El Poder Judicial y la c¨²pula fiscal se oponen a penalizar los disturbios en los plenos municipales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta de Fiscales de Sala coinciden en su oposici¨®n al nuevo delito proyectado por el Gobierno para quienes perturben gravemente el orden en los plenos de las corporaciones locales, sin ser miembro de las mismas, que el Ejecutivo pretende castigar con penas de seis meses a un a?o de c¨¢rcel, dentro de su reforma legal para endurecer la lucha contra el terrorismo. El CGPJ tiene previsto aprobar su informe en el pleno de ma?ana. Por su parte, la Junta de Fiscales de Sala inform¨® ayer la reforma del C¨®digo Penal y de la Ley Penal del Menor.

Tono cr¨ªtico

El delito de perturbaci¨®n grave de los plenos locales, que se propone incorporar al C¨®digo Penal, es uno de los que fueron analizados ayer por la Comisi¨®n de Estudios e Informes del CGPJ, que preside el vocal Enrique Arnaldo. La comisi¨®n proseguir¨¢ hoy el estudio del anteproyecto que, en principio, estaba previsto someter al pleno de ma?ana.Sin embargo, la lentitud con que la comisi¨®n avanz¨® durante las m¨¢s de tres horas que dedic¨® a la discusi¨®n del proyecto de reforma legal hac¨ªa temer anoche que la aprobaci¨®n del informe preceptivo, pero no vinculante, tenga que posponerse.

Adem¨¢s de Arnaldo, se reunieron Rafael Fern¨¢ndez Valverde y Esther Gim¨¦nez Salinas, designados ponentes del informe, y los tambi¨¦n vocales Manuela Carmena y Ram¨®n S¨¢ez.

Los comisionados s¨®lo pudieron analizar ayer la exposici¨®n de motivos del anteproyecto y los primeros preceptos de reforma del C¨®digo Penal, sin tomar acuerdos sobre ninguno.

El tono previsiblemente cr¨ªtico sobre algunos aspectos de la reforma se dej¨® entrever en la primera discusi¨®n sobre la pretendida inclusi¨®n en el C¨®digo Penal del delito que penaliza con de seis meses a un a?o a "quienes, sin ser miembros de la Corporaci¨®n Local, perturben gravemente el orden de sus plenos".Varios vocales razonaron que, a diferencia de las reuniones del Gobierno o del Parlamento, a los plenos municipales suelen asistir muchos ciudadanos, cuya libertad de presencia y participaci¨®n pol¨ªtica -de signo plural- podr¨ªa quedar reducida o afectada por una interpretaci¨®n estricta de la perturbaci¨®n del orden.

En sinton¨ªa con este criterio, la Junta de Fiscales de Sala propuso ayer la supresi¨®n de ese nuevo delito, por estimar que existir¨ªa el riesgo de aplicarlo a perturbaciones del orden ajenas a la violencia terrorista.

El proyecto de reforma de nueve art¨ªculos del C¨®digo Penal para endurecer las penas por delitos de terrorismo suscit¨® un amplio consenso entre la c¨²pula de la carrera fiscal. El propio fiscal general, Jes¨²s Cardenal, hab¨ªa anticipado el pasado mi¨¦rcoles su postura de acuerdo "al cien por cien" con las reformas legales previstas.

Seg¨²n fuentes fiscales, los reunidos, a instancias del jefe de la Inspecci¨®n, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, desaconsejaron incluir el nuevo delito contra quienes perturben gravemente el orden en los plenos de los ayuntamientos. Argumentaron que cabr¨¢ aplicarlo a cualquier pleno en el que haya perturbaciones de orden por motivos que nada tengan que ver con el entorno de ETA.

Los fiscales tambi¨¦n sugirieron que el art¨ªculo 551.2 del C¨®digo Penal, que agrava el delito de atentado contra los miembros de las corporaciones locales, se extienda tambi¨¦n a autoridades tales como los magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Ministerio Fiscal.

La reforma de la Ley Penal del Menor fue mucho m¨¢s debatida. Mart¨ªnez Zato, el fiscal jefe de la Sala de lo Civil, Jes¨²s Bernal, y el fiscal jefe de la Sala de lo Social, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn Casallo, se mostraron contrarios a la creaci¨®n de un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional, por entender que sustraer los hechos al juez de menores del lugar donde se ha cometido el delito vulnera los principios que rigen la ley Penal del Menor.

Justicia proyecta crear el juzgado central de menores de la Audiencia Nacional en plena Gran V¨ªa de Madrid, en el n¨²mero 52, con un coste previsto de 20,4 millones de pesetas.

Los otros 10 integrantes de la Junta apoyaron la reforma de la Ley del Menor. Los fiscales discrepantes argumentaron que la kale borroka ya exist¨ªa hace nueve meses cuando fue aprobada la Ley del Menor y nadie pens¨® entonces en un juzgado central de menores, por lo que modificarla ahora, antes de su entrada en vigor, parec¨ªa obedecer al "desgraciado verano que hemos tenido".

Tambi¨¦n se preguntaron d¨®nde van a estar los centros de rehabilitaci¨®n de menores, puesto que ubicarlos a cientos de kil¨®metros de sus lugares de residencia puede ser contrario a algunas normas internacionales.