La Generalitat da marcha atr¨¢s y espera que el Gobierno no reforme la ley de universidades

Despu¨¦s de a?os exigiendo al Gobierno central la revisi¨®n a fondo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1984, la Generalitat, alarmada por las ¨²ltimas escaramuzas parlamentarias, en las que el PP ha aplicado el rodillo de su mayor¨ªa absoluta sin tener en cuenta a su anterior socio parlamentario, prefiere ahora que el Ejecutivo se olvide de la reforma del marco jur¨ªdico de las universidades. "Si los ¨¢nimos son los mismos que con las matr¨ªculas de los coches, quiz¨¢ sea mejor que esperemos tres o cuatro a?os", dijo ayer el consejero Andreu Mas-Colell.

En el marco de una jornada de trabajo de los consejos sociales de las universidades catalanas que versaba precisamente sobre el futuro de la Universidad y las reformas legislativas, el titular del Departamento de Universidades, Investigaci¨®n y Sociedad de la Informaci¨®n (DURSI), Andreu Mas-Colell, asegur¨® que ha dejado de reclamar la "modificaci¨®n urgente" de la LRU.En su breve pero contundente intervenci¨®n, con la que clausur¨® esta jornada organizada por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Mas-Colell quiso tranquilizar a la audiencia asegurando que "no parece que el Gobierno vaya a emprender la reforma de la LRU hasta la segunda mitad de la legislatura o incluso m¨¢s adelante". Sin embargo, casi en el mismo momento lo desment¨ªa en Madrid el director general de Universidades, del Ministerio de Educaci¨®n y Cultura, Julio Iglesias, al anunciar en el Parlamento, en contra de lo que fuentes del ministerio hab¨ªan asegurado en los ¨²ltimos d¨ªas, que antes de un a?o estar¨¢ listo el borrador de la nueva ley sobre universidades para someterlo al tr¨¢mite parlamentario.

Mayor¨ªa "de mal humor"

Mas-Colell dijo que si el cambio legislativo "se efect¨²a un d¨ªa en que la mayor¨ªa se levanta de mal humor", la reforma de la LRU puede ir en la direcci¨®n de debilitar el papel de los consejos sociales de las universidades. El consejero explic¨® que los consejos sociales tienen prerrogativas que todav¨ªa no han utilizado, y apunt¨® concretamente a la facultad de "afectar a la estructura econ¨®mica del profesorado" bas¨¢ndose en el art¨ªculo 42.6 de la LRU.

En algunos campos del conocimiento, asegur¨® Mas-Colell, los expertos del mundo universitario se van al sector privado, raz¨®n por la que hay que desarrollar estrategias "para mantener el nivel de docencia" mediante compensaciones que puede decidir el consejo social de la universidad.

Enric Argullol, rector de la UPF, se pronunci¨® en un sentido similar, aunque en t¨¦rminos m¨¢s acad¨¦micos. Dijo que es "poco partidario de las grandes reformas" y asegur¨® que siempre es preferible mejorar poco a poco las leyes a cambiarlas radicalmente. En su opini¨®n, el actual modelo universitario espa?ol es "un sistema barroco con graves disfunciones", pero susceptible de mejora a base de "peque?as modificaciones", huyendo siempre de un planteamiento uniformizador. En su origen, la LRU, dijo el rector de la UPF, ya apuntaba un poco en este sentido, pero su puesta en pr¨¢ctica la convirti¨® en uniformizadora.

La jornada comenz¨® con una breve intervenci¨®n de Miquel Roca Junyent en calidad de presidente del Consejo Social de la Universidad Polit¨¦cnica de Catalu?a (UPC). Roca abog¨® por elaborar "un plan de choque" para impulsar la Universidad, especialmente en lo que respecta a investigaci¨®n y desarrollo (I+D). El debate sobre el futuro de la Universidad, a?adi¨®, "es un debate pol¨ªtico y no social", y la autonom¨ªa universitaria "como tal no existe", sino que es "simplemente nominal".

El director de universidades de la Generalitat, Antoni Gir¨®, se refiri¨® al principal problema que se deriva del traspaso de las universidades a las comunidades aut¨®nomas mientras la capacidad legisladora se mantiene en el Gobierno central, y no s¨®lo en la regulaci¨®n de los estudios universitarios. A juicio de Gir¨®, hasta ahora los traspasos han sido "seudotransferencias", ya que mientras que las competencias de financiaci¨®n y de control est¨¢n en manos de las autonom¨ªas, "el Estado se ha reservado la elaboraci¨®n de las normativas". As¨ª, el Ejecutivo central legisla, por ejemplo, "aumentos retributivos cuando quien tiene que pagar es otro". Gir¨® tambi¨¦n destac¨® la necesidad de que el Estado traspase las competencias sobre recursos para la investigaci¨®n.