La divisi¨®n social se acent¨²a en El Ejido

La localidad almeriense mantiene el aislamiento de los inmigrantes mientras se fortifica con refuerzos policiales

El pueblo almeriense de El Ejido es, casi nueve meses despu¨¦s de que fuera escenario de unos disturbios xen¨®fobos que dieron la vuelta al mundo, una poblaci¨®n muy segura -los delitos han disminuido en un 37%, seg¨²n fuentes policiales-, pero m¨¢s fracturada socialmente que antes. El miedo y la hostilidad entre sus habitantes aut¨®ctonos y los inmigrantes se ha acrecentado tras lo ocurrido sin que las diferentes Administraciones afectadas se hayan preocupado por contrarrestarlos con programas de sensibilizaci¨®n. "?Qui¨¦n est¨¢ limpiando las percepciones negativas de antes, durante y despu¨¦s del conflicto suscitado?", se pregunta con pesar Emilio Asensio, el responsable provincial de emigraci¨®n de la central sindical Comisiones Obreras (CC OO).La cascada de actuaciones propuestas en los d¨ªas posteriores a los disturbios para normalizar la convivencia se ha diluido casi por completo, a excepci¨®n de las medidas policiales y el pago de las indemnizaciones acordadas a los afectados por los destrozos que se produjeron. El refuerzo policial constitu¨ªa la gran reivindicaci¨®n del alcalde, Juan Enciso, del Partido Popular, adalid de las posturas vecinales m¨¢s reaccionarias que vinculaban la inseguridad ciudadana con la presencia de los magreb¨ªes.

Enciso, que boicote¨® las cumbres de urgencia relacionadas con el conflicto y se neg¨® a autorizar la instalaci¨®n cerca del n¨²cleo urbano de m¨®dulos prefabricados para realojar a quienes perdieron sus chabolas, sigue obstruyendo las medidas en favor de la integraci¨®n de los norteafricanos, como qued¨® patente en una reciente conferencia de prensa. "Mientras los ejidenses quieran que sea su alcalde, y me quedan todav¨ªa tres a?os m¨¢s, voy a intentar que no se haga ning¨²n bloque de esas viviendas", dijo en alusi¨®n a la edificaci¨®n de casas sociales prevista en el borrador de un decreto de la Junta andaluza. Tampoco concede entrevistas sobre el tema porque, seg¨²n su jefe de prensa, "es una competencia del Gobierno de la naci¨®n y de la Junta de Andaluc¨ªa".

En El Ejido malviven sin techo digno, ocupando chabolas, cortijos ruinosos o transformadores el¨¦ctricos, unos 17.000 inmigrantes, seg¨²n un estudio de la consejer¨ªa andaluza de Obras P¨²blicas. Remediar este d¨¦ficit requerir¨ªa la construcci¨®n de 4.301 alojamientos. La vivienda, uno de los pilares de la integraci¨®n social, centr¨® una de las demandas del preacuerdo que puso fin a la huelga de temporeros agr¨ªcolas despu¨¦s de los sucesos. La respuesta de las Administraciones avanza, sin embargo, a paso cansino. En ocho meses, el Ministerio de Fomento y la Junta se han limitado a negociar el texto del decreto de alojamientos, que prev¨¦ ayudas para viviendas sociales, rehabilitaci¨®n de cortijos y albergues. De momento, no ha salido a la luz.

El preacuerdo tambi¨¦n inclu¨ªa la petici¨®n de una investigaci¨®n "profunda" sobre los incidentes. La Subdelegaci¨®n del Gobierno sostiene que las personas "destacadas en el conflicto" est¨¢n a disposici¨®n de los jueces para dar por finiquitada la intervenci¨®n policial. Parad¨®jicamente, de los 158 personas detenidas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa 92 eran extranjeras y 66 espa?olas. De la investigaci¨®n, no obstante, no ha trascendido nada. "No sabr¨ªa si hablar de negligencia o de desinter¨¦s por averiguar lo sucedido", lamenta ?ngeles Garz¨®n, abogada de SOS Racismo, que interpuso casi 700 denuncias de inmigrantes.

Los disturbios han cambiado algunas percepciones. M¨¢s conscientes de su fuerza como mano de obra, los extranjeros caminan t¨ªmidamente hacia el asociacionismo. A su vez, las organizaciones de agricultores est¨¢n ensayando iniciativas, m¨¢s bienintencionadas que de alcance, para alojar en albergues a los peones que contratan y se han quejado del proceso de regularizaci¨®n en la provincia con similar ¨ªmpetu al de los inmigrantes, aunque por otras razones.

Hasta octubre, el Gobierno hab¨ªa rechazado en Almer¨ªa casi 8.000 peticiones de regularizaci¨®n, que representan el 19% de todas las denegadas en el conjunto estatal. Sumados a los regularizados que han abandonado la zona por miedo o deseo de mejorar sus expectativas laborales -el convenio del campo es de los m¨¢s bajos del pa¨ªs (618 pesetas la hora)-, dejan a los invernaderos sin temporeros suficientes.

A juicio de Almer¨ªa Acoge, la flexibilidad prometida por el Ejecutivo para quienes perdieron su documentaci¨®n en los disturbios se ha ido evaporando conforme avanzaba el proceso. "M¨¢s que generosidad, ha habido dureza al valorar las pruebas", alega su presidente, Antonio Puertas.

El caso de Meziane el Habib, de 23 a?os de edad, es ilustrativo. En la noche del 5 de febrero se refugi¨® en el monte despu¨¦s de que decenas de vecinos incendiasen algunas de las chabolas donde malviv¨ªa. Pero aquella madrugada a¨²n perdi¨® m¨¢s cosas. En el saqueo de la sede de la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas ardi¨® parte de su documentaci¨®n. Con todo, Meziane conserva avales incuestionables que acreditan su estancia en Espa?a antes del 1 de junio de 1999: una denuncia judicial contra dos polic¨ªas locales de El Ejido por agresiones y el informe del hospital en el que le atendieron con la mand¨ªbula rota. Sin embargo, el Gobierno le ha negado finalmente la regularizaci¨®n de su situaci¨®n en el pa¨ªs.