EE UU 'versus' Tribunal Penal Internacional

En estos ¨²ltimos meses, una serie de casos de diversa notoriedad p¨²blica vuelven a poner sobre la mesa un tema recurrente: la acuciante necesidad de una forma efectiva de justicia internacional, de la cual el Tribunal Penal de La Haya para la ex Yugoslavia no es m¨¢s que un anticipo fragmentario para un caso espec¨ªfico, mientras que la necesidad se?alada abarca, con car¨¢cter permanente, a toda la comunidad internacional.Una vez m¨¢s, el caso de otro caracterizado criminal, el ex militar peruano Vladimiro Montesinos, hasta hace bien poco asesor y fact¨®tum del presidente Fujimori, jefe de sus servicios secretos y presunto responsable de muy graves casos de asesinato y torturas, vuelve a evidenciar la misma necesidad. As¨ª lo ha expresado uno de los m¨¢s destacados opositores al r¨¦gimen de Fujimori, el jurista peruano Diego Garc¨ªa-Say¨¢n, quien se?alaba la extrema dificultad de juzgar a Montesinos en su pa¨ªs: "Per¨² no es Chile. El poder judicial chileno tiene mayores m¨¢rgenes que el de nuestro pa¨ªs. Aqu¨ª, el poder judicial y Montesinos son socios de la misma banda". Y conclu¨ªa en estos t¨¦rminos: "El tema Montesinos es m¨¢s de la justicia internacional que de la justicia peruana".

Recordemos que, semanas atr¨¢s, otro presunto delincuente, el ex mayor argentino Jorge Olivera, reclamado por la justicia francesa como coautor del secuestro y desaparici¨®n de una ciudadana de aquel pa¨ªs, consegu¨ªa de las autoridades italianas, que lo manten¨ªan detenido en Roma, una orden de libertad mediante la presentaci¨®n por sus abogados de un documento falsificado. Este hecho fraudulento fue objeto de la correspondiente denuncia, pero el presunto delincuente pudo llegar a salvo a su pa¨ªs, cubierto por la eficaz protecci¨®n de las leyes de obediencia debida y punto final. Ello le permiti¨®, nada m¨¢s llegar a Buenos Aires, proclamar c¨ªnicamente que en la dictadura de las Juntas "no hubo represi¨®n militar".

Actualmente, como ya es sabido, la justicia espa?ola y las organizaciones defensoras de los derechos humanos tratan de conseguir la extradici¨®n de otro presunto criminal acusado de grav¨ªsimos delitos, el ex capit¨¢n de corbeta argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en M¨¦xico por orden del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de nuestra Audiencia Nacional, cuya solicitud de extradici¨®n -reforzada por nuevos casos y testimonios- fue remitida en su momento por el Gobierno espa?ol al mexicano, hall¨¢ndose hoy en fase de tramitaci¨®n.

Estos y otros episodios, as¨ª como aquellos nuevos casos que sin duda ir¨¢n emergiendo en el futuro, nos conducen, una vez m¨¢s, a una conclusi¨®n insoslayable: la perentoria necesidad del esperado Tribunal Penal Internacional (TPI). Tribunal capaz de conocer y juzgar, con la debida eficacia, aquellos delitos situados en la categor¨ªa de cr¨ªmenes contra la humanidad, y cuyos autores, por unas u otras razones -siempre derivadas de los potentes mecanismos de la impunidad local-, no llegan a ser juzgados en su respectivo pa¨ªs. Un creciente n¨²mero de pa¨ªses, ya superior a 20 -incluida Espa?a-, han suscrito y ratificado el Tratado de Roma de 1998 que establece el citado tribunal; pero a¨²n estamos lejos de la cifra de 60 Estados Parte que, como m¨ªnimo, han de ratificarlo para que pueda ser constituido y puesto en funcionamiento operativo.

En ese ineludible camino -el de la plena operatividad futura del TPI- se interpone, entre otros, un importante obst¨¢culo: la actitud de los Estados Unidos frente a dicho futuro tribunal. El muy conocido senador Jesse Helms, presidente desde hace d¨¦cadas de la poderosa Comisi¨®n de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano, se ha mostrado tan claro como rotundo al respecto: "We must slay this monster", titulaba, sin andarse por las ramas, su dura proclama en el londinense Financial Times: "Tenemos que aniquilar ese monstruo. Votar en contra del TPI no es suficiente. Los Estados Unidos deber¨ªan acabar con ¨¦l".

Tras este largo y apocal¨ªptico t¨ªtulo ven¨ªa la no menos devastadora argumentaci¨®n. En sus puntos fundamentales, he aqu¨ª la posici¨®n de Helms: los Estados Unidos, muy acertadamente, han negado su voto al Tratado del TPI, pero eso no basta en absoluto: es preciso actuar en¨¦rgicamente contra ¨¦l. Para empezar, Helms responde al dilema que formul¨® el ministro de Exteriores canadiense, Lloyd Axworthy, quien se?al¨® que la cuesti¨®n consiste en saber si los EE UU tratar¨¢n al TPI "con benigna negligencia" -fingiendo ignorarlo- o si emprender¨¢n "una oposici¨®n agresiva". La respuesta de Helms es inequ¨ªvoca: "Tenemos que oponernos agresivamente porque, incluso si los EE UU nunca se unen al TPI, el Tratado de Roma acarrear¨¢ graves consecuencias para la pol¨ªtica exterior estadounidense".

A continuaci¨®n se?alaba el riesgo que considera intolerable para los intereses de su pa¨ªs: si un ciudadano norteamericano, militar o no, es acusado de cierto tipo de delitos supuestamente cometidos en alguno de los Estados Parte del Tratado, ese ciudadano, seg¨²n el Estatuto del TPI, podr¨ªa ser capturado por ese Estado o por cualquier otro de los Estados Parte y puesto a disposici¨®n de dicho Tribunal. Y esto podr¨ªa ocurrir, muy especialmente, por actuaciones derivadas de la seguridad nacional de los EE UU. "Mientras yo siga respirando", dice Helms, "los Estados Unidos nunca permitir¨¢n -y repito, nunca- que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Penal Internacional".

El patri¨®tico senador rechaza con todas sus fuerzas -que no son pocas- cualquier jurisdic-ci¨®n internacional que hurte a cualquier soldado o ciudadano norteamericano de su, a su juicio, ¨²nica jurisdicci¨®n posible: la de los tribunales de su propio pa¨ªs. En este sentido manifiesta: "El TPI declara que el pueblo americano est¨¢ sometido a su jurisdicci¨®n, sin que importe lo que diga el Gobierno de los EE UU. Los delegados en Roma incluyeron un tipo de 'jurisdicci¨®n universal' en el Estatuto del TPI, lo que significa que, incluso si los EE UU nunca firman el Tratado, o si el Senado reh¨²sa ratificarlo, los pa¨ªses participantes de tal Tratado seguir¨¢n sosteniendo que los soldados y ciudadanos norteamericanos est¨¢n bajo la jurisdicci¨®n del TPI. Esto es un ultraje, y tendr¨¢ graves consecuencias en nuestras relaciones con cada pa¨ªs que firme y ratifique este Tratado".

En otras palabras: estos planteamientos significan el rechazo frontal del principio b¨¢sico, el concepto filos¨®fico central, el n¨²cleo mismo de lo que ha de ser un Tribunal Penal Internacional. Se rechaza ese ideal por el cual un pa¨ªs civilizado renuncia voluntariamente a una parte de su soberan¨ªa, aceptando que otros pa¨ªses puedan capturar a aquellos de sus ciudadanos, presuntos autores de graves delitos contra la humanidad, para ponerlos a disposici¨®n de una jurisdicci¨®n de ¨¢mbito universal. Se rechaza esa manifestaci¨®n de convivencia, civilizaci¨®n y responsabilidad compartida que significa renunciar voluntariamente a esa parcela de soberan¨ªa en aras de un bien superior, que habr¨¢ de beneficiar a la humanidad entera, al suprimir la repugnante impunidad de tantos criminales y genocidas, intocables para la justicia gracias a las grandes limitaciones y condicionamientos de la jurisdicci¨®n territorial. Con descarada prepotencia y flagrante desprecio al resto de la humanidad, se rechaza ese concepto m¨¢s amplio de justicia extraterritorial, esa posici¨®n digna, inteligente y solidaria, mediante el cual cada Estado Parte del TPI asume ese doble compromiso: el de capturar, llegado el caso, a criminales de otros pa¨ªses para entregarlos a esa jurisdicci¨®n universal, y, en justa reciprocidad, el asumir que ciudadanos propios de conducta criminal puedan ser a su vez, en ciertos casos, capturados por otros pa¨ªses, para ser entregados a esa misma jurisdicci¨®n superior.

Igualmente, Helms se?alaba el ataque frontal que, seg¨²n ¨¦l, el Tratado de Roma significa para la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que ninguno de "los cinco grandes" con derecho de veto podr¨ªa ejercer tal derecho contra decisiones del TPI. Seg¨²n el Tratado, los Estados Unidos no pueden vetar un caso del que conozca el TPI, y Helms ve en ello "una masiva disoluci¨®n de la autoridad del Consejo de Seguridad".

En consecuencia, Helms declaraba su firme prop¨®sito de hacer cuanto estuviera en su mano para que los EE UU nunca voten en el Consejo de Seguridad a favor del env¨ªo por la ONU de ning¨²n caso al TPI, ni presten a ¨¦ste ning¨²n tipo de apoyo jur¨ªdico ni financiero, ni extraditen jam¨¢s a nadie para su entrega a dicho Tribunal, ni le remitan jam¨¢s un solo caso de ning¨²n tipo. Y, sobre todo, expresaba su prop¨®sito principal: que los EE UU no permitan que soldados norteamericanos participen en operaciones de la OTAN, ni de la ONU, ni en misiones internacionales de paz, sin haber llegado previamente a un acuerdo con todos sus aliados de la OTAN y de la ONU en el sentido de garantizar que ning¨²n soldado estadounidense estar¨¢ nunca sometido a la jurisdicci¨®n del Tribunal Penal Internacional.

Conclu¨ªa Helms su alegato en los siguientes t¨¦rminos: "El TPI es una amenaza para los intereses de los EE UU. No podemos tratarlo con la 'benigna negligencia' que espera el se?or Asworthy". Para terminar, recordaba la frase final de un delegado holand¨¦s: "No dir¨¦ que hemos creado un monstruo, pero la criatura tiene algunos defectos". Contradiciendo esta conclusi¨®n, Helms sacaba la suya propia: "Est¨¢ equivocado. El TPI es de hecho un monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devor¨¢ndonos".

M¨¢s claro, imposible. Es obvio que la posici¨®n oficial del Gobierno de los EE UU no tiene por qu¨¦ coincidir exactamente con la expresada por el senador Helms. Pero habida cuenta de la enorme influencia que ¨¦ste ejerce en la citada C¨¢mara Alta al frente de una de sus comisiones m¨¢s determinantes, y dado el desmesurado peso que dentro de dicha C¨¢mara mantiene tradicionalmente el poderoso grupo de senadores del ala dura -los conocidos halcones- del Partido Republicano, cabe prever grandes resistencias, y no pocos obst¨¢culos, en el funcionamiento operativo del futuro TPI, al menos durante sus primeras etapas de rodaje y fortalecimiento gradual. Y nos tememos que as¨ª seguir¨¢ siendo hasta que los EE UU lleguen a asumir institucionalmente que, pese a su puesto de liderazgo mundial, hay responsabilidades y exigencias que ata?en a la humanidad entera, y que ninguna superpotencia, ni siquiera la number one, debe quedar por encima de esta exigencia general.

Prudencio Garc¨ªa es investigador del INACS y consultor internacional de la ONU y de otros organismos. garciamm@iies.es