Respuesta social

La llamada plataforma de consumidores, que agrupa a asociaciones de transportistas, agricultores, pescadores y consumidores, ha decidido enhebrar una serie de protestas p¨²blicas encaminadas a presionar al Gobierno para que intervenga y reduzca los precios de los carburantes, en especial del gas¨®leo, que est¨¢ deteriorando las rentas de esos sectores y del conjunto de los ciudadanos. Las acciones decididas por la plataforma incluyen un boicoteo durante el mes de septiembre a las estaciones de servicio de Repsol, actuaciones locales a partir del d¨ªa 15 y una movilizaci¨®n general en octubre si el Gobierno no accede a bajar los impuestos especiales para el consumo de carburantes en los sectores afectados. El Gobierno se enfrenta a una protesta social seria que exige una respuesta r¨¢pida y convincente para evitar que la situaci¨®n se deteriore a¨²n m¨¢s.Las medidas de presi¨®n decididas por la plataforma merecen una consideraci¨®n variada. La protesta puede estar justificada en la medida en que se trata de mercados en los cuales los agentes -agricultores y transportistas- tienen dificultades para trasladar a los precios finales el aumento del coste de los combustibles. Mucho m¨¢s cuestionable resulta el boicoteo espec¨ªfico a una empresa distribuidora, contra la que no parece haber otro argumento que el hecho de que se trata de la compa?¨ªa con una mayor cuota de mercado.

Ante el alza continua de los precios del petr¨®leo, es el Gobierno el que tiene que dar una respuesta pol¨ªtica a las exigencias de los sectores afectados. Est¨¢ obligado a decidir si baja los impuestos para mitigar el impacto de esta escalada alcista en las rentas de estos sectores o, por el contrario, mantiene la carga tributaria actual. Lo que en ning¨²n caso debe hacer es dar la callada por respuesta, que es la l¨ªnea de conducta adoptada hasta ahora.

Las declaraciones del ministro de Agricultura sugiriendo que el Gobierno impulsar¨¢ medidas compensatorias homologables en todos los pa¨ªses de la UE son insuficientes, por imprecisas e incompletas. El Gobierno est¨¢ obligado a disponer de respuestas pol¨ªticas y econ¨®micas serias para hacer frente a los peores escenarios posibles: por ejemplo, que el precio del crudo se estabilice por encima de los 30 d¨®lares por barril -ayer borde¨® los 34- y se aproxime a los 40. Desafortunamente, no parece asumir esta obligaci¨®n.