La Generalitat y los rectores catalanes temen la reforma del PP Prefieren peque?os retoques a que la mayor¨ªa parlamentaria cambie la universidad

Tanto el Ejecutivo aut¨®nomo como los rectores de las universidades catalanas parecen haber perdido todo el inter¨¦s ante la posibilidad de que el Gobierno del PP se decida a abrir la caja de Pandora de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1984. La euforia que despert¨® la presentaci¨®n del exhaustivo Informe Bricall, como referencia para redefinir el modelo universitario, se ha apagado ante la contundencia del modelo de trabajo parlamentario que ha impuesto el PP con su mayor¨ªa absoluta. Los rectores prefieren que se hagan peque?os retoques que no hagan necesario enfrentar la reforma al Pleno del Parlamento.

La VI Jornada de Trabajo de los Consejos Sociales de las Universidades P¨²blicas catalanas, destinada a debatir la futura reforma de la LRU, sirvi¨® la pasada semana para que desde la Generalitat se pidiera al Ejecutivo central que, de momento, abandone esta idea. La consigna entre las universidades catalanas parece ir en direcci¨®n completamente opuesta a la del gran cambio legislativo. Peque?os retoques que no hagan necesario enfrentarse al Pleno del Parlamento. El rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Enric Argullol, se muestra poco partidario de las grandes reformas, pero favorable a las modificaciones: "Si no las hacemos, la sociedad nos las har¨¢ en el sentido de marginarnos", se?ala.El consejero para Universidades, Investigaci¨®n y Sociedad de la Informaci¨®n de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, zanj¨® la cuesti¨®n con una frase clara: "Si los ¨¢nimos son los mismos que con las matr¨ªculas de los coches, quiz¨¢s sea mejor que nos esperemos tres o cuatro a?os". El problema que se plantea ahora la Administraci¨®n catalana es que, mientras que por un lado el Estado central ha transferido las universidades a las comunidades aut¨®nomas, por otro ha mantenido una gran parte del poder de legislaci¨®n sobre las universidades.

"Seudotransferencias"

El director general de Universidades de la Generalitat, Antoni Gir¨®, calific¨® los traspasos de "seudotransferencias", ya que, mientras las competencias de financiaci¨®n y de control est¨¢n en manos de las autonom¨ªas, "el Estado se ha reservado la elaboraci¨®n de las normativas". Tambi¨¦n manifest¨® que "es muy f¨¢cil legislar aumentos retributivos cuando quien ha de pagar es otro". En algunos campos, expertos del mundo universitario se van al sector privado, se?al¨®, por lo que hay que desarrollar estrategias "para mantener el nivel de docencia" mediante compensaciones que puede decidir el consejo social de la universidad, una f¨®rmula que, seg¨²n dijo, "no se ha utilizado hasta ahora, quiz¨¢s por prudencia".Gir¨® insisti¨® en la posibilidad de que el Ejecutivo catal¨¢n introduzca cambios respecto a la promoci¨®n del profesorado. Para ello, explic¨®, est¨¢n previstas dos v¨ªas de acceso a la carrera docente. La v¨ªa acad¨¦mica contemplar¨¢ tres fases. La primera se dedicar¨¢ a la formaci¨®n tanto docente como de investigaci¨®n, mientras el profesor elabora su tesis doctoral. La segunda etapa ser¨ªa aquella en la que el profesor deber¨¢ alcanzar la "suficiencia docente". Para ello, el director de Universidades prev¨¦ que se establezca una evaluaci¨®n en la que se determine si el profesor "se ha de quedar o no en la universidad". Finalmente, en la tercera fase el profesor pasar¨ªa a ser "permanente". Antoni Gir¨® se?al¨® tambi¨¦n que es necesario "abrir las v¨ªas a nuevas figuras de funcionariado y profesores contractuales".

Adem¨¢s, la Generalitat propondr¨¢ una segunda "v¨ªa docente" para que los diplomados puedan impartir clases en las carreras de su especialidad. Hasta ahora esto no pod¨ªa suceder, porque los profesores de estudios superiores deb¨ªan ser doctores, y los diplomados no pueden cursar estudios de doctorado.

Seg¨²n Gir¨®, el sistema de organizaci¨®n de la Universidad de Amsterdam es el modelo de referencia para el futuro de las universidades catalanas. Esta universidad holandesa cuenta con un consejo supervisor nombrado por el Gobierno del Estado, que es el que nombra a su vez al consejo ejecutivo, constituido por el presidente (figura que en Espa?a equivaldr¨ªa al rector) y el vicepresidente de gesti¨®n econ¨®mica.

Estas dos personas son las que eligen al director institucional de investigaci¨®n, al director institucional de departamentos y al director institucional de docencia, que es "quien tiene plena competencia para escoger los profesores que impartir¨¢n las clases", explic¨® Gir¨®, que cree que el modelo "se podr¨ªa aplicar con la actual LRU" y que es un dise?o que permite aumentar la autonom¨ªa de las universidades, aun a costa de reducir el peso del claustro.