El Gobierno navarro propone notables recortes a la presencia del euskera en la Administraci¨®n

El Gobierno de Navarra, en manos de UPN, ha desvelado algunas de las claves de la reforma ling¨¹¨ªstica que impulsa para acotar el uso del euskera en la administraci¨®n p¨²blica y en las relaciones de ¨¦sta con sus ciudadanos. Aunque todav¨ªa es un simple borrador que espera el preceptivo dictamen del Consejo de Navarra, la reforma ha comenzado a levantar ampollas entre los sindicatos de la propia Administraci¨®n foral, los partidos nacionalistas y las asociaciones que promueven la normalizaci¨®n del uso de la lengua vasca en la comunidad foral.

Acceso al trabajo

Fue la pasada primavera cuando el presidente de Navarra y de UPN, Miguel Sanz, prometi¨® ante el Parlamento foral una nueva regulaci¨®n del uso de la lengua vasca para adecuarla a la "realidad socioling¨¹¨ªstica" de Navarra. Fue tambi¨¦n su respuesta a la demanda de la oposici¨®n socialista, espoleada por las cr¨ªticas de UGT, que viene insistiendo desde hace algunos a?os en la "discriminaci¨®n" de los castellanoparlantes a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo en la funci¨®n p¨²blica foral.Esas demandas unidas a la presi¨®n contraria de los grupos promotores del euskera, que presentaron al Ejecutivo 48.000 firmas exigiendo la extensi¨®n de la cooficialidad del euskera a toda Navarra, indujeron a Sanz a desarrollar, en sentido diametralmente opuesto, un borrador de decreto que pretende recortar la presencia y el uso de la lingua navarrorum en los ¨¢mbitos p¨²blicos.

El nuevo decreto, llamado a sustituir al vigente, aprobado en 1994, reitera que el castellano es la lengua oficial de la comunidad foral y reconoce al vascuence el car¨¢cter de cooficial en la zona vasc¨®fona, ubicada en el tercio norte geogr¨¢fico.

El legislador, pese a reconocer el derecho de los ciudadanos a usar el euskera en sus relaciones con la Administraci¨®n p¨²blica, rebaja esos derechos y, por ejemplo, ha sustituido el "requisito espec¨ªfico" que la normativa otorgaba al conocimiento del vascuence para acceder a ciertas plazas por su "conocimiento preceptivo" para incluirlo en el ¨¢mbito de los principios de m¨¦rito y capacidad.

Si antes se "garantizaba" que en la zona mixta (que abarca Pamplona y su comarca) habr¨ªa trabajadores p¨²blicos para atender en euskera, ahora s¨®lo se habla de "posibilitar" ese servicio y se introduce la coletilla del "progresivo" cumplimiento de la Ley del Euskera, de 1986, al instar a las administraciones de esa zona a que dispongan de personal vascohablante.

Con todo, son las modificaciones que afectan a la Navarra vascoparlante, con un 57,6% de los habitantes biling¨¹e, las m¨¢s llamativas de la regulaci¨®n que pretende UPN. El borrador de decreto hace expresa alusi¨®n al derecho de los ciudadanos que residen en ese ¨¢rea "a no ser discriminados por razones de lengua". La reforma propone que los impresos internos y las comunicaciones con la ciudadan¨ªa sean s¨®lo en castellano o biling¨¹es (s¨®lo cuando el interesado lo quiera expresamente en euskera), y anula por tanto la exigencia actual de incluir ambas lenguas. Los impresos y formularios de la zona mixta, en la que se integra m¨¢s del 50% de la poblaci¨®n navarra, ser¨¢n s¨®lo en castellano o biling¨¹es, y siempre en unidades separadas.

Asimismo establece que los r¨®tulos de oficinas y sedes p¨²blicas est¨¦n s¨®lo en castellano (desaparece la forma biling¨¹e) y que los avisos, publicaciones y anuncios en medios de comunicaci¨®n ser¨¢n s¨®lo en castellano.

El decreto se?ala que las administraciones deber¨¢n indicar qu¨¦ puestos deben tener un conocimiento "preceptivo" del euskera y en qu¨¦ grado de dominio con lo que deja de ser requisito. Adem¨¢s, se crea un circuito de movilidad interna limitada para los trabajadores que accedan a la funci¨®n p¨²blica en plazas con conocimiento de euskera. El decreto dice que estas personas s¨®lo podr¨¢n participar despu¨¦s en la provisi¨®n de vacantes para las que el conocimiento del vascuence sea igualmente preceptivo. De esta forma, UPN elimina el l¨ªmite de cinco a?os a partir del cual estos trabajadores pod¨ªan acceder a cualquier vacante sin l¨ªmites geogr¨¢ficos.El decreto contiene otras muchas modificaciones. Una de las m¨¢s significativas limita la obligatoriedad de tener unidades oficiales de traducci¨®n que garanticen la comunicaci¨®n biling¨¹e con los ciudadanos a los servicios centrales de la Diputaci¨®n y a los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes; el ¨²nico es Bara?¨¢in. En el resto, esa unidad ser¨¢ potestativa del ente o municipio.