Amnist¨ªa pide a Clinton la abolici¨®n de la pena capital

Amnist¨ªa Internacional pidi¨® ayer al Gobierno norteamericano la abolici¨®n de la pena de muerte y record¨® que el tema ni siquiera ha sido mencionado en la campa?a electoral de las presidenciales. En una conferencia de prensa celebrada en Nueva York, Amnist¨ªa volvi¨® a resaltar que en el 68% de las condenas a muerte de los ¨²ltimos 20 a?os en EE UU se ha producido alg¨²n tipo de error judicial. "La pena de muerte en este pa¨ªs es arbitraria , injusta y racista", dijo ayer Ajamu Baraka, uno de los reponsables de Amnist¨ªa en EE UU. "Pedimos al presidente Clinton que elimine estas ejecuciones y gu¨ªe a su pa¨ªs a una nueva era de justicia y humanidad". Baraka resalt¨® que en los ¨²ltimos 13 a?os, 87 prisioneros salieron del corredor de la muerte despu¨¦s de que se encontraran nuevas pruebas que demostraban su inocencia. "Es una verg¨¹enza que EE UU siga siendo el primer pa¨ªs en ejecutar a menores. Desde 1993 se han producido 17 ejecuciones de este tipo en todo el mundo, 12 de ellas aqu¨ª y el resto en Congo, Ir¨¢n, Nigeria, Pakist¨¢n y Yemen", a?adi¨®.

La pena de muerte no ha aparecido en ning¨²n debate de las presidenciales. Es un tema de amplio consenso en EE UU. "Incluso los m¨¢s liberales dicen que est¨¢n a favor. Es algo que nos deja sin argumentos cuando debemos hablar con los talibanes o los mul¨¢s. Ellos nos ponen enseguida el modelo del ejemplo americano", dijo Ulrich Fischer, representante para Alemania de la Federaci¨®n Internacional de Helsinki, la organizaci¨®n de derechos humanos que copatrocin¨® el comunicado de Amnist¨ªa.

Esta petici¨®n llega una semana despu¨¦s de que se hiciera p¨²blico un informe del Departamento de Justicia de EE UU que revela factores raciales y geogr¨¢ficos en las solicitudes fiscales de pena de muerte por delitos federales (los considerados de especial gravedad para el pa¨ªs). Aunque no ha habido ninguna ejecuci¨®n por delitos federales desde que en 1988 se reinstaur¨® la pena de muerte para estos casos, el estudio revela evidentes desequilibrios judiciales.

Los fiscales de los Estados con mayor n¨²mero de ejecuciones en su territorio, como Tejas, Virginia y Misuri, son tambi¨¦n los que m¨¢s recomiendan la aplicaci¨®n de la pena de muerte por delitos federales.

En 1994, el Congreso ampli¨® los tipos de delitos que merecen esta calificaci¨®n; desde entonces se considera delito federal desde el asesinato de un presidente hasta el tr¨¢fico de drogas a gran escala (castigado con la pena de muerte aunque no haya v¨ªctimas mortales directas), y tambi¨¦n los secuestros o los asaltos a bancos que incluyan asesinatos. De las 682 solicitudes de pena de muerte enviadas al Departamento de Justicia en los ¨²ltimos cinco a?os, el 40% procede de s¨®lo cinco jurisdicciones. Si este componente geogr¨¢fico es perturbador, a¨²n lo es m¨¢s el elemento racial: el 75% de los acusados para quienes los fiscales solicitan penas de muerte pertenecen a alguna minor¨ªa racial. En m¨¢s de la mitad de los casos son afroamericanos.

El Colegio de Abogados envi¨® una carta a Clinton hace unos meses para recomendar una moratoria en la aplicaci¨®n de la pena capital por delitos federales. Aunque Clinton se ha mostrado cauteloso con esa petici¨®n, al menos acept¨® aplazar la ejecuci¨®n de Juan Ra¨²l Garza, que en agosto deb¨ªa haberse convertido en el primer ejecutado por delitos federales en los ¨²ltimos 37 a?os.