Falta clase

Obligados por sus padres, unos cuatro mil ni?os de 14 localidades de Extremadura est¨¢n sin escolarizar desde comienzos de curso, y ninguna de las instituciones implicadas -Gobiernos aut¨®nomo y central, tribunales y Ayuntamientos- parece capaz de atajar una situaci¨®n tan an¨®mala como da?ina para los alumnos, las familias, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto. Las familias plantean una medida de presi¨®n a la Junta de Extremadura para que se construyan institutos en sus localidades y los estudiantes no tengan que desplazarse cada d¨ªa en autob¨²s a otros pueblos a partir de los 12 a?os, desde el comienzo de la educaci¨®n secundaria obligatoria (ESO).La inhibici¨®n de los diversos poderes p¨²blicos est¨¢ creando, de una parte, un precedente en la conculcaci¨®n del derecho a la escolarizaci¨®n y, de otra, una impresi¨®n de estupor y desconcierto sobre la difuminada responsabilidad de las administraciones en estos cruciales asuntos. Mejorar los equipamientos educativos de sus localidades y evitar viajes a sus hijos son los motivos bien respetables de los padres. Pero su decisi¨®n atenta contra el buen sentido, al dejar a sus hijos fuera de clase, e infringe la legalidad, ya que la escolarizaci¨®n entre los 6 y los 16 a?os no es s¨®lo un derecho, sino un deber inexcusable.

La creaci¨®n de los nuevos centros que reivindican obedece, m¨¢s que a la necesidad de plazas escolares, al comprensible inter¨¦s de que los ni?os permanezcan el mayor tiempo posible en sus pueblos. La soluci¨®n exige una financiaci¨®n espec¨ªfica que debe estudiar la Junta de Extremadura, con sus competencias educativas reci¨¦n estrenadas, despu¨¦s de un an¨¢lisis pormenorizado de cada caso. La escolarizaci¨®n de los alumnos en sus propias localidades es una exigencia razonable, pero no debe sobreponerse, con car¨¢cter general, a los requisitos de una educaci¨®n de calidad, para la que resulta imprescindible cierto grado de concentraci¨®n de recursos humanos, econ¨®micos y materiales.