Ejecutado por corrupci¨®n un ex vicepresidente del Parlamento chino
China cumpli¨® ayer una sentencia ejemplar con la ejecuci¨®n del m¨¢s alto funcionario del pa¨ªs condenado a muerte en los 50 a?os de r¨¦gimen comunista. El ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular (ANP) Cheng Kejie hab¨ªa sido condenado en agosto por aceptar sobornos por valor de 4,9 millones de d¨®lares (940 millones de pesetas). Su ejecuci¨®n coincide con el desarrollo del mayor juicio por corrupci¨®n celebrado en el pa¨ªs, en el que est¨¢n implicadas m¨¢s de 200 personas.
El Gobierno chino ha emprendido una gran campa?a contra la corrupci¨®n, en la que la ejecuci¨®n de Cheng Kejie, de 66 a?os, ha servido para respaldar la afirmaci¨®n del presidente Jiang Zemin de que los castigos se aplicar¨¢n sin importar el cargo de los acusados. Cheng fue destituido fulminantemente y expulsado del Partido Comunista el pasado mes de abril, despu¨¦s de que una comisi¨®n parlamentaria hallara indicios de culpabilidad en sus actividades p¨²blicas. El ex vicepresidente de la ANP acept¨® la mayor¨ªa de los sobornos cuando era jefe del Gobierno de la provincia de Guangxi (1992-1998), cargo que precedi¨® a su nombramiento para el legislativo en el ¨²ltimo Congreso del Partido Comunista Chino. Cheng se embols¨® los 4,9 millones de d¨®lares en confabulaci¨®n con una amante, Li Ping, de 46 a?os, quien fue condenada a cadena perpetua el pasado 9 de agosto y privada de sus derechos pol¨ªticos y civiles para el resto de su vida. Li escap¨® a la pena de muerte gracias a su colaboraci¨®n con los investigadores, a los que facilit¨® detalles sobre los delitos de Cheng y ayud¨® a recuperar el dinero.
La Fiscal¨ªa Popular Suprema de China ha juzgado a 104 altos funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Comunista durante los primeros ocho meses de este a?o, seg¨²n fuentes oficiales. La mayor¨ªa de los acusados, cuyos juicios todav¨ªa est¨¢n en marcha, lo son por haber aprovechado sus cargos en la Administraci¨®n provincial o nacional para desviar fondos p¨²blicos, encubrir el tr¨¢fico il¨ªcito de bienes o enriquecerse a cambio de otorgar favores. La complejidad de algunos de estos casos, que abarcan varias provincias y chocan con la protecci¨®n de los jueces locales, ha forzado al Gobierno a crear un Centro para la Investigaci¨®n de la Corrupci¨®n, que ser¨¢ operativo antes de finales de a?o y tendr¨¢ poderes especiales.
De los casos actualmente en marcha, el registrado en la ciudad de Xiamen es considerado como "el mayor esc¨¢ndalo de la historia de la Rep¨²blica Popular China", por la implicaci¨®n de cientos de personas en una extensa red de contrabando de veh¨ªculos, caucho, petr¨®leo y otros bienes. Cientos de funcionarios, entre los que se encuentran altos miembros del Partido Comunista, algunos relacionados directamente con el presidente Jiang Zemin, deber¨¢n ir pasando en los pr¨®ximos d¨ªas por los tribunales de primera instancia de las ciudades sure?as de Xiamen, Fuzhou, Quanzhou, Zhangzhou y Putian, acusados de contrabando, malversaci¨®n de fondos y fraude por un valor de 80.000 millones de yuanes (cerca de dos billones de pesetas).
El caso se destap¨® cuando, tras unas investigaciones realizadas el pasado mes de enero en el Grupo Yuanhua, con sede en Xiamen, se descubri¨® que el director general, Lai Changxin, hab¨ªa obtenido un permiso oficial para ayudar a 500 ciudadanos chinos a emigrar a Hong Kong. En el proceso aparecen implicados desde el gobernador provincial hasta la esposa del secretario del Partido Comunista en Pek¨ªn, protegido del presidente chino, Jiang Zemin. El Diario de la Juventud de Pek¨ªn anunci¨® a lo largo de la semana que se esperan al menos 10 sentencias de muerte entre los acusados.
El Gobierno chino anunci¨® hace pocas semanas que, por razones humanitarias, se iba a sustituir paulatinamente la ejecuci¨®n mediante el tiro en la nuca, la m¨¢s aplicada actualmente, por la inyecci¨®n letal.
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