El Supremo declara ilegales las obras de rehabilitaci¨®n del Teatro Romano de Sagunto

Las obras de rehabilitaci¨®n del Teatro Romano de Sagunto son ilegales. As¨ª lo recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que se dio a conocer ayer. En ella, el Supremo desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sagunto contra la sentencia de 1993 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre la aprobaci¨®n del proyecto de restauraci¨®n y rehabilitaci¨®n del teatro. El Consell acogi¨® la sentencia con cautela, ya que, pese a la satisfacci¨®n de ver recogidas las tesis del PP cuando estaba en la oposicion, ahora tendr¨¢ que aplicarlas.

Fin del contencioso

El Tribunal Supremo da la raz¨®n al letrado y ex diputado auton¨®mico del PP, Juan Marco Molines, que demand¨® a la Consejer¨ªa de Cultura, entonces gobernada por los socialistas, por la pol¨¦mica rehabilitaci¨®n del monumento hist¨®rico.La sentencia considera que se puede llegar a la conclusi¨®n de que "la obra de restauraci¨®n y rehabilitaci¨®n del Teatro Romano de Sagunto supone una reconstrucci¨®n del mismo y en algunos casos una simple construcci¨®n de un teatro romano, al ignorarse la forma que los elementos reales ten¨ªan".

No obstante, el Tribunal Supremo afirma tambi¨¦n en la sentencia que "el rechazo de la legalidad del proyecto no supone en modo alguno su desautorizaci¨®n desde el punto de vista estrictamente cultural, art¨ªstico o arquitect¨®nico".

Adem¨¢s, en la sentencia se asegura tambi¨¦n que "nada habr¨ªa que objetar, en principio, a quienes consideran el proyecto como una actuaci¨®n ejemplar que respeta simult¨¢neamente la historia del Teatro Romano y supone un 'admirable empe?o creativo', recupera la presencia urbana del monumento, revaloriza sus ruinas y reanuda su uso tradicional, ahora en condiciones excepcionales de calidad".

El fallo del Tribunal Supremo fija un plazo de dos meses para solicitar la ejecuci¨®n de la sentencia, cuyas condiciones tendr¨¢ que fijar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras consultar con las partes afectadas.