El alcalde de Castril declara hoy como imputado en el juzgado de Hu¨¦scar

El alcalde de Castril (Granada), el socialista Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez Romero, ha sido citado a declarar esta ma?ana como imputado en el juzgado de Hu¨¦scar para explicar las razones que llevaron a proponer a su equipo de gobierno la desafecci¨®n de su pueblo como Conjunto Hist¨®rico Art¨ªstico. Fern¨¢ndez fue denunciado ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa por el concejal independiente Jos¨¦ Juan L¨®pez R¨®denas por llevar a cabo unas obras en el entorno del Castillo de Castril que, seg¨²n un informe solicitado por el ministerio p¨²blico, causaron da?os "irreparables" en los restos arqueol¨®gicos medievales.A partir de la denuncia presentada por L¨®pez R¨®denas la Fiscal¨ªa encarg¨® un informe al Servicio de Protecci¨®n a la Naturaleza de la Guardia Civil que certific¨® que las excavaciones ordenadas por el Ayuntamiento, y que carec¨ªan del informe preceptivo de la Comisi¨®n del Patrimonio, hab¨ªan causado destrozos en la zona protegida. Un segundo informe, firmado por el arque¨®logo Antonio Malpica, valor¨® como muy graves los desperfectos ocasionados por la maquinaria pesada utilizada en los trabajos junto al castillo.

El fiscal comprob¨® que el motivo aducido por el Ayuntamiento para iniciar las obras sin los permisos necesarios de la Consejer¨ªa de Cultura es que el pueblo hab¨ªa dejado de ser Conjunto Hist¨®rico Art¨ªstico por decisi¨®n del pleno municipal, un acuerdo que la Fiscal¨ªa considera contraria a la ley.

No obstante, la desafecci¨®n de Castril en noviembre de 1999 como conjunto patrimonial tuvo efectos inmediatos, ya que el Ayuntamiento autoriz¨® todas las obras paralizadas hasta entonces por no disponer del dictamen de la Comisi¨®n del Patrimonio. Entre tales obras se encuentra una emprendida por el propio Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez para ampliar el negocio familiar de hosteler¨ªa y que, pese a las ¨®rdenes de paralizaci¨®n dictadas por la Consejer¨ªade Cultura, ha proseguido.

El fiscal y la Junta de Andaluc¨ªa niegan que la declaraci¨®n de Castril como conjunto patrimonial, iniciada en 1982 pero nunca ultimada, haya caducado. Ambas partes alegan que al ser un expediente anterior a 1985 se rige por una ley de 1933.

El ministerio p¨²blico, que inst¨® la apertura de las diligencias, consign¨® elementos de "resoluci¨®n injusta" en el m¨¦todo empleado por la corporaci¨®n.