El salvoconducto del punto final

El capit¨¢n de corbeta argentino Miguel ?ngel Cavallo, detenido en Canc¨²n, sabe que en ning¨²n pa¨ªs puede sentirse m¨¢s seguro que en Argentina, donde le amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas tras las fuertes presiones militares contra el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn. Esta legislaci¨®n fue un salvoconducto para todos los uniformados comprometidos en violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.A ¨²ltima hora de ayer, el Gobierno argentino guardaba silencio sobre el caso del antiguo oficial de la Escuela Mec¨¢nica de la Armada Argentina (ESMA) detenido en M¨¦xico a la espera de que "est¨¦n claros los motivos de su detenci¨®n y su verdadera identidad", seg¨²n indicaron fuentes del Ministerio de Exteriores.Hasta la fecha, las autoridades argentinas se han negado a colaborar con la justicia espa?ola en todos sus intentos de actuar contra oficiales de la dictadura. Con estilos distintos, tanto el Gobierno del peronista Carlos Menem como el del radical Fernando de la R¨²a han dado la negativa por respuesta a las reclamaciones del juez Baltasar Garz¨®n.

En el interregno entre las ¨²ltimas elecciones y la toma de posesi¨®n del nuevo Gobierno de la Alianza, lleg¨® a Buenos Aires la orden internacional de Garz¨®n de busca y captura contra 98 militares argentinos de la dictadura -entre ellos, los jefes de las juntas militares de ¨¦sta, Videla, Massera y Galtieri- por delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

La primera reacci¨®n de los dirigentes de la Alianza fue advirtir que el nuevo Gobierno no interferir¨ªa en la acci¨®n judicial. Pocos meses despu¨¦s, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, puntualizaba que en Argentina rige la ley del pa¨ªs e interpret¨® que Espa?a quer¨ªa aplicar su normativa en Argentina. Mientras tanto, el juez Gustavo Literas aduc¨ªa defectos de forma en la petici¨®n de extradici¨®n de Garz¨®n y los juristas de la Canciller¨ªa apoyaron dicha postura.

En junio, Garz¨®n reiter¨® la petici¨®n de detenci¨®n de los militares y plante¨® a la justicia argentina si iba a colaborar o a seguir los pasos de Menem. El ministro Gil Lavedra hab¨ªa reconocido que la Canciller¨ªa argentina retuvo documentaci¨®n enviada por Garz¨®n.

Los ex dictadores argentinos no pueden salir del pa¨ªs, pero, con algunas excepciones, se mueven a sus anchas. En una entrevista con EL PAIS, el constitucionalista Rafael Bielsa resumi¨® la situaci¨®n en estos t¨¦rminos: "Cuanto m¨¢s libres sean los individuos que reclama Garz¨®n, menos libre ser¨¢ el Estado de Derecho argentino".