inmediato se ha suscitado un encendido debate en la sociedad alemana sobre cu¨¢l es el mejor destino que cabe dar a esta inmensa cantidad de dinero, recaudada mediante una subasta p¨²blica especialmente dise?ada y puesta en pr¨¢ctica por el Gobierno alem¨¢n. Pero el ¨¦xito para las arcas p¨²blicas germanas ha llevado el debate m¨¢s all¨¢ de sus fronteras y ha arrojado sombras retrospectivas sobre el caso espa?ol, en el que se opt¨® por conceder esas mismas licencias mediante un concurso, por una cantidad (86.000 millones de pesetas) que a la luz de lo que ha sucedido en Maguncia suena a broma. El debate tiene muchos matices, pero todo parece indicar que el Gobierno de Schr?der ha acertado con su estrategia y que el Ejecutivo de Aznar cometi¨® un error en marzo pasado, al desde?ar la subasta como m¨¦todo para adjudicar algo tan precioso como las licencias de telefon¨ªa m¨®vil.

Ciertamente, existen argumentos a favor del concurso frente a la subasta. El m¨¢s importante de todos ellos se basaba en que si las empresas de telefon¨ªa han de desembolsar grandes cantidades por las licencias, invertir¨¢n menos en las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad del servicio y acabar¨¢ repercutiendo en los consumidores ese coste a?adido. Es una raz¨®n, pero no anula la ventaja de la subasta.

En primer lugar, porque la subasta permite fijar el precio objetivo de la frecuencia que se adjudica. Una licencia de m¨®vil vale exactamente lo que una operadora telef¨®nica est¨¢ dispuesta a pagar por ella. Nadie conoce mejor el negocio de la telefon¨ªa que las empresas que se dedican a ello. Y si seis grandes grupos internacionales consideran que las expectativas de beneficios les permiten ofrecer billones por una licencia en Alemania, no resulta complicado deducir qu¨¦ piensan en privado de los 86.000 millones que cobr¨® el Gobierno espa?ol: un regalo. Un regalo dif¨ªcil de justificar si se toman en consideraci¨®n los intereses generales del Estado y de sus ciudadanos.

En esta l¨ªnea, el argumento de que el reducido coste de las licencias tendr¨¢ su repercusi¨®n positiva en las tarifas que tendr¨¢n que pagar los usuarios resulta ingenuo, en el mejor de los casos, o cae directamente en la demagogia. Los 86.000 millones pagados por las licencias en Espa?a suponen aproximadamente un 1% de lo que se pag¨® ayer en Alemania. ?Conf¨ªa el Gobierno en que los usuarios espa?oles de m¨®viles de tercera generaci¨®n pagar¨¢n tarifas reducidas en esa proporci¨®n respecto a las alemanas? El negocio de la telefon¨ªa est¨¢ cada vez m¨¢s globalizado. Los mercados, cada d¨ªa m¨¢s unificados. Los costes de desarrollar la tecnolog¨ªa necesaria, m¨¢s compartidos entre un reducido grupo de compa?¨ªas que compiten entre s¨ª en diferentes pa¨ªses. En este panorama, resulta ilusorio pensar que los espa?oles disfrutar¨¢n del m¨®vil multimedia en condiciones mejores y a precios m¨¢s reducidos que sus socios europeos, s¨®lo porque las licencias se concedieron m¨¢s baratas.

Lo m¨¢s grave del error de marzo, con todo, rebasa el ¨¢mbito de la telefon¨ªa. El Reino Unido recaud¨® 6,5 billones de pesetas en la subasta de sus licencias hace pocos meses. Alemania ha superado los ocho billones. Francia prev¨¦ recaudar m¨¢s de tres billones. Todos ellos debaten ahora c¨®mo gastar ese dinero: inversi¨®n en infraestructuras, en investigaci¨®n, en reducir la deuda (y, por tanto, los intereses financieros y el d¨¦ficit), o en recortar los impuestos. Cualquiera que sea el destino final de ese dinero, los principales socios europeos de Espa?a se encuentran desde ya en mejor situaci¨®n comparativa para afrontar la dura competencia que supone una econom¨ªa cada vez m¨¢s global. Bajo esa luz, la decisi¨®n del Gobierno se revela ahora perjudicial para los intereses de los ciudadanos en su conjunto y para la capacidad de competir de las empresas espa?olas en los mercados internacionales. No s¨®lo no beneficiar¨¢ a los usuarios de m¨®viles, sino que ya ha perjudicado, y mucho, al conjunto del pa¨ªs. El Gobierno est¨¢ obligado a explicar m¨¢s convincentemente por qu¨¦ eligi¨® aquel m¨¦todo y, adem¨¢s, por qu¨¦ emprendi¨® aquella carrera a la desesperada para conceder las licencias en coincidencia con las elecciones.