?Ignorancia o mala fe?

La pol¨¦mica que se ha suscitado tras el asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, Luis Portero, no deber¨ªa haberse producido. Y no deber¨ªa haberse producido por dos motivos:1. Porque no es justificable desde ning¨²n punto de vista que dicho fiscal jefe no dispusiera de un servicio de protecci¨®n acorde con el lugar que la Fiscal¨ªa ocupa en el Estado tal como est¨¢ organizada nuestra Constituci¨®n. Con una presi¨®n terrorista como la que se est¨¢ experimentando en estos ¨²ltimos meses y tras tener constancia de que hab¨ªa un comando de ETA operando en nuestra comunidad aut¨®noma, resulta imposible imaginar que la m¨¢xima autoridad fiscal en Andaluc¨ªa careciera de protecci¨®n. Era casi una invitaci¨®n a ETA para que actuara.

2. Porque una vez constatado el error cometido, el delegado del Gobierno, al que se hab¨ªa solicitado protecci¨®n por el fiscal jefe, deber¨ªa haber presentado su dimisi¨®n y, en el supuesto de que no lo hiciera, como efectivamente no lo hizo, deber¨ªa haber sido destituido de manera fulminante por el ministro del Interior.

Si el fiscal jefe hubiera tenido la protecci¨®n exigible y a pesar de ello hubiera sido asesinado, su muerte habr¨ªa sido muy dolorosa, pero no nos quedar¨ªa la impresi¨®n de que pod¨ªa haber sido evitada. Si se hubiera presentado la dimisi¨®n por el delegado del Gobierno o se hubiera acordado su destituci¨®n, no se podr¨ªa devolver con ello la vida a Luis Portero, pero al menos los ciudadanos tendr¨ªamos la satisfacci¨®n de comprobar que los errores se pagan como se tienen que pagar en democracia, pol¨ªticamente.

En lugar de ello, nos hemos encontrado con una pol¨¦mica que sin duda tiene que estar produciendo un notable desasosiego a los ciudadanos. Y que cada vez se va enmara?ando m¨¢s. Y de manera m¨¢s repugnante. La insinuaci¨®n del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, de que la responsabilidad de que el fiscal jefe de Andaluc¨ªa no tuviera la protecci¨®n adecuada era de la Junta de Andaluc¨ªa es de una desverg¨¹enza intolerable.

La Junta de Andaluc¨ªa no tiene competencia alguna en esta materia y si adopt¨® en su d¨ªa la decisi¨®n de proteger al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la comunidad aut¨®noma lo hizo, sin duda, por exceso de celo, podr¨ªamos decir, y con base en una interpretaci¨®n del art¨ªculo 152 de la Constituci¨®n, que afirma que "un Tribunal Superior de Justicia... culminar¨¢ la organizaci¨®n judicial en el ¨¢mbito territorial de la comunidad aut¨®noma". Aunque no estuviera obligado a ello, el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa debi¨® entender que era su obligaci¨®n proteger al presidente de ese ¨®rgano con cobertura constitucional. Pero deducir de ah¨ª que es obligaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa la protecci¨®n del fiscal jefe es un disparate, que s¨®lo se justifica o en t¨¦rminos de ignorancia o en t¨¦rminos de mala fe. ?sa es la posici¨®n en la que con sus palabras en Sevilla se ha situado el fiscal general del Estado.

Otro disparate m¨¢s en este desgraciado incidente. ?Por qu¨¦ no se le pone fin como tiene que pon¨¦rsele?